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Formalizan a sujeto imputado por la muerte de su mujer en San Javier

por 19 octubre 2010

Por el delito de parricidio el Ministerio Público formalizó a Abdías Ávila Brunel, de 75 años, quien estaba con detención ampliada desde el sábado pasado luego que diversos antecedentes hicieran presumir su participación como autor del crimen de su esposa, Hermandína Díaz de 72 años.

El crimen ocurrió la noche del jueves último en el sector de Vaquería, comuna de San Javier. En forma inicial se sostuvo que el fallecimiento fue natural, debido a un certificado médico que así lo indicaba, sumado al procedimiento efectuado por Carabineros. Pero el viernes en medio del velorio, la hija de la víctima se percató que el pijama que su madre vestía al momento de la muerte tenía orificios y manchas de sangre, lo que dio origen a una denuncia en la fiscalía para aclarar la causa de muerte de la anciana.

La Brigada de Homicidios de la PDI de Linares se constituyó en el lugar y efectuó las diligencias para reunir pruebas e identificar al autor del delito.

"Los antecedentes apuntan al hallazgo del arma homicida que estaba a un costado de la cama donde la mujer fue encontrada fallecida. Igualmente empadronamientos de testigos permiten establecer que la única persona que estaba en el lugar de los hechos era el imputado", explicó en la audiencia de formalización, el fiscal jefe de San Javier, Jaime Cáceres, quien cuenta con el informe de autopsia practicada al cuerpo de la víctima que constata como causa de muerte una herida penetrante cardíaca.

Ante la gravedad de los hechos, la fiscalía solicitó la prisión preventiva del imputado, pero la defensa penal de éste presentó un informe psiquiátrico invocando la inimputabilidad de Ávila Brunel. Tras ello, solicitó la suspensión del procedimiento lo que fue acogido por el tribunal. Esto significa que el imputado fue trasladado al Hospital José Horvitz de Santiago, donde será sometido a estudios médicos que acrediten su capacidad mental, lo que en definitiva, marcará el futuro de la causa.

El Tribunal de Garantía de San Javier fijó cuatro meses de plazo para investigar y paralelamente el Ministerio Público inició de oficio una investigación para aclarar las circunstancias del procedimiento policial y la existencia de un certificado médico que acreditaba la muerte natural de la anciana.

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