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Cristián Riquelme, la G-90 y los 'jaleros' del poder

por 17 febrero 2016

Cristián Riquelme, la G-90 y los 'jaleros' del poder
La noticia es que empresas ligadas al administrador de La Moneda facturaron más de 417 millones de pesos al fisco, lo que se suma a los 570 millones en propiedades originalmente omitidos en su declaración de patrimonio y a su cuestionado rol en el Caso Caval. Pero detrás está la historia de una generación, la G-90, que se convirtió en la nueva burguesía fiscal.

Un ex presidente socialista, que fue clave en la renovación de la colectividad, que ayudó a fundar el PPD pero que al momento del quiebre se quedó en el PS, percibió tempranamente que sus escuelas de formación política –auspiciadas por Lagos, Bitar, Vidal y Cía.– se habían transformado a mediados de los 90 más bien en cursos de capacitación donde se formaban los futuros jefes de gabinete de alguien. Ese fue el espacio donde estos muchachos hicieron su primera militancia, desprendidos ya del ethos del cambio social de los 60 o de la lucha contra la dictadura de los 80.

Riquelme es otro de esos personajes del Estado con los cuales estamos ya familiarizados en provincias desde que los parlamentarios destruyeron a sus partidos.

Es el pillo de provincia que como intendente presiona a sus seremis para orientar las licitaciones en un determinado sentido o que vota contra su comunidad, como acaba de ocurrir en O’Higgins, voto que resultó decisivo para instalar una nueva chanchera en la región pese a la oposición de toda la comuna; es el Seremi que se cambia de partido sin problemas y siempre siguiendo la orientación del parlamentario que lo puso; es el chico listo que rápidamente se compra una casa millonaria y que luego hace que sus arreglos, jardines e, incluso, inauguración, sean con cargo al presupuesto fiscal; es la gobernadora que con dinero público le amplía el jardín a su hermana o el gobernador que cobra el 25% por proyecto asignado; incluso el presidente del PS que es a la vez Core y funcionario gubernamental y que recibe un sueldo millonario por no fiscalizar al Gobierno, función para la que fue elegido.

Son los chicos disciplinados que escuchan y obedecen sin preguntar ni hacer objeciones. Casi todos formados en universidades de segunda, que jamás han escrito un paper ni se hicieron conocidos por defender alguna tesis política.

Por el contrario, en esas escuelas de formación, que pretendían llenar el vacío que dejó la destrucción de las colectividades políticas para copar con gente afín los cargos intermedios del Estado, aprendieron rápidamente de sus mentores que el fisco era un muy buen espacio para alcanzar una mejor vida. No solo por el sueldo que podían alcanzar –muy superior a cualquier otro que pudiesen lograr en el mundo privado, dada su experticia–, sino también, y esto era lo más prometedor, por la posibilidad de adjudicarse contratos millonarios con palos blancos entremedio. Entonces, se pusieron como locos a formar empresas de papel con nombres pomposos, pero al fin y al cabo bastante flaites, como Harold’s & Johns Business and Law, Greentec, Socoar o Spa. Total, el nombre daba lo mismo.

Y es que estos muchachos, respecto del Estado, son más totalitarios que el mismísimo Stalin: perciben, con mucho tino que, dado su nivel de competencias, así como una arraigada cultura transversal del pituto, es imposible tener éxito en otra parte. De allí su apego al papá fisco de esta sensata, astuta y provinciana pequeña burguesía.

Hace casi exactamente dos años habían alcanzado la cúspide de la gloria, saltando en un breve lapso desde el núcleo duro y anónimo de la campaña a puestos de primera responsabilidad en el Estado.

Bachelet, entre las dos opciones que tuvo para conformar su primer gabinete –uno de coalición y otro personalista–, optó por la segunda para comprometer al máximo la realización de las reformas ofrecidas pero, al mismo tiempo, asegurándose que, en caso de dificultades, pudiera desprenderse fácilmente del mismo sin pagar mayores costos.

