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Alvaro Valdebenito, de la Defe

"No hay terrorismo en la Novena Región, y menos hay mapuches terroristas"

por 13 febrero, 2007

Aunque sólo el miércoles se conocerá la condena contra José Llanquileo Antileo, la Defensoría se declara satisfecha con el resultado del cuarto juicio del caso Poluco-Pidenco, ya que el tribunal de Angol desechó los cargos de terrorismo levantados por la Fiscalía. Además, espera que este fallo sirva para buscar una solución a los mapuches que se encuentran presos.
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Este miércoles el Tribunal Oral en lo Penal de Angol dará a conocer la pena que deberá cumplir José Llanquileo Antileo (27 años), sindicado como tercero en la línea de mando de la disuelta Coordinadora Arauco Malleco (CAM), por su participación en el incendio que afectó en 2001 al predio Poluco-Pidenco, en la comuna de Ercilla y de propiedad de la forestal Mininco.



Si bien el viernes pasado el comunero fue hallado culpable, la justicia desestimó que su acción fuera terrorista, como lo sostenía el Ministerio Público de la Novena Región. Y aunque todavía se desconocen los detalles de la resolución, que sólo se darán a conocer en la audiencia del miércoles, en la Defensoría Penal Mapuche consideran que se trató de una decisión trascendental.



Hasta el momento se han celebrado cuatro juicios orales por esta investigación, que ya se extiende por más de cinco años, y se han dictado tres fallos completamente disímiles. Aunque en 2004 los hermanos Juan y Jaime Marileo, Juan Huenulao y la activista Patricia Troncoso, fueron condenados a diez años de prisión como autores de incendio terrorista, el año pasado José Cariqueo y Juan Colihuinca fueron absueltos.



Precisamente la situación de quienes están cumpliendo condenas de cárcel -Juan Ciriaco Millacheo se encuentra prófugo- preocupa a la Defensoría Penal Mapuche, principalmente porque con el dictamen de la semana pasada se ha ingresado a un escenario de desproporcionalidad de condenas, situación que incluso los llevaría a analizar la posibilidad de presentar un recurso a su favor.



El abogado Álvaro Valdebenito, de la Defensoría Mapuche, reconoce que es poco probable que dicha acción se materialice, considera que la resolución del tribunal angolino debería llevar al Congreso a buscar una salida alternativa para los comuneros presos, quienes el año pasado ya protagonizaron una prolongada huelga de hambre en demanda de su excarcelación.



Y es que para el profesional no resulta lógico catalogar las demandas mapuches como terroristas. "Nadie al que se le pregunte en la región o en el país, puede decir que en la Novena Región hay terrorismo, y que hay mapuches terroristas, porque eso no es así", afirma, en conversación con El Mostrador.cl.



En ese plano, considera que con este fallo se demuestra que, en su oportunidad, se cometió un profundo error de parte del Ministerio Público al invocar la normativa antiterrorista. Si bien esto le permitió acceder a una serie de herramientas para llevar adelante la investigación, ha quedado claro que el conflicto en la Araucanía nunca tuvo esa connotación, asegura.



"Creo que no fue un buen análisis en su momento, y que creo que las consecuencias están a la vista. Nos hemos llenado de juicios en la región, que han significado un inmenso gasto al Estado, y que reiteradamente la mayoría de los fallos han sostenido que no hay terrorismo en la IX Región, cosa de la que nosotros, estamos claro, y menos hay mapuches que sean terroristas. El terrorismo es otra cosa", recalca.



Desproporcionalidad



"La verdad es que la situación de ellos habrá que analizarla. En principio se ha dictado una sentencia definitiva que se encuentra ejecutoriada, pero naturalmente para ellos se puede abrir la posibilidad de estudiar su situación nuevamente por parte del Parlamento. Porque resulta manifiestamente injusto -ésta es una opinión personal-, que esas personas estén cumpliendo una pena de 10 años y un día, cuando hay personas absueltas y el otro será condenado por una pena de incendio común, que nosotros estimamos podían ser cinco años y un día", sostiene Valdebenito.



El año pasado ya hubo un intento parlamentario, encabezado por el senador Alejandro Navarro (PS), de conceder la libertad a los mapuches condenados por delitos calificados como terroristas, perpetrados entre el 1 de enero de 1997 y el 1 de enero de 2006. El proyecto buscaba conceder el beneficio de la libertad condicional a las personas que cometieron delitos contemplados en la ley que sanciona conductas terroristas, en causas relacionadas con la reivindicación de tierras indígenas, y vinculaba la obtención de la excarcelación a la firma previa de una declaración de renuncia al uso de la violencia.



El abogado cree que en la eventualidad que se retome la discusión legislativa de una iniciativa de esta naturaleza, los detractores no podrán argumentar que se está vulnerando el principio de igualdad ante la ley, especialmente a la luz de la desproporcionalidad de las sentencias dictadas en este caso.



"Acá hay principios generales de derecho penal, de racionalidad y de proporcionalidad, que son tremendamente importantes (...) Resulta justo analizar la situación de los presos mapuches, ver una posibilidad que no les signifique estar privadas de libertad. No sé si será posible y si están dadas las condiciones, pues escapa a nuestras facultades, pero de todas maneras es un tema que nos preocupa", agrega.



Polémica protección a testigos



Concretamente en lo relativo al juicio contra Llanquileo, sin tener la resolución en sus manos -que sólo se conocerá el miércoles-, el abogado se explica la decisión del tribunal en una distinta valoración de las pruebas presentadas por las partes, pero también en que la situación que hoy se registra en la la Araucanía es completamente distinta a la que había hace seis años.



"Las decisiones han sido disímiles porque la situación en la Novena Región ha variado bastante de lo que era el año 2001, y de lo que es ahora. En aquellos años había más conflictividad social, en los que se refiere al conflicto mapuche, y hoy esa situación ha variado ostensiblemente. Entonces, esto puede influir en este tipo de decisiones", explica.



Sin embargo, cree que también hubo errores de parte del Ministerio Público de la Araucanía, al presentar testigos, los hermanos Ñancucheo, que han caído en rotundas contradicciones en todos los juicios, incluidos los que mantienen en la cárcel a cuatro activistas.



Concretamente en lo relativo al juicio contra Llanquileo, sin tener la resolución en sus manos -que sólo se conocerá el miércoles-, el abogado supone que el cambio de criterio se explica porque el tribunal tuvo una distinta valoración de las pruebas presentadas por las partes, pero también porque la situación que hoy se registra en la Araucanía es completamente distinta a la que había hace seis años.



Sin embargo, a juicio del profesional existe un hecho más grave, y que dice relación con situaciones que, sin ser ilegales, a su juicio son altamente cuestionables, como los aportes que los tres testigos mapuches reciben de parte de la Fiscalía, situación que como Defensoría representaron durante el juicio oral contra Llanquileo, pues afectaban su credibilidad.



"Son protegidos del Ministerio Público, pero además reciben una ayuda mensual. Estamos hablando de canastas familiares. El tema es dónde está el límite de las facultades que tiene que usar el Ministerio Público para brindar protección a los testigos, y evitar que éstos se transformen en agradecidos del Ministerio Público y que se sienten con el deber de declarar en un sentido o en otro. Es un tema que queda la discusión y que en este caso se ha dado", acusa.



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