De acuerdo a un artículo del National Post, el año 1980 Fernando Arduengo declaró ante oficiales de Inmigración haber participado en cerca de 18 a 20 operaciones, de las cuales diez concluyeron con la muerte de los prisioneros.
La periodista y escritora Patricia Verdugo estuvo en Toronto a mediados de la década del ’90 y se entrevistó tanto con la abogada Barbara Jackman como con diversas autoridades canadienses para solicitar que los ex agentes fuesen deportados para declarar y ayudar a esclarecer los hechos que rodearon la muerte de su padre y otros casos de violaciones a los DDHH. Entonces Verdugo regresó a Chile convencida de que Arduengo y San Martín serían deportados en febrero de 1996. Sin embargo, y por razones que se desconocen, 26 años después las órdenes de deportación no se han concretado, el caso vive en un constante estado de revisión por parte de la justicia y del Ministerio de Inmigración y la pareja ha hecho su vida en torno a permisos ministeriales.
De acuerdo al artículo del National Post, el año 1980 Fernando Arduengo declaró ante oficiales de Inmigración haber participado en cerca de 18 a 20 operaciones, de las cuales diez concluyeron con la muerte de los prisioneros. El periódico señala que más tarde el ex represor reconsideró su declaración manifestando que ese desenlace habría ocurrido en sólo dos ocasiones. También constata que Arduengo -quien además habría reconocido la infiltración de grupos de juventudes de iglesias durante la dictadura- declaró haber presenciado interrogatorios a víctimas a las cuales -señaló- se les colgaba de sus manos y se les ponían cigarrillos encendidos en sus cuerpos.
El diario canadiense informa que en su testimonio el ex agente revela que una práctica común era tener algún familiar presente cuando se les torturaba. En una ocasión -dice el artículo-, Arduengo dijo haber visto como un niño, de tan sólo un año de edad, era obligado a presenciar la tortura de su padre. Desde 1978 la comunidad chilena, entonces vinculada a la Toronto Chilean Society -que agrupó a las organizaciones políticas de izquierda durante el exilio-, realizó distintas gestiones ante los ministros de Inmigración de los gobiernos de Pierre Trudeau y de Joe Clark, solicitando infructuosamente que estos fuesen deportados a Chile para ser procesados.
El mítico "pacto secreto con el MIR"
El ex vocero del MIR en Canadá, Carlos Torres Palma, desmintió categóricamente las afirmaciones hechas por Patricia Verdugo en "Bucarest 187", cuando señala que el MIR en Toronto hizo una especie de pacto secreto para proteger a los ex agentes a cambio de información.
El 5 de octubre de 2000 Torres le envió una dura carta a Verdugo solicitando que ésta aclarara una serie de antecedentes publicados en el libro que le han provocado serios perjuicios y que incluso lo han expuesto a amenazas tanto en Chile como en Canadá. La misiva, dice Torres, nunca recibió respuesta y los hechos tampoco fueron precisados.
Torres recuerda que en el libro la escritora cita a "un tal Torres, como dirigente del MIR en Toronto, aludiendo mi supuesto involucramiento en la protección a cambio de información de quienes participaron en la muerte de su padre" y formula una serie de afirmaciones citando como fuente supuestos "contactos en Toronto". En la carta destaca la alusión que la periodista hace a "supuestos tratos entre el MIR y los ex agentes de la Dicar, ocurrido en el año 1986".
"Las observaciones que usted hace en Bucarest 187, los pasajes referidos a Canadá, están plagados de errores, tanto en fechas como en las referencias a la participación de algunas personas y de organizaciones. Por su tono e implicancias son una afrenta a la causa de la justicia y la defensa de los derechos humanos pues no tan sólo sus premisas son falsas sino que también sus conclusiones", senala parte del extenso texto enviado en el 2000 a Verdugo.
En la carta agrega que "es una aberración, por decir lo menos, que se mencione mi nombre y por extensión el del MIR coludido con los Arduengo-San Martín. Es posible que usted tampoco lo sepa, pero así como el MIR nunca disparó contra gente desarmada, tampoco ha justificado, defendido ni ha protegido a asesinos, sean estos civiles o de uniforme".
En conversación con El Mostrador. cl, Carlos Torres precisó que al asumir la vocería del MIR en Canadá entre 1982 y 1983, heredó información respecto de consultas que a fines de los años 70 hizo Barbara Jackman a miembros de las direcciones políticas del Partido Socialista, del Partido Comunista y del MIR en Canadá para ver la factibilidad de asumir o no el caso. Si bien se desconoce qué postura ha tenido el PS al respecto, a través de Jorge Insunza, miembro del Comité Central, el PC ha negado haber participado en esas conversaciones, según consta en el mismo «Bucarest 187».
Torres Palma, quien viaja a Chile la próxima semana a participar de las actividades conmemorativas de los 30 años de la muerte de Miguel Enríquez, sostiene que de esas consultas -a personas que hoy están en Chile- se concluyó que en ese momento (1978) el país no presentaba condiciones políticas ni garantías para devolver, ni menos para juzgar, a quienes se habían declarado desertores. La recomendación a la abogada Jackman fue que asumiera el caso y así también poder constatar la certeza de la identidad y rol que habían jugado los Arduengo-San Martin.
"Impero la lógica de que si tenían información y estaban dispuestos a entregarla, era conveniente que permanecieran acá hasta establecer qué nivel de participación habían tenido en la represión en Chile. Nunca se habló de impunidad. Nunca se ofreció protección. Nunca hubo "pacto" ni menos "secreto", concluyó Carlos Torres, señalando que "además los partidos en cuestión no tenían la capacidad legal ni operativa para asumir ese tipo de compromisos".
