Llama la atención la actitud de abierta simpatía adoptada por altos funcionarios del gobierno y líderes concertacionistas como Francisco Vidal, Ricardo Lagos y Soledad Alvear, quienes justificaron “al bulto” la acción internacional de Provoste, sin ningún razonamiento fino en torno al origen del tema, esto es, la acusación constitucional y la determinación de su responsabilidad política.
La demanda interpuesta por Yasna Provoste ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado de Chile implica una serie de aspectos jurídicos y políticos que precisan de análisis y prudencia.
En lo jurídico, existen fundadas razones para admitir que las normas aplicadas en su destitución como ministra de educación, especialmente la Constitución de 1980, lesionan efectivamente derechos civiles y garantías constitucionales, contenidos no solo en la propia Carta Fundamental, sino también en tratados internacionales suscritos por Chile.
En lo político coyuntural, llama la atención la actitud de abierta simpatía adoptada por altos funcionarios del gobierno y líderes concertacionistas como Francisco Vidal, Ricardo Lagos y Soledad Alvear, quienes justificaron “al bulto” la acción internacional de Provoste, sin ningún razonamiento fino en torno al origen del tema, esto es, la acusación constitucional y la determinación de su responsabilidad política.
En igual ámbito pero con un argumento totalmente opuesto, la derecha política hace un alegato en torno a un eventual uso abusivo de los derechos humanos y de instancias jurídicas internacionales, que lesionarían la soberanía del país. Y, en un giro conceptual inaceptable, desvía el problema y termina trayendo a colación, entre otros casos, la detención de Augusto Pinochet en Londres.
En lo político, en su sentido más propio, el problema tiene que ver con la responsabilidad política como mecanismo de control, y sus implicaciones y alcances reales en nuestro sistema jurídico.
En una democracia el ejercicio del poder no puede ser incondicional o ilimitado. El que lo ejerce, no ejerce un derecho libre, cualquiera sea la teoría que lo legitima, sino un poder sujeto a reglas de control.
La discusión permanente en torno a esas reglas es si la responsabilidad política derivada de la infracción de los límites del poder es de carácter jurídico o solo político. Pues tal distinción, en la práctica, determina las consecuencias que tiene para la autoridad que, previo juzgamiento, es declarada su responsabilidad. Desde la destitución del cargo, hasta sanciones administrativas y penales.
En el caso de Chile, la sanción es más que política. Ella implica también otra sanción, la imposibilidad de ejercer cargos públicos, a la que se arriba por derivación, y sin las necesarias formas del debido proceso. Lesionando con esto, de paso, la garantía constitucional del ejercicio profesional o de trabajo. Esto, fundado sólo en una opinión enteramente libre y discrecional de una mayoría política del Congreso.
Con todo, no es azaroso ni casual que sea así en Chile. La Constitución de 1980 no tiene gran preocupación por los derechos civiles y sociales. Más bien, expresa un indeleble talante autoritario que impide, en muchos temas importantes, necesarias distinciones conceptuales, como –en la especie- requiere el establecimiento de la responsabilidad política, imprescindible mecanismo de control democrático.
Esa vaguedad se torna en ambigüedad política cuando la interpretación de la deficiente regla jurídica es apenas una formalidad para justificar lo obrado por la ministra, tal como aparece en el apoyo gubernamental a la acusación. Independientemente de lo que dictamine la CIDH acerca de la presentación de la ex ministra Provoste en cuanto a su derecho al trabajo y a las reglas del debido proceso, los graves hechos por los cuales fue destituida siguen vigentes y aún no se solucionan, lo cual habla mal de la disposición gubernamental a arreglar los problemas.
Si la causa se acepta y se lleva hasta situación de sentencia, seguramente habrá que cambiar las normas sobre responsabilidad política en nuestro régimen jurídico. Esto solo corroboraría los problemas de coherencia y legitimidad que tiene nuestra Constitución, la que debería ser –de una vez por todas- sustituida por una nueva.
Por ahora, el gobierno se enfrenta, en lo inmediato, a un primer reto, que es responder y litigar con Yasna Provoste, o allanarse a su demanda. En todo caso, una vez más le faltó finura política y generó un moscardón de suspicacia en torno a un hecho menor.
