En votación unánime, la Sala Penal de la Corte Suprema rechazó el exhorto remitido por el juez español Baltasar Garzón, en el que solicitaban una serie de antecedentes referidos a la investigación que instruye por presunto blanqueo de capitales en contra de miembros de la familia y ex asesores del fallecido general Augusto Pinochet Ugarte.
En el dictamen se pronunciaron los ministros Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y el abogado integrante Luis Bates, quienes desestimaron la petición del magistrado español por considerar que en Chile se instruye un proceso similar.
«Que las materias investigadas por el tribunal requirente están siendo conocidas actualmente por un tribunal chileno que tiene jurisdicción y competencia para tales asuntos y de acuerdo, además, con lo informado por la señora Fiscal Judicial a fojas 145, se declara que no se da curso a la presente comisión rogatoria procedente del Juzgado Central de Instrucción N° 05 de Madrid», dice la resolución que acoge la recomendación de la Fiscal Judicial Mónica Maldonado.
Sin perjuicio de lo anterior, los ministros de la Corte Suprema determinaron que los antecedentes de la carta rogatoria sean remitidos al ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago Manuel Antonio Valderrama, quien instruye el denominado Caso Riggs en Chile.
Según los antecedentes contenidos en la carta rogatoria, las notificaciones que desea efectuar Garzón corresponden a una nueva querella interpuesta por la Fundación Allende en España por iguales delitos.
En esa acción además de reiterarse los nombres de Lucía Hiriart y Óscar Aitken se suman los del hoy presidente del Banco de Chile, Pablo Granifo; y el del ex gerente de la sucursal que la institución financiera tiene en Nueva York (EEUU), Hernán Donoso.
Respecto de ellos, el magistrado español pedía -en el exhorto remitido a la justicia chilena- que se les tome declaración y que se ordene el pago de una fianza solidaria de US$77.348.374.
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