Las integrantes de ‘Londres 38, espacio de memorias’, Erika Hennings, Gloria Elgueta y Magdalena Navarrete, asistieron a una reunión con el nuevo presidente de la Corte Suprema, ministro Sergio Muñoz, a quien le manifestaron su preocupación por la forma en que se han cerrado causas por crímenes de lesa humanidad y le pidieron tomar acciones para profundizar en investigaciones que permitan conseguir verdad y justicia.
Las representantes de la organización de Derechos Humanos, cuestionaron que en dichas resoluciones judiciales no aparecerían nuevos antecedentes ni información sobre el destino final o «procedimientos usados para hacer desaparecer a las personas detenidas por los organismos de represión de la dictadura militar», lo cual sería digno de atención.
En la reunión, de unas dos horas, Muñoz habría acogido positivamente las sugerencias de la delegación de ‘Londres 38, espacio de memorias’. El magistrado habría expresado una opición favorable a la solicitud de avanzar en el libre acceso a los archivos generados por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Rettig), que hasta ahora ha sido limitado, y señalado que por una prohibición generada en 2004 no ha habido posibilidad de trabajar con los generados por la Comisión sobre Prisión Política y Torturas (Valech), que tienen 50 años de reserva.
Según informaron las miembros de la comisión de Londres 38, en la misma línea, el ministro Muñoz habría manifestado que es «innecesario mantener bajo secreto los documentos y fichas incautadas hace ocho años en la ex Colonia Dignidad», en los cuales hay información sobre detenidos desaparecidos que fueron llevados por la DINA al predio alemán cerca de Parral.
La delegación de Londres 38 criticó, además, en que las sentencias y condenas son bajas para el tipo de crímenes cometidos, y que solo ha logrado encarcelar «a un reducido número de ex agentes de la represión», en particular a parte de la cúpula de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), pero se mantiene la impunidad para la mayoría.
Y enfatizaron en su preocupación por el alto número de causas paralizadas. Señalaron que 53 de los procesos que involucran a las 98 personas desaparecidas o ejecutadas en Londres 38, se mantienen en estado de «sumario» desde hace varios años. Y que pese a que fueron varias decenas de agentes quienes operaron en el llamado «Cuartel Yucatán», solo 23 han sido imputados, de los cuales muy pocos ha sido condenados.
Finalmente, en el diálogo con el presidente de la Corte Suprema, habría salido a colación que la acción investigativa de los jueces se habría visto debilitada «por la decisión política de ‘desmantelar’ organismos como la Brigada de Investigaciones contra delitos de Derechos Humanos de la PDI», según acusa Londres 38. La organización argumenta que dada una rotación del personal de la brigada especializada se ha perdido la continuidad, conocimientos y experiencias de los investigadores, por lo cual emplazan a las autoridades que asumirán en marzo próximo a reconstituirla.
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