Era la nueva burguesía fiscal, cuya postal representaba bastante bien la G-90, alma de la nueva generación de políticos que alcanzaba el poder y que, como lo dijimos anteriormente, “le encantaba vivir cerca del Presupuesto y lejos del frío” de la sociedad civil. Pasaron, en apenas una década, de estafetas, chaperones, damas de compañía, confidentes, hombres del maletín y “yes men”, a senadores, diputados, ministros, subsecretarios, intendentes y gobernadores.

Ocupaban, ahora puestos clave y relevantes en el Estado. Fue entonces cuando cambiaron de look, de amigos y, a veces, también de sastre. Sebastián Dávalos –identificado por edad y ethos pero no por simpatías con este grupo– obviaba las críticas por su designación y se defendía cuestionando lo chaqueteros que somos los chilenos. Por entonces, declaraba a revista Capital que “lo mío tiene mucho más de vocación y menos de ambición personal…”.

Con posterioridad, cerrarían su proceso de toma del poder al interior de la coalición instalándole algún jefe de gabinete a uno que otro despistado ministro, un intendente o gobernador afín y a cuanto Seremi y Jefe de Servicio les aguantaron.

Como sabemos, lo suyo no eran los papers ni las tesis sobresalientes al estilo Raúl Ampuero, Eugenio González o Ricardo Lagos, que les permitieran, como había sido costumbre en la izquierda chilena, lograr el reconocimiento de la elite progre, condición sine qua non para hacer luego una flamante carrera política. Lo suyo era más tangible y real: perfeccionar la tecnología del poder de Bitar, Vidal, Escalona, Letelier y otros, aprendida en piezas oscuras y elecciones internas donde ágilmente asimilaron de sus líderes que la democracia era una metáfora para ilusos, un juguete para el sesudo análisis en facultades universitarias de unos frustrados teóricos sin ningún acierto concreto. Constituyeron, entonces, cofradías con ritos de iniciación, pactos de sangre o de silencio, tal cual como sucedió con la G-90.

A su vez, también conocimos rápidamente a sus soldados, que ocupaban puestos intermedios, pues nos informaban en sus Facebook sobre sus actividades de finde: estadías en centros vacacionales, viajes al exterior y asistencia a megaeventos. A diferencia de las viejas generaciones de militantes que desde jóvenes hicieron trabajo social los fines de semana o en verano, costumbre que luego continuaron rutinariamente en el Estado, este nuevo grupo social no cargaba con ese lastre y esa loca vida. Ellos, por ningún motivo harían el servicio militar ni menos le dedicarían su vida a la revolución. Lo suyo era el buen pasar: bastaban un buen padrino y mucho dinero.

La fama es efímera... el encanto del poder permanente

Enseguida el hechizo del poder esfumó cualquier crítica y persuadió tempranamente a no pocos ex líderes concertacionistas –la vieja guardia– sobre las bondades de Los Pistoleros, y su jefe. Ellos también podían elevarse, ahora, a la condición de estadista. El entusiasmo alcanzó hasta a algún analista que no solo repitió las virtudes y el don de mando de los nuevos dirigentes sino que además se convenció de sus atributos intelectuales y académicos. Es la época en que algunos elevan a Peñailillo a la condición de presidenciable y no son pocos los que simpatizan con su origen provinciano, pese a las tempranas advertencias respecto del doble juego de la nueva burguesía fiscal.

Es que el poder es una droga dura y sus jaleros siempre resultan ser adictos reincidentes.

Y aunque en enero de 2015 creyeron estar en la cúspide definitiva –el Ejecutivo había cerrado muy bien un complejo 2014: aprobación de la reforma tributaria, de la ley de Inclusión y del fin del binominal y el hundimiento de la derecha a través de Penta–, cuyo broche era una Presidenta que, después de seis meses con una caída sostenida, volvía repuntar, aproximándose al umbral del 50% de popularidad, y se aprestaron entonces a destapar espumante antes de tomar vacaciones, lo cierto es que la administración y, junto con ella, la nueva burguesía, venían presentando serias fallas estructurales.

Para empezar, ya en octubre de 2014, el partner de Peñailillo en la precampaña, Giorgio Martelli, dijo –como presintiendo lo que se le venía encima– que “uno de los aportes que se deben hacer en la política es no tener pudor con el dinero, lo que es un estigma de la centroizquierda”. Y remató señalando que “si el aporte es transparente, las empresas no van a colaborar”. Había estallado Penta y una boleta iba directo a SQM y el diputado José Antonio Kast tempranamente apostó al empate: “Es una situación transversal que afecta a todos los partidos políticos y no corresponde que se apunte a un solo sector”.

