Los diputados de la Democracia Cristiana (DC) Carolina Goic y Jorge Sabag, valoraron y calificaron como un gran avance la aprobación de la Comisión de Familia del proyecto de Ley de Violencia Intrafamiliar que sanciona, entre otros puntos, la violencia en el pololeo, iniciativa que esperan sea aprobada por la Cámara Baja esta semana.
El proyecto fortalece la Ley de Violencia Intrafamiliar, sancionando a quienes estando en una relación amorosa sin convivencia, agredan a su pareja, arriesgándose a penas de presidio o multas en dinero de acuerdo a la gravedad de la falta.
Al respecto, el diputado y miembro de la Comisión de Familia, Jorge Sabag, explicó que «la violencia en las relaciones de pareja de los jóvenes ha aumentado considerablemente en los últimos años. Saber que jóvenes de 15 mantienen una relación amorosa en la que la violencia psicológica y física es una constante, es un pésimo pronóstico para su futuro, porque finalmente terminan aceptando esta violencia como una normalidad en sus vidas».
El diputado agregó que «la iniciativa busca proteger a las personas que tengan una relación de pareja con su agresor, sin que convivan, de manera que el delito de maltrato físico, psíquico o sexual sea sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo, (de 61 a 540 días) debido a los altos índices de violencia que actualmente se presentan en nuestro país entre pololos».
Por su parte, la parlamentaria dijo que «el pololeo, lamentablemente en muchos casos, se ha convertido en el inicio de estas relaciones tortuosas en donde los jóvenes se maltratan verbalmente, se descalifican e insultan y luego llegan a la agresión física de ambas partes, lo que se ha vuelto una forma de mantener un pololeo entre los menores».
Goic sostuvo que «el proyecto tiene sanciones similares a las de la Ley de Violencia Intrafamiliar, incluso la primera instancia de denuncia van a ser en los Tribunales de Familia y ellos tendrán que remitir al Ministerio Público en caso de delito. Otro de los objetivos del proyecto es que se dispongan de medidas de rehabilitación y cautelares, para que el juez pueda prohibir que la persona se acerque a la víctima».
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