Cataluña: una semana “de miedo” - El Mostrador

Martes, 12 de diciembre de 2017 Actualizado a las 19:08

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Cataluña: una semana "de miedo"

por 26 septiembre, 2017

Cataluña: una semana
Cada día será largo, un enigma. La población en Cataluña está alerta en la “trama final” hacia la representación de un referéndum. El 20 de septiembre hubo una “sinopsis” imprevista. Los actores del drama enseñaron el conflicto. Todo pinta dramático, días que conmoverán el mundo catalán, quizás al español cada día más lejos. El pronóstico es reservado, puede acabar en tragedia o en comedia o podría darse la paradoja de que, no consumándose el referéndum, el independentismo salga potencialmente favorecido.

Octubre

Es domingo, a una semana del 1 de octubre, fecha determinada por el gobierno catalán para hacer un referéndum por la independencia de Cataluña del Estado español. Así como en 20 días podían suceder muchas cosas inimaginables, decía, en 7 días pueden ocurrir otras tantas.

La sociedad catalana vivirá la última semana de septiembre con la incertidumbre “hasta el cuello”. En la mente octubre, un mes que evoca “los 10 días que conmovieron al mundo” hace cien años. En este caso, el 1 de octubre, “un día dramático”, pase lo que pase, por el solo hecho de que nadie se atreva a decir lo que pueda pasar, aunque cada uno en su intimidad imagine escenas de todo tipo, seguro, conmovedoras.

Escenificación en Rambla de Cataluña

Una “sinopsis” de lo que podría ser el próximo domingo se exhibió en las calles del centro de Barcelona –Rambla de Cataluña– cuando, en las primeras horas del miércoles pasado, grupos de policías de la Guardia Civil ocuparon la sede de la consejería de Economía, después de detener, uno a uno, a 14 miembros del núcleo organizador del referéndum que ha trabajado, con sigilo, bajo la dirección del vicepresidente del gobierno catalán.

Simultáneamente, otros comandos del cuerpo policial español procedieron a realizar otros 40 allanamientos, entre estos, a las sedes de otras tres consejerías (ministerios) y dependencias de instituciones del gobierno catalán. A 45 kilómetros de Barcelona, en Bigues i Riells, un pueblo de 9 mil habitantes, más efectivos de la Guardia Civil irrumpían en una imprenta donde incautaron 9 millones de papeletas destinadas a llenar las urnas (aún no encontradas) el 1 de octubre y detuvieron a su propietario.

Asimismo, otro grupo ingresaba al Centro de Telecomunicaciones y Tecnología en busca del servidor informático imprescindible para el día de la votación. El día anterior, la misma policía, había requisado, a 28 kilómetros de Barcelona, 55 mil cartas con citaciones a presidentes y vocales de 6 mil mesas electorales.

A 10 días del referéndum, las detenciones, allanamientos e incautación de materiales electorales aceleraba el espacio mediático y las redes sociales. En minutos, la sede de la consejería de Economía, en pleno registro policial, se convirtió en el centro de una manifestación de más de 15 horas que llegó a reunir a decenas de miles de personas: 40.000, según la Guardia Urbana.

La ola de indignación ante el allanamiento de las instituciones catalanas se mantuvo en una tensión en que hubo momentos expresivos y de indignación, manteniendo el carácter no violento de las movilizaciones y no exentos de instantes difíciles, como cuando la policía catalana se vio en aprietos en la labor de crear espacio para la salida de una funcionaria judicial de la consejería y, entrada la noche, los policías españoles sintieron el asedio y decidieron postergar su salida hasta la siete de la mañana del día siguiente.

La impronunciable violencia

“Nos van a obligar a donde no queremos llegar”, había dicho el presidente español Mariano Rajoy, y el presidente catalán, Carles Puigdemont, le respondió: “Lo siento, España, Cataluña va a votar su independencia os guste o no”.  Ambas declaraciones revelan un estado de ánimo de desafío y beligerancia. La “sinopsis” vivida podría ser una anticipación del escenario de la calle del día 1, cuando la gente concurra a los lugares de votación.

A la firme determinación de los presidentes se añadirán los actores principales del próximo domingo –la policía y la gente– que se encontrarán en un campo donde es muy probable el enfrentamiento: la fuerza y la violencia, una situación que periodistas, dirigentes y voceros de gobiernos, partidos o entidades sociales prefieren no tocar, aunque es dable pensar que suban las probabilidades de que ello suceda.

