«Los usuarios y clientes han sido víctimas del mal uso de sus saldos de minutos por parte de la empresa telefónica, la cual acostumbra indebidamente a poner plazo de vencimiento al prepago de dos meses obligando a los consumidores a realizar una nueva recarga de prepago para poder usar sus minutos», dijo el presidente de la entidad, Hernán Calderón.
El presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón, anunció este miércoles la presentación de una demanda colectiva en contra la compañía telefónica Movistar por presuntos «abusos» en perjuicio de los consumidores del servicio telefónico de «prepago» de minutos.
Calderón, junto a los abogados Federico Joannon y Santiago Escobar, explicó que la acción judicial se realiza debido a que «los usuarios y clientes de prepago de Movistar han sido víctimas del mal uso de sus saldos de minutos por parte de la empresa telefónica, la cual acostumbra indebidamente a poner plazo de vencimiento al prepago de dos meses obligando a los consumidores a realizar una nueva recarga de prepago para poder usar sus minutos».
Agregó que «las sucesivas denuncias y reclamos recibidas por nuestra corporación han entregado los antecedentes necesarios para poder iniciar las acciones correspondientes ante el atropello de los derechos de este servicio, las cuales serán patrocinadas por los dos abogados mencionados y la abogada María Jimena Orrego, estableciendo los siguientes argumentos: el minuto de prepago es el más caro de la telefonía nacional, aproximadamente 264 pesos por minuto, y este servicio es usado mayoritariamente por los sectores de menores ingresos».
Calderón añadió que «en la práctica el servicio opera como un crédito del consumidor al proveedor por un servicio de telefonía, el cual lo devuelve con llamadas».
«Legalmente la compañía le pone ilegalmente un plazo al crédito (prepago) el cual dura dos meses, independientemente del saldo que reste», dijo el presidente de Conadecus.
La corporación sostuvo que «el saldo se congela y sólo se activa si se compra una nueva tarjeta, y si no se renueva la tarjeta se pierde el dinero. Dicha práctica, puede calificarse como una práctica abusiva en el marco de un contrato de adhesión», manifestó la entidad de los consumidores.
Calderón dijo que «esta práctica que ha sido durante años aplicada por las empresas de telefonía ha significado un abuso permanente a millones de consumidores. Hoy en defensa de los abonados creemos que es justo que estos dineros que han sido expropiados al no tener la posibilidad de que se les devuelva y obligarlos de que puedan reutilizar los saldos tengan que comprar nuevas tarjetas, les sean devueltos a quienes no los usaron nuevamente».
El presidente de la entidad expresó que no les parece correcto que la compañía dentro de sus cláusulas «quede con la facultad de poder vender o entregar a otro suscriptor después de un plazo breve, de algunos meses, cuando la persona no ocupa su teléfono celular, le quita su número y se lo entrega a otro usuario traspasando incluso los saldos».
«Eso a nosotros nos parece que es tremendamente abusivo y que los consumidores necesitan que los tribunales se pronuncien ante este abuso que ha ocurrido desde hace años en desmedro del bolsillo de los consumidores que están comprando diariamente, mas considerando que este sistema de prepago, que es el mayoritario, es el que ocupa la gente de menores ingresos, y que no tiene acceso a comprar planes, los cuales también tienen una conducta discriminatoria ya que el de prepago paga un valor de 264 pesos por minuto, en circunstancias que el que tiene plan paga más de cuatro veces menos que el compra prepago», expresó Calderón.
