Dos jueces del TC son claros opositores a la píldora del día después - El Mostrador

Viernes, 24 de noviembre de 2017 Actualizado a las 10:21

Enrique Navarro y Raúl Bertels

Dos jueces del TC son claros opositores a la píldora del día después

por 24 abril, 2007

Ministros, a quienes se les pidió inhabilitarse, suscribieron informe en derecho que plantea que el levonorgestrel 0,75 es abortivo y que el ISP cometió una ilegalidad al autorizar la comercialización de un segundo fármaco. Documento también fue apoyado por Ramiro Mendoza antes de que fuera nombrado contralor. [Vea el informe]

Una opinión clara en cuanto a que el principio activo de la píldora del día después, el levonorgestrel 0,75, es abortivo y, por lo tanto, es inconstitucional su comercialización en todo el país tienen los ministros del Tribunal Constitucional (TC) Raúl Bertelsen y Enrique Navarro Beltrán, quienes deberán resolver en las próximas semanas la presentación de un grupo de organizaciones que se oponen a la distribución gratuita del fármaco.



El viernes pasado, un grupo de parlamentarios pidió la inhabilitación de ambos magistrados por tener una opinión formada en la materia que deberán analizar presentando un Informe en Derecho refrendado por ambos abogados y que fue incluido en la discusión del proceso 5839-2002 del 20° Juzgado Civil de Santiago, donde se tramitó una nulidad de derecho público contra la resolución del Instituto de Salud Pública (ISP) que pretendía prohibir definitivamente la comercialización del medicamento denominado Postinor-2 del Laboratorio Grünenthal.



En primera instancia, la jueza Silvia Pappa acogió la nulidad de derecho público y prohibió la comercialización del medicamento, pero su dictamen fue revocado por la Corte de Apelaciones de Santiago, que aseguró que a los tribunales no les correspondía pronunciarse sobre si un medicamento es o no abortivo, ya que ese es un debate científico aún no resuelto, en una decisión que más tarde sería refrendada por la Corte Suprema.



El informe, que además de Navarro Beltrán y Bertelsen está firmado por otros catorce especialistas de derecho administrativo y constitucional de distintas universidades del país, entre ellos el recién designado contralor, Ramiro Mendoza, señala que el levonorgestrel 0,75 es abortivo y por lo tanto debe ser prohibido en el país.



"A juicio de los abajo firmantes, la decisión del Instituto de Salud Pública por la que autorizó por segunda vez la venta y distribución de la droga Levonorgestrel 0,75 bajo otra denominación comercial (Postinor-2) y la mantención de dicha autorización a pesar de haberse resuelto por nuestros tribunales que dicha droga es abortiva, constituye un atentado a la Constitución", concluye el informe al que tuvo acceso El Mostrador.cl.



El documento, de seis carillas y veinticinco puntos, afirma que desde la primera célula producida luego de la unión de los gametos masculino y femenino, la Constitución de la República asegura la protección a la vida del que está por nacer. "Aquella célula es el resultado de la unión de gametos humanos, resulta imposible negar que se trata de un ser humano, pues es un ser y es humano, ya que pertenece a la especie humana", afirma el informe.



Agrega que "la edad o etapa de desarrollo de un ser humano no es condicionante de la titularidad de aquellos derechos que emanan de su propia naturaleza, menos aún cuando ese derecho es el supuesto de todos los demás. Sostener lo contrario sería una abierta infracción al principio de igualdad, reconocido en todos los sistemas jurídicos-constitucionales contemporáneos, como por ejemplo por el art 19 N° 2 de nuestra Constitución".



El documento, además, criticó al ISP por dar una segunda autorización para la comercialización de la píldora del día después, luego de que la Corte Suprema prohibiera la fármaco con nombre de fantasía Postinal, del Laboratorio Silesia.



"Al otorgar una segunda autorización para comercializar la droga Levonorgestrel 0,75, bajo otro nombre comercial, el Instituto de Salud Pública ha hecho precisamente todo lo que no podía ni debía hacer. Ello no sólo revela una actitud contumaz, sino que incluso se traduce en un verdadero fraude a las decisiones judiciales, al sobrepasar el principio de separación de poderes", señala la presentación.



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ADEMÁS:



Vea el informe completo (En formato PDF)



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