El próximo 7 de septiembre se resolverá en qué jurisdicción quedará radicado el denominado caso bombas, luego que el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago resolviera suspender la audiencia que había citado para zanjar a qué tribunal corresponde su competencia.
Actualmente, el grueso de la indagatoria se tramita en el Undécimo Juzgado de Garantía de la capital.
El juez de garantía Juan Manuel Escobar decidió esta mañana postergar la audiencia para tener a la vista los antecedentes de la formulación de cargos contra los 15 presuntos anarquistas, efectuada en el Undécimo Juzgado capitalino, antes de pronunciarse sobre la competencia.
La Fiscalía Metropolitana Sur había comunicado al tribunal su decisión de agrupar la totalidad de los atentados en una sola causa: aquella que se sigue en el Undécimo Juzgado de Garantía y donde se formalizó la investigación por el delito de asociación ilícita terrorista para la instalación de artefactos explosivos.
Al respecto, el fiscal sur Francisco Rojas explicó que «esta audiencia nace a propósito de una facultad que tiene el Ministerio Público de agrupar investigaciones (…) en ese contexto, se comunicó al Octavo Juzgado de Garantía sobre una acumulación de antecedentes investigativos, que serían de conocimiento del Undécimo Juzgado de Garantía ya que (éste) tiene competencia para el denominado caso bombas».
A raíz de lo anterior fue que el tribunal resolvió citar a los intervinientes a una audiencia para discutir a quién corresponde la competencia.
La fiscalía funda su decisión de agrupar en que la asociación ilícita terrorista planteada apunta a que «hay un plan criminal donde el atentado a Chilectra, en La Cisterna, se convierte en eje vinculante con otros 23 atentados explosivos», agregó el investigador.
Y, en ese sentido, «en conclusión, entendemos que habiéndose producido ese hecho en terreno jurisdiccional del Undécimo Juzgado de Garantía, es competente para conocer los hechos. Nos da la competencia de investigar, según el artículo 157 del Código Orgánico de Tribunales», sentenció el fiscal.
En tanto, las ocho defensas de los imputados que permanecen en prisión preventiva presentaron recursos de apelación ante la Corte de San Miguel.
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