El 30 de diciembre dejaré la Dirección de la Escuela de Ciencia Política de la UDP, retornando a mi estatus de profesor de jornada completa en ella. ¿La razón? A inicios de diciembre, un ex ayudante presentó una denuncia en mi contra por “apropiación indebida de propiedad intelectual y eventual plagio”. El caso responde a un artículo de libro no académico de 13 páginas publicado en el Perú, que firmé bajo mi autoría. Ese texto reproduce párrafos íntegros de dos publicaciones anteriores coautoreadas junto a este ayudante.
El Comité de Ética llegó a la convicción de que hubo un “aprovechamiento indebido de materiales de investigación”. El dilema que se planteaba era si debía prevalecer una interpretación legal o una ética, que no siempre van de la mano. Desde el punto de vista legal, el hecho de coautorear una obra inmediatamente nos transforma en copartícipes de ella en igualdad de condiciones (50/50). Por lo tanto, de acuerdo a la ley vigente no importa si uno de los autores participó de dicha creación más o menos sustantivamente. No se distingue la intensidad de la participación de cada coautor en el proceso de creación.
En mi caso, presenté evidencia ante el Comité respecto a que desde el origen de las publicaciones ejercí una mentoría y liderazgo intelectual sobre estos trabajos y que materialmente había escrito un porcentaje importante de la segunda publicación –que sirvió de base para la tercera–. En todo momento sentí que actuaba de buena fe al reconocer el trabajo anterior (al referenciar el trabajo anterior coautoreado), y al querer enmendar eventuales omisiones involuntarias que siempre estuve dispuesto a realizar.
[cita tipo= «destaque»]¿Cómo definimos el tipo de involucramiento que deben tener nuestros ayudantes de investigación en el proceso de creación de una obra intelectual? ¿Cómo se define al “creador” de una idea y al ejecutor de ella? ¿Cuándo y bajo qué circunstancias establecemos una coautoría? Finalmente, ¿qué tipo de estándares éticos nos regulan como comunidad, los estrictamente legales o los ético-morales, o ambos?[/cita]
El caso abrió en mí una profunda reflexión que me interesa compartir, pues involucra a toda la comunidad científica. Primero, ¿cómo definimos el tipo de involucramiento que deben tener nuestros ayudantes de investigación en el proceso de creación de una obra intelectual? ¿Cómo se define al “creador” de una idea y al ejecutor de ella? ¿Cuándo y bajo qué circunstancias establecemos una coautoría? Finalmente, ¿qué tipo de estándares éticos nos regulan como comunidad, los estrictamente legales o los ético-morales, o ambos?
Al enfrentar similares conflictos de propiedad intelectual, en otros países se ha avanzado en el establecimiento de protocolos de deberes y derechos de los ayudantes de investigación; además, se han establecido normas en las publicaciones para definir la autoría de cada segmento de una publicación. Finalmente, se han modificado las normas de propiedad intelectual que –al menos en el caso de Chile– no permiten diferenciar intensidades de participación en la creación de una obra.
Como profesores creo que debemos contribuir a la formación ética de nuestros estudiantes y, por lo mismo, resulta vital que como académicos fortalezcamos aquellas instancias. Es esta la razón por la que decidí no apelar a la sanción que se me estableció –la inhabilidad en mi cargo, una multa a mi salario y comprometerme a realizar gestiones con el editor de la publicación para adecuadamente referenciar el trabajo anterior–. Espero que este y otros casos ayuden a establecer políticas más específicas vinculadas a la producción académica y a permitir un debate amplio sobre la forma en que se produce conocimiento en las ciencias sociales.
