Polémica por académico de organismo gubernamental procesado en causa de DDHH - El Mostrador

Domingo, 19 de noviembre de 2017 Actualizado a las 15:21

Es docente de Academia Naciona

Polémica por académico de organismo gubernamental procesado en causa de DDHH

por 8 abril, 2005

Parlamentarios oficialistas consideran que el general (R) Humberto Julio debe ser apartado de sus funciones, pues enfrenta cargos por el secuestro calificado de una militante del MIR en Linares. El ex oficial reconoce haber participado en el arresto, pero niega ser el responsable de su desaparición.

Malestar causó en algunos parlamentarios el rol de docente que tiene un ex militar procesado por violaciones a los derechos humanos en la Académica Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe), institución que depende del Ministerio de Defensa. Se trata del general (R) Humberto Julio Reyes, encausado por el ministro Alejandro Solís por el secuestro calificado de la militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) María Isabel Beltrán, en 1974.



El ex uniformado, que en 2003 permaneció una semana en detención preventiva en el Regimiento de Telecomunicaciones del Ejército, en Peñalolén, dicta desde hace cinco años las cátedras de Conducción Político Estratégica I y taller de la conducción político estratégica de la Defensa Nacional en el organismo gubernamental.



Aunque el nombre de Humberto Julio, ex subsecretario de Relaciones Exteriores del régimen militar, fue profusamente difundido por la prensa hace dos años con motivo de la denuncia que involucró con violaciones a los derechos humanos al ex director de la Policía de Investigaciones Nelson Mery, nadie reparó en su rol de académico en la Anepe.



Ni siquiera la diputada Laura Soto (PPD), quien lleva adelante el proceso de Odette Alegría y un grupo de ex presos políticos del Regimiento de Linares que acusan a Mery, caso vinculado a la desaparición de María Isabel Beltrán. "Esto es inaceptable", dijo a El Mostrador.cl la legisladora, quien anunció que pedirá un oficio al Ministerio de Defensa para aclarar este hecho.



"Si hay alguien procesado por violaciones a los derechos humanos no debiera estar trabajando en organismos públicos", señaló la legisladora, quien consideró "una vergüenza que con los dineros de todos los chilenos, sobre todo de los más pobres, se esté pagando a un torturador. Él está procesado por hechos bastante graves y no sólo de torturas, sino por la desaparición de personas".



En tanto, el senador Jaime Gazmuri (PS), quien pese a reconocer que ha sido invitado en varias oportunidades a la Anepe, aseguró no conocer al ex militar. Sin embargo, coincidió con Soto en el sentido de que si hay un proceso en curso, se debe apartar a esa persona de sus labores. "Si hay procesos creo que es altamente inconveniente que siga haciendo clases", afirmó.



"Ahora la gente que no tiene procesos no hay problemas, ya que no deben existir denuncias. No puedes decir que por el hecho de estar en las Fuerzas Armadas haya sido torturador, hubo gente que no trabajó en la parte represiva", puntualizó el miembro de la comisión de Defensa de la cámara alta.



Cautela



Un poco más compasivo se mostró el diputado Mario Bertolino (RN), quien comentó que "una persona es inocente hasta que no se demuestra lo contrario. El hecho que este procesado no significa que sea responsable, sino que está en un proceso que se pretende dilucidar quiénes son los responsables. Ahora si está en libertad, él ya aportó los antecedentes y hay que esperar a que se cierre el proceso".



En esa misma línea se pronunció presidente de la comisión de Defensa de la Cámara, Jorge Ulloa (UDI). Aunque calificó como "compleja" la situación, aclaró que "si la Anepe no ha tomado medidas (es) porque ha considerado razonable mantener a ese docente en ese establecimiento. La decisión de la entidad estará centrada una vez que termine el proceso judicial".



Mucho más cautos se mostraron en el Gobierno al ser consultados por la situación del ex oficial que trabaja en el organismo dependiente del Ministerio de Defensa. El subsecretario de Guerra, Gabriel Gaspar, quien conoce a Julio ya que también hace clases en la Anepe, señaló que "no tenemos opiniones sobre procesos judiciales, respetamos la labor de otro poder del Estado".



La versión de Julio



Cuando fue llamado a declarar, el profesor Humberto Julio Reyes no entendía mucho los motivos. Ahí se enteró que el ex director de Investigaciones Nelson Mery, lo mencionó entre los oficiales que estuvieron presentes en la detención de Beltrán.



