Resolución ministerial acorta período de funcionamiento de los taxis ejecutivos y crea registro nacional. Sólo un 35 por ciento de los vehículos en actual funcionamiento cumple con los nuevos requerimientos. Compañías temen masivo cierre de pequeñas empresas o bien la proliferación de un nuevo mercado al margen de la ley.
Drásticas restricciones comenzará a aplicar la subsecretaría de Transportes a los taxis ejecutivos de la capital. Esto, luego que la autoridad publicara en el Diario Oficial una resolución que, entre otros puntos, obliga a los empresarios del rubro a sacar del mercado a los automóviles que cumplan cuatro años de antigüedad, independientemente del estado en que se encuentren.
Los vehículos "deberán prestar el servicio de taxi ejecutivo sólo hasta el 31 de diciembre del año en que cumplan 4 años de antigüedad", sostiene la resolución, publicada el 16 de diciembre.
En el Gobierno se reconoce que la medida busca desincentivar el ingreso de nuevos actores al mercado e incluso eliminar a buena parte de los que trabajan actualmente. De aplicarse esta disposición, el efecto en el mercado sería considerable ya que, de acuerdo a las estimaciones del sector afectado, sólo un 35 por ciento de los cerca de cuatro mil taxis de colores que circulan actualmente por la ciudad cumple con los requerimientos de la resolución.
Esta disminución de la oferta, prevén los empresarios, provocará un aumento de los precios del servicio, los que podrían subir un 30 por ciento. Adicionalmente, se estima que alrededor de tres mil personas quedarán sin trabajo.
Los efectos previstos a raíz esta determinación no terminan allí, ya que algunas voces del sector sostienen que lo que en realidad pretende esta medida es reducir a su mínima expresión un mercado en expansión o, en el peor de los casos, eliminarlo del todo.
Los porqué de las restricciones
El origen de las restricciones gubernamentales guarda relación con que los taxis ejecutivos no forman parte de las prioridades de la autoridad para la reforma al transporte terrestre que se está llevando a cabo. Ésta, uno de los planes estrella del Presidente Lagos, tiene entre sus prioridades desincentivar el uso de los automóviles particulares, subiendo la calidad del transporte público de la capital.
El ministerio ha privilegiado los medios de locomoción masivos, como el Metro y los nuevos microbuses que funcionarán con el plan Transantiago. A estos servicios se sumarán otros no masivos, como los taxicolectivos licitados, que complementarán a los primeros, pero sin sustituirlos, como ocurre hoy en día en muchos casos.
Los demás servicios de transporte urbano, como los taxis básicos y los taxis ejecutivos, no están dentro de las prioridades del Ejecutivo y, a juicio de la autoridad, su uso debe ser controlado. Esto ya ocurre con el parque de taxis negro y amarillo, actualmente congelado, pero no sucedía lo mismo con los taxis ejecutivos, que hasta ahora operaban en libertad.
Para remediar esta situación, la subsecretaría de Transportes decretó, a través de la seremi del ramo, que sólo podrán ofrecer el servicio de taxi ejecutivo los vehículos inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros. Fue junto a esta medida regulatoria que se dispuso la restricción de años ya mencionada.
Fuentes de Gobierno confirman que la medida de la subsecretaría está en concordancia con las prioridades para el transporte capitalino y que con la resolución se pretende, además, mantener a raya un mercado que hasta ahora funcionaba sin regulación y que ofrecía un servicio de transporte público disfrazado de privado. Vale decir, con las ventajas de los taxis públicos pero sin pagar IVA como éstos. Aunque en el ministerio se comenta que este no fue un factor relevante a considerar para adoptar la medida (implica para el Estado una pérdida aun no calculada), sí se concede que se analizó también esta variable.
Escepticismo frente a los resultados
Con mayor o menor grado de escepticismo han recibido las empresas de taxis ejecutivos la resolución de la autoridad. El motivo de este escepticismo es que si sólo un 35 por ciento de las compañías cumple con los requerimientos de la resolución, deberá salir de circulación un número considerable de automóviles, lo que hará quebrar a las empresas más pequeñas del sector, que agrupan la mayor cantidad de vehículos antiguos.
La raíz del escepticismo del sector radica en que las compañías más pequeñas, antes de quebrar, preferirán seguir operando al margen de la ley, confiando en la escasa capacidad de fiscalización de la autoridad en la materia.
Luis Mackay, de Andes Pacífico, una de las empresas más grandes del sector, sostiene que "como está el mercado actualmente, con la competencia que hay hoy en día, los taxis ejecutivos tendrían que ser el servicio más caro que existe en el mundo para poder sobrevivir".
Por ello, considera que la medida de Transportes no es aplicable y que corre el riesgo de quedar en sólo palabras. "La única forma de trabajar va a ser como transporte privado de pasajeros, va a haber una explosión de automóviles con iniciación como transporte privado de pasajeros. Dada las circunstancias, lo único que se va a poder hacer es pretender que la norma no existe", afirmó.
Una opinión diferente tiene Juan Matamala, gerente general de taxis Flash, la otra gran empresa del sector con 300 vehículos. El representante de esta compañía sostuvo que las exigencias internas de la empresa son similares a las impuestas por Transportes, por lo que no se verán afectados directamente por la resolución.
El problema, sostuvo Matamala, es al contrario. Planteó que al tener mayores exigencias técnicas, enfrentan una competencia de baja calidad entre los mismos taxis ejecutivos de más años. Por ello manifestó su esperanza de que esta medida prospere. Sin embargo, al consultar a la subsecretaría por esta resolución le respondieron que esto "todavía no iba a empezar a andar".
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