Según la propuesta preliminar del Gobierno, en las modificaciones a la Ley 19.300 se dejarán fuera cuatro puntos: las normas del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), la ley de residuos, el rol ambiental que deben cumplir los municipios y las competencias ambientales de los distintos servicios.
Los ministerios que trabajan en la reforma determinaron que si bien hay temas que son importantes de cambiar, algunos no se incluirán en las modificaciones a la Ley de Bases del Medio Ambiente, pues plantean la necesidad de regulaciones que exceden el ámbito de la legislación ambiental.
No se incorporarán cuatro puntos: las normas del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), la ley de residuos, el rol ambiental que deben cumplir los municipios y las competencias ambientales que deben tener los distintos servicios.
Del Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) se asegura que su existencia legal está en "suspenso", producto de una indefinición en materia forestal, vinculada a la postergada ley de Bosque Nativo en trámite en el Congreso. El documento precisa que "se hace imprescindible avanzar en la definición de la institucionalidad forestal y apurar la vigencia del SNASPE".
La esperada "ley de la basura" es otra de las áreas que, según el informe, no se incluirán en la reforma pues requiere de una legislación específica que la regule. Esto no dejará contentos a sectores ecologistas que sostienen que decisiones políticas autorizan la entrada en operaciones de proyectos -como el vertedero Santa Marta de Talagante-, lo que implica que no se penaliza efectivamente a los privados en caso de que se detecten irregularidades.
El documento afirma que la legislación en esta materia descansa en normativas sanitarias y del SEIA, por lo que "ese marco ha demostrado ser insuficiente para una adecuada gestión de los residuos, como lo ha probado la experiencia de la Región Metropolitana. En tal sentido se hace necesario analizar la pertinencia de una ley marco que regule en forma íntegra la situación de los residuos".
En las modificaciones tampoco se abordará el rol ambiental de los municipios, organismos más cercanos a la comunidad. Se establece que "las competencias ambientales de éstos no son muy claras, y carecen de instrumentos adecuados de coordinación para hacerles frente… una discusión sobre cómo mejorar la institucionalidad ambiental necesariamente debe incluir la discusión acerca del rol de los municipios y de las reformas a la Ley Orgánica Constitucional correspondiente".
En la reforma tampoco se incluirá la normativa de los organismos sectoriales con competencias ambientales. "La opción de dejar vigente las regulaciones ambientales sectoriales y las atribuciones de los servicios en esas materias, genera, en muchos casos, superposición de atribuciones y, en otros, materias que no tienen una regulación clara".
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