La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó un recurso de protección presentado por funcionarios de Gendarmería por supuesto riesgo para su salud en el penal de El Manzano II, a raíz de un foco de virus Hanta en el sector aledaño a la cárcel.
En fallo unánime, los ministros Claudio Gutiérrez, Patricia Mackay y el abogado integrante Jorge Montecinos no acogieron la acción cautelar constitucional presentada en febrero pasado.
La resolución determina que no hubo actuar ilegal o arbitrario de parte de la autoridad penitenciaria y la concesionaria Sodexho, ya que se han adoptado las medidas necesarias para evitar contagios con la enfermedad al personal y la población penal.
La sentencia acepta los argumentos de las autoridades y la empresa declarando que «tanto el Director Regional del BioBio de Gendarmeria como el Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región del BioBío adoptaron todas las medidas que se detallan en sus informes, destinados precisamente a erradicar el virus Hanta del recinto carcelario y a prevenir nuevas situaciones como las descritas en el presente recurso que pudieran afectar al personal que labora en éste como asimismo a la población carcelaria y en consecuencia, la presente acción constitucional debe ser rechazada, por cuanto ésta carece de objeto porque perdió oportunidad, ya que al haber desaparecido el supuesto agravio, no cabe adoptar medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho, que es la finalidad última de esta acción de protección de derechos constitucionales», dice el fallo.
Asimismo se asegura que corresponde al tribunal de alzada no le corresponde determinar normas para evitar el contagio con la enfermedad.
El dictamen aclara que «sin perjuicio de lo resuelto precedentemente, las medidas solicitadas por los recurrentes son de competencia de las autoridades de salud y penitenciarias y no de esta Corte, pues es a ellas a quienes les corresponde la adopción de las medidas sanitarias y técnicas destinadas a erradicar un virus y evitar la repetición de hechos como los reclamados, a través de inspecciones periódicas al recinto penitenciario», afirma la sentencia.
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