La fiscal militar Paola Jofré incautó un total de cinco metralletas UZI desde la 43ª subcomisaría de Peñalolén, donde prestaba servicios el destituido suboficial Miguel Millacura, procesado por el delito de violencia innecesaria con resultado de muerte en la persona de Manuel Gutiérrez (16).
La persecutora realizó una serie de diligencias en la unidad, que concluyeron con el decomiso de las armas y también de documentos relacionados con los registros de la guardia.
Tras el procedimiento, el abogado defensor de Millacura, Víctor Neira, planteó una nueva tesis en torno a la trayectoria de la bala que probaría, a su juicio, que no existió intensión del ex policía de disparar directamente al joven fallecido o a la población el pasado 25 de agosto.
«Millacura se arrodilla y dispara en 45º. Quedaron vestigios de restos de balas en la parte inferior de la pasarela peatonal. Eso quiere decir que los proyectiles rebotaron y ese rebote fue el que pegó en el cuerpo del joven y eso produce su muerte», explicó el profesional.
Eso, según su interpretación, comprueba que el hombre «no tenía intención de matar a nadie. A lo más se configura una culpa o uso negligente y por lo tanto no habría un delito de violencia innecesaria con resultado de muerte, sino un cuasidelito de homicidio».
upi/so/
