La institución deberá obtener que Argentina no extradite a Francia al general (R) Hernán Ramírez Pineda, detenido actualmente en Buenos Aires, cuando el presidente Ernesto Kischner ha recién firmado un decreto que permitirá a la Justicia acoger los pedidos de extradición de los tribunales extranjeros a violadores de derechos humanos.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió -después de trascurridos casi 30 años- hacerse parte en el juicio por la desaparición de 14 colaboradores del ex presidente Salvador Allende desde La Moneda, ocurrida el 11 de septiembre de 1973. La causa es sustanciada por el juez con dedicación exclusiva del Quinto Juzgado del Crimen de Santiago, Juan Carlos Urrutuia.
La decisión se tomó anoche -por unanimidad- en la tradicional sesión de los martes, comentó a El Mostrador.cl uno de los consejeros, luego de la exposición del abogado Helmut Griot, respaldada por Víctor Hugo Rojas.
Pese a que el CDE había desechado hacerse parte en este proceso el pasado 11 de agosto, el tema nuevamente quedó agregado en la tabla de ayer. De acuerdo a fuentes consultadas por este medio, el asunto generó alguna polémica al interior del «pleno», debido a la cercanía de la conmemoración de los 30 años de golpe militar. Sin embargo, primaron los criterios jurídicos, siguiendose el mismo patrón de otros casos de violaciones a los derechos humanos tramitados en tribunales.
El proceso en el cual el CDE dirigirá la acción penal contra agentes del Estado es tramitado por el juez Urrutia, quien ha sometido a proceso a nueve personas, entre ellas el general (r) Hernán Ramírez Pineda, el ex brigadier Pedro Espinoza, el coronel (R) Servando Maureira, el mayor (R) Jorge Herrera y los suboficiales (R) Teobaldo Mendoza, Eliseo Cornejo, Bernardo Soto, Juan de la Cruz Riquelme y Jorge Gamboa.
Entre las víctimas, llevadas del regimiento Tacna al fuerte Justo Arteaga Cuevas en Peldehue, donde fueron fusilados y posteriormente sus cuerpos lanzados al mar, se encuentran Jaime Barrios Meza, Daniel Escobar Cruz, Enrique Huerta Corvalán, Claudio Jimeno Grendi, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Moreno Pulgar, Arsenio Poupin Oissel, Julio Tapia Martínez, Oscar Valladares Caroca, Juan Vargas Contreras y George Klein Pipper. Es por el caso de este último que la justicia francesa pidió a su par argentina la detención de Ramírez Pineda, encarcelado en Buenos Aires desde septiembre de 2002.
<b<Nuevo contexto político<b<
Pero la situación del general (r)Ramírez no es el único problema para el CDE. También lo es el nuevo contexto político judicial argentino, donde el presidente Ernesto Kichner ha recientemente dictado un decreto que permite a la Justicia de ese país acoger los pedidos de extradición de tribunales extranjeros.
De hecho el juez argentino Jorge Urso, quien tramita el proceso contra Ramírez Pineda, evacuó un informe donde señala que el ex militar de 78 años sería enviado a Chile, a raíz del pedido de extradición presentado por Chile. Sin embargo, Kichner no lo ha firmado, lo que implicaría que podría ser enviado a Francia a enfrentar un juicio y una eventual condena.
Para el CDE el asunto es complejo. Traer de regreso a Chile a Ramírez Pineda abriría la posibilidad de establecer la verticalidad del mando al momento del Golpe Militar y lograr dilucidar uno de los episodios más secretos de la historia del Golpe, como también, eventualmente, el destino de algunos cuerpos.
Al mismo proceso se encuentra acumulado un segundo, por la remoción de los cuerpos de los fusilados de La Moneda, ocurrida el 23 de diciembre de 1978. Se trata de los ex militares Eliseo Cornejo Escobedo; José Canario Santibáñez; Luis Fuenzalida Rojas; Darío Gutiérrez y Hernán Canales. Todos encausados en calidad de autores.
El patrocinio y poder del CDE sería presentado en los próximos días por uno de sus procuradores, como es tradición.
