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Expertos antilavado se reúnen en Chile para analizar propuesta de Insulza

El panzer llamó a que países miembros destinen parte de los recursos obtenidos en decomisos al narcotráfico y blanqueo de capitales a la Comisión Interamericana contra el Abuso de las Drogas (Cicad), para prestar ayuda técnica a la región. Que la cita se realice en Chile -el 7, 8 y 9 en la Academia Diplomática- es un reconocimiento al trabajo institucional contra el crimen global.


El Grupo de Expertos contra el Lavado de Activos de la OEA se reunirá esta semana en Santiago para analizar, entre otras materias, una propuesta del secretario general, José Miguel Insulza, para que una parte de los recursos obtenidos a través de los decomisos al narcotráfico y blanqueo de capitales sean destinados a la Comisión Interamericana contra el Abuso de las Drogas (Cicad).



El objetivo de esta iniciativa impulsada por el ex ministro chileno, que será estudiada los días 7, 8 y 9 de noviembre próximos en la Academia Diplomática, es entregar ayuda técnica en la lucha contra el crimen organizado a nivel regional.



Así lo establece el documento que envió el organismo a Chile, al que tuvo acceso El Mostrador.cl en fuentes oficiales.



La importancia de esta actividad no es menor, ya que uno de los temas que permitirá avanzar en el mejoramiento de la legislación continental es que el decomiso de especies -en dinero, propiedades y otros bienes- provenientes del narcotráfico pueda realizarse sin condena o que la práctica misma en las resoluciones judiciales sea mayormente aplicada.



Al mismo tiempo, se evidencia que cada vez más con mayor frecuencia que el discurso sobre cooperación internacional, así como el énfasis que le da Insulza al tema, tiene como eje primordial la criminalidad global.



Énfasis metodológico



Sin duda, esta última prioridad del subgrupo de comiso del Cicad es un guiño a la realidad chilena y al criterio de los jueces.



Desde que se inició en Chile la reforma procesal penal, sólo ha habido tres condenas por lavado de activos y sólo en dos de ellas los jueces han decretado del comiso de las especies, después de un exhaustivo trabajo de la Fiscalía.



La primera de ellas fue en un proceso contra una narcotraficante de poco monta -aunque el criterio judicial fue importante como precedente- y el reciente juicio oral contra el clan Gálmez en la Cuarta Región.



Políticamente, la elección de Chile para este evento importa no sólo un reconocimiento al esfuerzo de las instituciones por combatir el narcotráfico, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a través de una legislación moderna, sino que además porque en el Congreso están prontas a ser aprobadas nuevas normas que endurecerán esta lucha.



En la oportunidad, también habrá importantes observadores, como los del Grupo de Acción Financiera para el Conosur (Gafisud), en Banco Mundial, el Fondo Mentario Internacional (FMI), Programa Global contra el Lavado de Dinero, la Comisión Interamericana contra el Terrorismo, entre otros.



Femicidio incluido



Dentro de los temas centrales que también se analizarán está el informe final del Cicad producido en la última sesión en Washington, en mayo de 2007.



En dicho documento aparece el llamado que hizo "a los estados miembros para que apoyen y defiendan al Cicad como el instrumento prioritario para facilitar la cooperación multilateral en materia de drogas y citó el ejemplo de las alianzas de ciudades gemelas entre la Unión Europea y gobiernos locales de Latinoamérica y el Caribe para el intercambio de experiencias sobre prevención y tratatamiento del abuso de drogas".



También, y como tema que ha estado en la agenda chilena en los últimos meses, se analizó un estudio piloto sobre drogas, mujeres y violencia en las Américas, cuyas conclusiones indican una correlación entre el uso de narcóticos y el abuso físico y sicológico que en algunas oportunidades termina en femicidio.



La actividad que es coordinada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), será inaugurada por la subsecretaria de Hacienda, María Olivia Recart, quien es la cabeza visible y política de la modernización en la legislación contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.





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