UDI y RN consideraron que la entrega de US$ 80 millones por parte del Metro representa una triangulación de recursos »abiertamente ilegal» y que podría representar un grave precedente para otras firmas estatales. Ejecutivo, en tanto, aseguró que propuesta se ajusta a la ley y que tampoco habrá un daño patrimonial para el ferrocarril metropolitano.
Los diputados Gonzalo Uriarte (UDI) y Cristián Monckeberg (RN) solicitaron este lunes a la Contraloría General de la República pronunciarse sobre la legalidad de la fórmula elaborada por el Ministerio de Transportes para paliar el déficit del plan Transantiago, a través del traspaso de recursos de la empresa Metro S. A. al sistema.
Uriarte consideró que la entrega de US$ 80 millones de parte del ferrocarril metropolitano, por dos meses, para garantizar el funcionamiento del sistema sería "abiertamente ilegal", toda vez que el Metro "no está autorizado a prestarle plata a nadie".
«No puede actuar ni como banco, ni como prestamista ni incluso como operador de buses urbanos. El Metro no puede salirse de su marco de acción legal y todo lo que se haga contraviniendo su propia ley orgánica es ilegal", sostuvo el legislador gremialista.
Agregó que "nos parece que esta situación hay que «atajarla» y al menos hay que «confrontarla» con la opinión que tiene la Contraloría respecto de esta «triangulación de recursos» que pretende realizar el Gobierno para financiar el Transantiago".
Según el parlamentario opositor, esta situación puede sentar un precedente «extremadamente grave» para el manejo de las otras empresas públicas, que podrían prestar dinero a particulares. «Entendamos que acá se le está pasando plata de una empresa pública a una privada, y eso es abiertamente ilegal», sostuvo.
El ministro de Transportes, René Cortázar, informó este lunes que en abril las pérdidas del Transantiago habrían llegado a US$ 30 millones, más del doble de lo registrado el mes anterior, cuando ascendieron a US$ 14 millones.
De acuerdo al funcionario, la principal fuente del déficit es la evasión de la tarifa, situación que confía en se podrá revertir cuando se entreguen incentivos a las empresas por pasajero transportado «en unas pocas semanas más».
Gobierno: «Mucha tranquilidad»
En tanto, el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, señaló que el Gobierno recibió con «Mucha tranquilidad» la petición de la derecha, porque «hemos actuado en el marco de la ley, nada que pudiera ser objetable y nos parece muy bien que la Contraloría pueda intervenir».
En cuanto a si habría delitos, como lo ha sostenido la derecha, dijo que «era muy fácil hablar, nosotros hemos actuado con mucha responsabilidad, hemos visto distintas expectativas y nos parece un camino adecuado, como se hace normalmente entre las empresas".
También descartó que esto debilite al ministro de Hacienda, Andrés Velasco, porque en «esto se ha actuado con mucha armonía en las distintas instancias del Gobierno y me parece bien que la Contraloría, si es necesario, de su parecer".
A su vez, el ministro portavoz, Ricardo Lagos Weber, sostuvo que «la oposición está considerando diversos cursos de acción desde citar al ministro a la comisión de Transportes, algunos hablan de una interpelación y otros hablan de que si hay meritos suficientes una acusación constitucional. Son atribuciones distintas que tienen los poderes políticos y ellos verán si es que procede o no llegar a esos extremos».
Proyectos de ley en mayo
De todas maneras, Lagos Weber defendió la legalidad de la medida, al tiempo que anunció que en el transcurso de este mes se enviarán dos proyectos de ley al Congreso para abordar los problemas financieros del sistema de transportes de la capital y otro que creará un autoridad metropolitana del ramo.
«Estamos muy tranquilos con la decisión que se ha adoptado. Aquí se ha hablado financiamiento temporal, provisorio, que permita seguir operando y financiando el sistema. Mientras tanto, que se discuta en el Parlamento una legislación que aborde los problemas del Transantiago", sostuvo.
«Desde ese punto de vista, no se escabulle el bulto, se da la oportunidad a cada uno de pronunciarse y al final aprobar o rechazar el proyecto que se proponga al Parlamento y que esperamos enviarlo en mayo", agregó Lagos Weber.
Enfatizó que "no se le saca plata al Metro" y que "no hay un daño patrimonial para la empresa, no hay un problema de liquidez. Esto se hace bajo la ley de sociedades anónimas, esto es transparente, es legal y está garantizado. Va haber un aumento de capital de la empresa y en el peor de los escenarios, la empresa va a quedar tal como está».
"Pedimos escuchar la propuesta, esperar en que consiste el proyecto de ley y discutirlo. Aquí el objetivo es uno solo: que el Transantiago funcione para los usuarios, que están sufriendo a diario un sistema del Transantiago que no está cumpliendo a cabalidad", agregó.
Explicó que "si el sistema va generando déficit estos hay que cubrirlos y para cubrirlos se requiere de un financiamiento adicional que se quiere conseguir a través de una ley, y mientras se haga esa discusión es que se hace este financiamiento puente, es así de tranquilo. Se va a contar con el financiamiento puente y va a ver la oportunidad para que el Parlamento se discuta los detalles del proyecto de financiamiento".
Desde el punto de vista de los recursos adicionales que se van a incorporar de manera transitoria, dijo que "ciertamente va a tener una correspondencia equivalente a nivel de regiones. No se trata de financiar un sistema de transporte público y dejar desatendidas las necesidades regionales. Así como van haber recursos adicionales por el tema del Transantiago van a existir para regiones".
