Durante el fin de semana, el ministro Eyzaguirre ratificó el compromiso del Gobierno con la promesa presidencial de exigir la reinscripción de militantes de partidos políticos. Dicha obligación está contemplada en el artículo segundo transitorio del Proyecto de ley sobre Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia (Boletín Nº 9790-07) y se constituye como un requisito para que los partidos políticos puedan acceder al financiamiento público que el mismo proyecto establece.
Sin embargo, en opinión de la Fundación Ciudadano Inteligente, la actual redacción del proyecto no responde al espíritu de la propuesta del Consejo Presidencial para la Transparencia y Probidad que fue acogida por la Presidenta Bachelet. En efecto, en el proyecto en discusión –y en atención a las indicaciones presentadas por el Ejecutivo– se exige la reinscripción en al menos tres regiones contiguas de un número de militantes equivalente al 0,25% del electorado que hubiere sufragado en la última elección de diputados en cada región, cifra que no podrá ser inferior a quinientas personas. Además, de acuerdo con las referidas indicaciones, se entenderán como reinscritos aquellos afiliados que participen en la siguiente elección interna del partido político. Por último, se establece que los afiliados que no se reinscriban por alguno de los dos mecanismos señalados, serán eliminados del Registro de Afiliados.
[cita] Además, se abre la puerta a que buena parte de dicha reinscripción se produzca mediante la participación de los militantes en las próximas elecciones internas. Dicha posibilidad no tiene en cuenta que son, justamente, las elecciones internas donde se observa con mayor claridad la situación a la que la propuesta quiere hacer frente: evitar que sectores importantes del padrón electoral de los partidos sean controlados por caudillos internos. [/cita]
De lo dicho se desprende que no se exige la reinscripción de “todos los militantes de los partidos políticos existentes” como propone el informe del Consejo, sino que solo de un número limitado de afiliados. Además, se abre la puerta a que buena parte de dicha reinscripción se produzca mediante la participación de los militantes en las próximas elecciones internas. Dicha posibilidad no tiene en cuenta que son, justamente, las elecciones internas donde se observa con mayor claridad la situación a la que la propuesta quiere hacer frente: evitar que sectores importantes del padrón electoral de los partidos sean controlados por caudillos internos. Si se permite que los registros sean renovados mediante la participación en las elecciones es pretender resolver la enfermedad a través de uno de sus síntomas y no apunta a una solución de fondo, ya que en dichas elecciones participará el mismo padrón de electores que es controlado –en algunos casos– por los referidos caudillos. De esa forma, la solución propuesta reproduce el problema, no lo resuelve.
Como Fundación, proponemos que se dé cumplimiento literal a la propuesta del Consejo y se exija la reinscripción de todos los militantes mediante un proceso llevado a cabo exclusivamente para dicho efecto. Además, proponemos que dicho proceso se realice dentro de un plazo determinado y que vencido el mismo se elimine a los afiliados que no hayan concurrido a su reinscripción, de esta forma se cumplirá con el objetivo de contar con padrones confiables y transparentes.
