El Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, destacó este miércoles, durante la ceremonia en la que participó el presidente de la Corte Suprema Milton Juica, que el bjetivo de este acuerdo de cooperación técnica entre la Fiscalía y el Centro de Estudios de Seguridad y Justicia de la UNAB es asesorar al Ministerio Público en temas relacionados con la persecución penal para potenciar la calidad, eficiencia y eficacia de su labor.
Chahuán, el director del Centro de Estudios de Seguridad y Justicia (CESJ) de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, Carlos Maldonado, y el Decano de la Facultad, Gonzalo Cordero, firmaron un convenio de colaboración técnica, para evaluar y mejorar de manera sistemática la gestión jurídica y administrativa del Ministerio Público, de frente a las expectativas ciudadanas y buscando la mayor eficiencia en la utilización de los recursos con que cuenta la institución.
El convenio permitirá a la casa de estudios superiores asesorar a la Fiscalía de Chile para el éxito de su Plan Estratégico y el avance de su Proyecto de Fortalecimiento Institucional. Para ello, asistirá a la institución en temas como colaboración en la Prevención del Delito, Criminalidad Altamente Compleja, Gestión de Recursos en Criminalidad menos Compleja, Coordinación Interinstitucional, Atención de Víctimas y Testigos, Modelo de Control de Suspensión Condicional, entre otros. Se trata del primero que suscribe el organismo con una institución académica desde su creación en 1999.
La suscripción de este acuerdo constituye un paso fundamental del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional que implementa la Fiscalía de Chile, el cual busca transformar al organismo persecutor en una más eficiente y eficaz herramienta de solución a los diversos conflictos penales, que corra a la par con una alta calidad en la entrega de información y atención a los usuarios del sistema.
Chahuán destacó que «en el último tiempo ha habido una serie de opiniones y debate respecto de que el Ministerio Público debiera explicitar ciertos criterios de persecución penal, cuestión en la que estamos absolutamente de acuerdo. Pero hubo discrepancias cuando se decía que la Fiscalía debía ser auditada».
Sin embargo, añadió el Fiscal Nacional, con el devenir de los días, desde el Ministerio de Justicia actual, desde los asesores del Ministro de Justicia, se ha ido concretando esa intención de deseo y «ahora estamos absolutamente de acuerdo no en una auditoría completa al Ministerio Público y a sus criterios de persecución penal, porque ello sería inconstitucional, pero sí una revisión parcial de ciertos procesos nos parece absolutamente adecuado y reforzaría nuestra voluntad de transparentar nuestra labor».
Dentro de las auditorías y revisiones que la Fiscalía de Chile tiene, Chahuán mencionó una ley que la obliga a someterse a una auditoría externa para el pago de incentivos a fiscales y funcionarios. Pero además, indicó, «hemos contratado auditorías externas para evaluar la relación que tenemos con las víctimas».
El Fiscal Nacional recalcó que el convenio firmado «no es una auditoría, pero puede derivar en una revisión profunda y acuciosa y académica de nuestros procedimientos».
Asimismo, dijo que la Fiscalía pretende perfeccionar una base sólida con los organismos auxiliares del Ministerio Público (el Poder Judicial, el Ministerio Pública, la Defensoría) para la persecución penal y esas bases deberían ser evaluadas.
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