En rigor, también, una parte significativa de la dirigencia histórica oficialista era consciente de la rotura de cañerías –ya no había programas estrellas como Chile Crece Contigo y con espasmo se constataba cómo Mideplan estaba sumido en el más absoluto abandono–.

La fatiga de material se observaba en los cuadros de gobierno a todo nivel y su manifestación gráfica eran, por ejemplo, los desaguisados en los nombramientos en distintos niveles de la administración. La cartilla de requisitos exigibles que repartió en intendencias el efusivo subsecretario Aleuy no la cumplían ni sus propios muchachos y tuvo como corolario que intendentes, gobernadores y jefes de servicio alcanzaran una fama efímera por sus causas judiciales, sus fichas de protección social y sus dudosos atributos profesionales y éticos.

Ello se prolonga hasta hoy, con lo sucedido a la renunciada asesora de prensa de la Segegob; la frustrada celebración del subsecretario Faúndez con dirigentes vecinales en un carísimo hotel capitalino que el ministro Barraza pudo detener a tiempo, antes que se transformara en otro bochorno de fin de año; la controvertida salida del Director del Injuv; las declaraciones de la subsecretaria Vodanovic en el contexto del paro de los funcionarios de la Aeronáutica Civil o las permanentes declaraciones del dúo Dávalos-Compagnon, seguidas siempre por la sinfonía de fondo de su ex jefa de gabinete, Erika Silva, quien siempre parece querer competirles en superar su propio récord de desatinos comunicacionales; la permanencia en sus cargos del subsecretario Frey y del jefe de Estadio Seguro –el extraño señor Roa, cuñado del ex ministro Elizalde– después del bochorno de la final del fútbol. El broche de oro es ahora Cristián Riquelme y sus contratos con el fisco.

Es que estos muchachos, respecto del Estado, son más totalitarios que el mismísimo Stalin: perciben, con mucho tino que, dado su nivel de competencias, así como una arraigada cultura transversal del pituto, es imposible tener éxito en otra parte. De allí su apego al papá fisco de esta sensata, astuta y provinciana pequeña burguesía.

No obstante, la dirigencia prefirió brindar antes de partir de vacaciones, haciendo caso omiso de los nubarrones que amenazaban el prometedor cielo azul de la Nueva Mayoría, tras lo cual un sol resplandeciente anunciaría el inicio de una nueva era de justicia e igualdad. Entonces, antes de vaciarse las copas, llegó el 6 de febrero y Caval. El viernes negro de la nueva burguesía.

El desplome

Ya sabemos cómo se precipitaron los hechos y cómo Caval hizo añicos no solo la popularidad hasta entonces incombustible de la Mandataria sino que también echó a pique el discurso gubernamental sobre la justicia y la igualdad. En apenas un mes su aprobación llegó al mínimo conocido y más del 80% de los chilenos no creyó sus palabras cuando señaló que “se había enterado por la prensa” de la incómoda situación que afectó a su hijo y a su nuera. El caso, además, quebró al grupo hegemónico en el Estado y se hicieron cada vez más explícitas las diferencias entre Dávalos y Peñailillo, al punto que la permanencia del primero en La Moneda se hizo insostenible, renunciando el viernes siguiente a su cargo ad honórem.

Pero Caval no sería el último tiro de gracia a este ascendente equipo: vendría luego una arista de SQM que, por más que Peñailillo intentó detener a tiempo, le estalló en la cara.

Luego de múltiples rumores y de un fallido plazo –las famosas 72 horas– en mayo de 2015 la Presidenta decidió hacer una cirugía mayor a su elenco y dejó caer al equipo que la acompañó durante la campaña. Una nota de La Tercera de fines de mayo sintetizará muy bien el descalabro de aquella generación: “Ahora nos apuntan con el dedo y nos tratan como delincuentes por esto que hoy llaman precampaña. Como si no fuera lo mismo que se hacía antes. Nosotros nacimos como sector viéndolos hacer sus precampañas”.

