Tras el primer receso del juicio oral contra María del Pilar Pérez y el contratista José Ruz Rodríguez por tres crímenes cometidos durante el 2008, luego de la intervención de los querellantes se dio lugar a los alegatos de apertura de la defensa de la arquitecta, encabezada por el abogado de la Defensoría Penal Pública (DPP) Mario Palma, quien apeló a supuestos errores de la Fiscalía durante el proceso para sostener la inocencia de su defendida.
En reiteradas ocasiones los abogados de María del Pilar Pérez pidieron al tribunal que se solicite al Ministerio Público los más altos estándares en la calidad de la prueba que se rendirá en los próximos días en atención a las penas solicitadas (dos presidios perpetuos calificados para cada imputado) que son las más altas de las leyes chilenas.
Asimismo, los defensores plantearon que se debe probar más allá de toda duda razonable los hechos, recordando situaciones como la del supuesto violador de Ñuñoa, Claudio López Rocha, quien fue sindicado como el autor de dos ultrajes y que sólo las pruebas científicas lo liberaron tras un error en la ronda de reconocimientos encargada por la fiscalía.
El defensor Palma insistió en que «la investigación hay que acotarla, pero si nada de eso sucede entonces la duda razonable y la presunción de inocencia debe primar en el tribunal ¿Para qué? Para proteger a los ciudadanos de una condena injusta e irreparable y para que nunca más se permitan errores de investigación del Ministerio Público, ni se condene equivocadamente a una persona esta defensa solicita la absolución de mi representada por los hechos ya referidos».
Argumentos
El jurista dijo que ninguno de los cargos imputados a la profesional podrá ser probado en juicio partiendo desde la base que ellos aseguran que su defendida es total y absolutamente inocente.
Respecto al intento de homicidio de la nuera Pérez, el abogado Palma dijo que el hecho que se remite al año 2007 y que nunca fue denunciado por la propia víctima, Montserrat Hernando, es presentado en el juicio por la fiscalía con el objetivo de confundir al tribunal y a la opinión pública y crear un prejuicio sobre su representada.
El defensor público fue una a una desmenuzando las pruebas mencionadas por el Ministerio Público durante los alegatos de apertura y señalando que desde el principio la fiscalía no agotó todas las líneas investigativas que existían en torno al doble crimen de calle José Miguel Infante en el que murieron de tiros en la nuca el ex esposo de Pérez, el arquitecto Francisco Zamorano, y la pareja gay de éste Héctor Arévalo, en abril de 2008.
Palma sostuvo que en la misma carpeta constan las infidelidades de estos dos últimos y la relación desgastada que ya tenían por esa época, lo que abre la posibilidad de que se tratara de un crimen pasional, línea que en un comienzo fue seguida por los policías pero que después se descartó tras la confesión del crimen por parte del primo del arquitecto Claudio Soza quien dijo haberlo asesinado por rencillas económicas y fobia homosexual. Tiempo después este último se desdice de incluso haber botado a la basura el arma homicida que nunca fue hallada durante la indagatoria.
Los dardos de la defensa apuntan a que Ruz nunca estuvo en casa de Zamorano y que el crimen lo cometió un tercero y que ellos no son los encargados de esclarecer quién más pudo estar en ese lugar, pero lo que demostrarán es que no se trata de Ruz y que tampoco puede valer sólo la confesión de este para sindicar a Pérez como inductora del doble homicidio.
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