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AgenciaUno
La discusión emerge luego de que en la Cámara de Diputados hubiera un largo debate sobre los tribunales militares para resolver causas de civiles, en caso de Estado de Excepción, en el marco del primer trámite legislativo de las Reglas del Uso de la Fuerza, que ahora discute el Senado.
Una nueva controversia sobre la autonomía y desempeño de la justicia militar se abrió por segunda semana consecutiva en el Congreso, ahora en medio de las indagatorias que realiza la capitán del escalafón de Justicia, Daniela Guzmán, en Arica, en el marco de la investigación en la Brigada Motorizada “Huamachuco” por la muerte de un conscripto y la situación de dos soldados graves y otros hospitalizados, a raíz de lo que sería un ejercicio militar.
La discusión emerge después que, la semana pasada, en la Cámara de Diputadas y Diputados hubiera un largo debate sobre los tribunales militares para resolver causas de civiles, en caso de Estado de Excepción, en el contexto del primer trámite legislativo de las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF). Además, el proyecto que regula el uso de la fuerza para las instituciones castrenses y las policías en funciones de seguridad pública arriba al Senado, para ser discutido en comisiones esta semana.
El pasado 27 de abril, el conscripto Franco Vargas, de 19 años, falleció durante una marcha de instrucción del Ejército en Putre que, de acuerdo con el Ejército, era parte de un proceso de aclimatación a la altura, y donde, según los reclutas, en la marcha de 10 kilómetros, entre Pacollo y Putre, a 4 mil metros de altura, se les obligó a sacarse la ropa de abrigo bajo una temperatura gélida, entre otras acusaciones de maltrato de instructores y mandos de la Brigada Motorizada “Huamachuco” de Putre.
El caso es investigado por la oficial de Justicia Daniela Guzmán, una joven abogada con grado de capitán que llegó a la Fiscalía Militar de Arica tras una destinación en la División de Adquisiciones del Ejército.
Si bien el caso ha generado impacto entre los parlamentarios de la zona, existen diversas visiones sobre el funcionamiento del sistema de justicia militar y nuevamente el tema abrió un debate entre quienes lo consideran idóneo y con suficiente independencia (debido a que es una funcionaria de planta), y quienes apuntan a que el caso pondrá a prueba el sistema.
Para el senador por Arica José Miguel Durana (UDI), la capitán de Justicia a cargo de las indagatorias llegó a la institución castrense por sus competencias en materia legal. Sin embargo, advierte que “quien debe fallar es el juez militar que actúa en primera instancia, luego en la justicia militar viene la Corte Marcial y, finalmente, la Corte Suprema. Por lo tanto, yo creo que no es que se vaya a poner a prueba la justicia militar, sino que va a funcionar la institucionalidad de los tribunales. (…) Lo que pasa es que hay un sesgo político que se genera en creer que todo lo que vaya a suceder al interior de la justicia militar está marcado con hechos del pasado. De una vez por todas hay que dar vuelta la máquina con respecto a ese tipo de situaciones. La justicia militar y el juez militar son una institucionalidad dentro del Ejército”.
Su par por la región, José Miguel Insulza (PS), prefirió no opinar hasta que “le lleguen los antecedentes del caso” que solicitó a la ministra de Defensa, Maya Fernández, ya que –explica– por ahora solo existen versiones y trascendidos aún no aclarados.
Sí comentó la controversia el senador y miembro de la Comisión de Defensa, Gastón Saavedra (PS), quien dijo que “la justicia militar deja prácticamente sin defensa a los militares. Entonces, es una situación bastante compleja recurrir a la justicia militar. Yo creo que tiene que darse la certeza jurídica tanto a los militares como a los afectados, en este caso los familiares de los jóvenes conscriptos (…). Si esto está en la justicia militar, tendrá que seguirse por ese camino, es parte de la institucionalidad, y sus abogados verán cómo hacer las defensas”, señaló
En tanto, el diputado por Iquique, Matías Ramírez (PC), fue un paso más allá. En su opinión, la justicia militar “está cuestionada desde hace décadas por su falta de objetividad e independencia”.
“Por ello resultaba sumamente peligroso que la oposición pretendiera volver a otorgar competencia en casos donde podían estar involucradas víctimas civiles. Ahora bien, sobre la situación ocurrida en Putre, nuevamente el foco va a estar en cómo la justicia militar lleva adelante una investigación objetiva, y no que busque dejar en la impunidad al mando de la institución y de quienes estaban a cargo de la marcha, tal como ocurrió en la investigación y condena en el caso de Antuco”, señaló el diputado a El Mostrador.