Se inicia su debacle y es precisamente Burgos, un viejo rival, quien comienza el ajuste de cuentas con ellos sacando a varios asesores de La Moneda. Luego, les llegará el turno a otros: Harold Correa abandona el Mineduc y Adolfo Galindo deja de ser el jefe de gabinete de la ministra de Minería y, junto a Gabriel Sepúlveda, son castigados en puestos de menor relevancia en la misma cartera; Nicolás Cruz, también es despedido de Cultura y solo sobreviven en sus cargos Juan Eduardo Faúndez; el cuestionado Riquelme, quien –según el diputado Castro– se mantiene en La Moneda solo “porque sabe cosas”; Carlos Henríquez, de la Agencia de Calidad; José Guerra y Carolina Cucumides, esta última gobernadora de Colchagua.

Fue en torno a esas fechas que sus miembros empezaron a acusar ser objeto de “persecución”, de “desprecio y distancia” en el oficialismo. Fueron aquella soledad y sensación de abandono las razones que motivaron el inicio de la búsqueda de nuevos padrinos en el PPD.

Y fue de este modo que los mismos motivos por los que accedieron a la cúspide del Estado –“constituyeron entonces cofradías desde las cuales tendieron redes, formaron empresas (en especial de asesorías y gestión de servicios subsidiados) y comenzaron a buscar acercamientos y alianzas con el mundo empresarial tradicional, especialmente el que depende de actividades con fuerte regulación pública”– resultaron ser irónicamente los que, después, provocaron su desplome.

Nunca digas lo que piensas a alguien que no sea de la familia

Si bien la nueva burguesía fiscal era transversal y heterogénea, no cabe duda que la G-90, fue su blasón. Los Pistoleros o la Generación del Maletín, como desdeñosamente los llamaban en el PPD, comenzaron en off a hacer circular rumores sobre la Presidenta por su traición a Peñailillo y amenazaron con ajustes de cuentas si seguía la persecución. Aunque en público y como acostumbran, continuaron comprometiendo su más estricta lealtad y reafirmando su pacto de silencio con ella, no así con el resto Gobierno.

Tal silencio, sospechoso o cómplice, posibilitó la difusión de los más inverosímiles rumores: que era el símbolo de su lealtad a la Presidenta, según algunos; una amenaza velada y permanente sobre Bachelet, para otros. La frase que bien puede reafirmar esa explicación está en la respuesta que ofreció a Sabas Chahuán el propio Peñailillo, quien –como si se tratara de un diálogo extraído de El Padrino– respondió de esta manera cuando fue consultado sobre si sus viajes a Nueva York eran para reunirse con Bachelet: “A sugerencia de mi abogado no voy a contestar esa pregunta”. En tal sentido la estrategia del silencio resulta ser nada más que una velada táctica –una espada de Damocles– sobre La Moneda, con el fin de mantener a raya a sus adversarios en el Ejecutivo y, a la vez, mantener algún nivel de presencia en el Estado.

Aunque tal diseño tiene un pero: está todo tan revuelto que, por más acuerdo para no formalizar a Peñailillo, lo cierto es que la situación insostenible de Longueira hará que la UDI pida sangre por sangre: ¿será el ex hombre fuerte el cordero que ofrecerá La Moneda para saciar la sed gremialista y Riquelme el siervo sacrificado para calmar el descontento oficialista? No lo sabemos.

Por ahora, la preocupación mayor de la G-90 sigue siendo cómo zafar del lío judicial en que están sumergidos su líder y algunos de sus miembros, para reaparecer en gloria y majestad como adalides del candidato del orden Ricardo Lagos, después de haber encarnado el espíritu reformista. Como lo dijo ya alguien: “Se irán con Lagos, luego de haber sido las sanguijuelas de Bachelet”. O tal como lo señaló el diputado Castro: “Ellos traicionaron la confianza que les dio la Presidenta y terminaron siendo una banda de trepadores, que querían tener el control del Estado y en algunos casos incluso con una recaudación de dinero poco clara”.

Pero tampoco hay que crucificarlos: estos chicos son lo que los dirigentes de la transición hicieron de ellos.

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