Cuando accede a contar su historia, lo primero que hace es sacar dos libros de su biblioteca que relatan la situación: "Difícil envoltorio", de Mónica Echeverría y "Tiempo de Días Claros", de Patricia Verdugo. "Ahí cuentan el hecho", dice.



Tiene 61 años, es casado, tiene tres hijos -uno de ellos capitán de Ejército de la Academia de Guerra-, y se alejó del Ejército hace 10 años tras una ácida discusión con el general Jorge Lucar. Julio había entregado al propio Augusto Pinochet informaciones sobre presuntas irregularidades, cercanas al millón de dólares, en facturas de empresas proveedoras del Hospital Militar. El hecho fue desmentido por la institución y el oficial debió irse del Ejército.



Julio no quiere hablar de ese incidente, pero si acepta hablar de lo que sucedió hace 32 años cuando él era capitán.



Beltrán, junto a Patricia Contreras, fue detenida en Santiago y para ello se envió especialmente una patrulla desde la Séptima Región. Julio participó en el allanamiento de la casa y ambas mujeres fueron llevadas a la Escuela de Artillería de Linares. Es ahí donde tiempo después se pierde su rastro.



-¿Cuál fue su participación puntual en este hecho?
-Yo estaba en Santiago, a cargo de una unidad en el Comando de Institutos Militares y se me encargó apoyar el procedimiento. Tuve que hacer el allanamiento de las vivienda donde estaban estas personas, es decir, el registro habitual buscando armas y otras cosas. En consecuencia, estuve presente en la diligencia, pero la detención y el traslado a Linares no era problema mío.



-¿Quién le ordenó a usted ir hasta esa casa?
-El canal normal de mando.



-¿Quién es esa persona?
- No hay registro quien estaba esa noche de turno hace 32 años. Sería irresponsable decir que parece que fue tal.



-¿Por qué detuvieron a esas mujeres?
- Algún antecedente tenía Linares para detenerlas. La prensa dice que eran del MIR.



-¿Y encontraron armas en esa casa?
- No, armas no encontramos. Mucha documentación que no era evidencia de nada.



-¿A quiénes entregaron las mujeres?
- Al oficial de inteligencia de Linares.



-¿Quién era?
- Eso está en el proceso.



"Sólo las vi esa noche"



"Es muy sorpresivo que a 30 años de sucedido los hechos digan, pero ahí estuvo el general Julio", comenta el ex uniformado. "¿Cuál es la diferencia sustancial de la detención? Según mi recuerdo, la patrulla de Linares tenía una misión que era detener a esas personas y, en cambio, la que recibí en Santiago era apoyar el procedimiento y allanar la casa".



- ¿Usted nunca vio a esas personas después?
-No, las vi esa noche.



-¿Por qué lo procesó el ministro?
- Él no me dijo nada, sino que asumió el hecho de haber sido el oficial de mayor graduación presente me convertí inmediatamente en responsable, pero independientemente de quien haya hecho la detención en Santiago: la patrulla de Linares o hubiese sido yo, que no es el caso, lo importante es que estas personas fueron entregadas al día siguiente sanas y salvas en Linares a otras autoridades.



- ¿Usted era ayudante del coronel Gabriel del Río al momento de hacer el operativo. ¿Él no ha sido detenido?
-Hasta donde yo sé, no por esta causa. No he hablado con él últimamente porque reside en Linares. En una ocasión vino a conversar conmigo acá, pero aún no se sabía de esta causa.



-¿Su abogado Marcelo Cibié ha tenido acceso al sumario?
-Sí y me dice que debería ser absuelto porque lo único que es discutible es la detención aquí en Santiago. Pero si partimos de la base que en ese momento esa actividad era legal, porque obedecía a la orden de una autoridad o facultad, la detención de esa persona en esa circunstancia no era un ilícito.



-¿Dónde está la divergencia?
- Nelson Mery dijo que le ordenaron detener a una persona y no a la otra, y ahí esta el punto de divergencia.



- ¿Y si usted es condenado en este caso?
-Hay que acatar la ley.



-¿Tendría que dejar de hacer clases?
-Es complicado pensar hacer clases estando detenido.



-¿Pero esta entidad es del Ministerio de Defensa?
- Puede que a algún empleador le complique o incluso tenga un impedimento legal. A lo mejor alguien se interesa por algún otro trabajo que yo hago y el tema no le importa.



- ¿Nunca perteneció a la DINA?
- No, no me especialicé por ese lado.



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Vea declaración de general (R) Humberto Julio

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