“No habrá referéndum”; “votaremos”. ¿Cómo se resuelve esa contradicción? Un diálogo ya es imposible. Nadie piensa que ambas partes puedan renunciar a algo para hablarse antes del día mítico. Se esfuerzan por mantener un equilibrio o proporcionalidad en la acción y reacción de uno y otros. La fuerza del independentismo es la manifestación no violenta y la del gobierno de España una ley aplicada sin desbordes represivos que vulneren los derechos de las personas.

En la “sinopsis” del día 20 el gobierno ha quedado tocado por la manera abusiva de aplicar la ley, tanto contra las personas detenidas como con las instituciones del gobierno catalán; en cambio, los independentistas han superado la situación con autodisciplina, expresividad y espíritu de fraternidad, con vocación de mayoría, que son “mucho más que dos”.

Los gobiernos enfrentados

El gobierno español dispone de barcos-cruceros en los puertos de Barcelona y Tarragona donde alojarán cerca de 6.000 efectivos policiales, que se sumarán al contingente permanente de la Guardia Civil y Policía Nacional en Cataluña. Por su parte, a través de la Fiscalía intenta forzar a la policía catalana a integrarse a una coordinadora de los cuerpos policiales bajo el mando único de un coronel de la Guardia Civil. Uno de los puntos de conflicto que deberá resolverse en las próximas horas.

La asonada policial ha cambiado el cuadro político, agudizándolo. La sociedad catalana percibe que el gobierno español se ha extralimitado y se propone ya no solo impedir el referéndum sino también arrebatarle importantes cuotas de autogobierno. De hecho, ha tomado el control de sus finanzas, se empeña en subordinar a la policía autonómica, y los procesos judiciales, ya abiertos contra la presidenta y miembros de la mesa del Parlamento, centenares de alcaldes y altos funcionarios de gobierno, cercan la capacidad de maniobra del presidente y sus consejeros.

El gobierno catalán mantiene vivo el referéndum, a pesar –como lo ha reconocido– de que ya no podrá ser como el que había organizado antes de los operativos del 20 de septiembre, y trabaja activamente su plan B, que se propone que millones de catalanes salgan de sus casas a votar con una papeleta en la mano para depositarla en urnas. Algo que el gobierno español ya ha dicho que no va a consentir.

La democracia degradada en toda España

La asonada policial ha cambiado el cuadro político, agudizándolo. La sociedad catalana percibe que el gobierno español se ha extralimitado y se propone ya no solo impedir el referéndum sino también arrebatarle importantes cuotas de autogobierno. De hecho, ha tomado el control de sus finanzas, se empeña en subordinar a la policía autonómica, y los procesos judiciales, ya abiertos contra la presidenta y miembros de la mesa del Parlamento, centenares de alcaldes y altos funcionarios de gobierno, cercan la capacidad de maniobra del presidente y sus consejeros.

España comienza a inquietarse, la solidaridad emerge en Madrid, Zaragoza, Vitoria, Sevilla, Santiago de Compostela. Unidos Podemos toma una iniciativa que reúne a 10 partidos de la oposición en una Asamblea parlamentaria para enfrentar la política de Rajoy hacia Cataluña. El gobierno vasco se distancia del español y se aparta de la negociación de los presupuestos de 2018

En Cataluña,  la alcaldía de Barcelona estrecha lazos con la Generalitat, y su alcaldesa, líder de la izquierda no independentista –Cataluña en Común– se une al independentismo en la protesta contra los detenidos del día 29 (ahora en libertad con citación judicial), en defensa de las libertades, el autogobierno y las instituciones catalanas amenazadas por la represión judicial y policial.

Por su parte, el gobierno de España cuenta con el apoyo del Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos (su socio parlamentario): la reaparición de la “gran coalición” (PP-PSOE-Cs) para desbaratar el referéndum.

Las incógnitas se despejarán durante el día. Dependerá del tipo de enfrentamiento y qué consecuencias humanas y políticas produzca. El 1 de octubre nada acabará y el día siguiente nada será igual. La contienda entre el Estado español y el independentismo catalán continuará en otra fase, por conocer.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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