En la actualidad el Consejo se enfrenta a un «importante litigio» en relación a si los correos electrónicos institucionales son públicos o privados.
El presidente del Consejo para la Transparencia, Alejandro Ferreiro, destacó la gran aceptación de este organismo, que en los tres años que lleva funcionando ha recibido 100.000 solicitudes de información.
Un órgano que es un «motor de buena gestión pública», afirmó Ferreiro en un desayuno informativo en Madrid, el mismo día que el Gobierno español aprueba el anteproyecto de ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno.
El Consejo para la Transparencia es una corporación autónoma de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio propio y atribuciones para fiscalizar y sancionar el cumplimiento de la Ley sobre Transparencia Pública y Acceso a la Información Administrativa.
Su presidente, Alejandro Ferreiro, y el director general, Raul Ferrada, están en Madrid para participar en el Foro de Transparencia y Buen Gobierno que organiza la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) y la Fundación Chile-España.
Explicaron que el objetivo del Consejo es promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado y garantizar el derecho de acceso a la información.
El Consejo para la Transparencia tiene facultades fiscalizadoras, de resolución de casos, de promoción, capacitación, difusión e información, normativas y sancionadoras.
Ferreiro se refirió a las dos vertientes del Consejo, la que lucha contra la corrupción y la gestión pública de la información, es decir que las bases de datos del Estado -estadísticas y tributarias- «se pongan a disposición de las personas».
En la actualidad el Consejo se enfrenta a un «importante litigio», según explicó su presidente, en relación a si los correos electrónicos institucionales son públicos o privados.
