Fin de escena

A pocas horas del último Mensaje al Congreso de Michelle Bachelet existe la convicción de que se irá con una gran promesa cumplida: la instalación de la protección social como un tema central en el desarrollo del país. Sin lugar a dudas la creación del pilar solidario en materia previsional marca un hito en la gestión de los gobiernos de la Concertación.

Queda también la sensación de que hizo una administración económica suficiente, aunque le faltó empuje e ideas en materia de innovación; que en  educación no aprovechó la oportunidad del amplio consenso social para el cambio que produjo el movimiento estudiantil secundario al comienzo de su gobierno, y que en materia de seguridad y defensa, tal vez el área más floja de su mandato, sólo dejó un suave y marcial chancleteo militar, y ningún Ministerio de la Seguridad.

En el ámbito netamente político, está planteada la discusión de si su estilo de gobierno desde un comienzo fue el gran depredador de la unidad de la Concertación, o por el contrario sólo fue un paréntesis para una coalición que ya venía agotada por un largo período en el poder y una difícil y lenta transición. Un recuento pormenorizado de los desencuentros políticos con sus partidos y todo el episodio en el cual perdió la mayoría parlamentaria, indican que tiene más de una responsabilidad en la crisis actual.

Con todo, por sus logros y los problemas que debió encarar, entre los que se cuentan los impactos de la crisis económica actual, queda un balance positivo, en un ambiente cauto sobre los contenidos finales de su gobierno, especialmente del último Mensaje. Respecto de él no hay expectativas de grandes anuncios,  aunque sí bonos sociales y medidas reactivadoras y pro empleo que deben consolidar su peak de popularidad y la aprobación popular con la cual llega al final de su gestión.

La crisis política de la Concertación

Aunque es injusto endilgarle toda la responsabilidad a la Presidenta, es evidente que ella se llevará como marca indeleble la derrota si la Concertación pierde el gobierno, en parte por no haberle podido traspasar su popularidad a la coalición, y en parte por ser también causa de muchos de los problemas de desafección.

Fue evidente desde el inicio del gobierno de Michelle Bachelet su deseo de tomar distancia de la vieja elite de la Concertación. En la presentación de su programa se declaró ajena a los círculos de poder y candidata de la ciudadanía y ya Presidenta dijo que «nadie se repetiría el plato».

Su búsqueda forzada de igualdad de género, la introducción de jóvenes desconocidos y sin experiencia y grupos de poder ajenos a los partidos como Expansiva, instalaron un malestar burocrático en la elite concertacionista desde el momento mismo de la designación del primer gabinete, en el que salvo Andrés Zaldívar, Alejandro Foxley, Osvaldo Andrade e Isidro Solís, la mayoría eran personajes de segunda línea o técnicos sin mucho carrete político.

Durante los meses siguientes concentró todos los temas en La Moneda y se movió al margen de las autoridades sectoriales, a muchas de las cuales sometió incluso a escarnios públicos, como hizo en más de una oportunidad con sus ministros. Hizo una rutina de la designación de comisiones especiales frente cada problema en una búsqueda compulsiva de consensos, lo que tuvo su momento culminante en el nombramiento de Joaquín Lavín como miembro del Consejo Asesor Presidencial sobre Equidad Social y el surgimiento de la doctrina del aliancismo bacheletista.

En este escenario, el gobierno dejó de ser un mecanismo de cohesión para la Concertación, y agravó las ácidas disputas al interior de todos los partidos ampliamente dominados por prácticas clientelares y de grupo.  La radicalidad valórica exhibida como sello inicial del gobierno se revirtió en problemas con la DC, y muchas iniciativas originadas en el Ministerio de Hacienda y no conversadas con los parlamentarios fueron duramente criticadas por los partidos de gobierno y oposición.

Si es efectivo que toda ingeniería política requiere de un concepto de orden que debe ser validado por los  propios actores para ser viable, ello nunca ocurrió en el gobierno de Michelle Bachelet. Por el contrario, la intención de disciplinar a los partidos fue la gota que rebalsó el vaso.

De esas disputas quedó tempranamente instalada la sensación de un gobierno sin experiencia y poco tacto político, incapaz de mantener la cohesión y su mayoría parlamentaria. A ello se agregó la fronda concertacionista expresada en una carrera presidencial larvada, iniciada al poco tiempo de su ascensión al poder, en la cual el presidente de su propio partido Camilo Escalona, gran amigo y sostenedor de la Presidenta, se apresuró a proclamar como precandidato a José Miguel Insulza.

Los roces con el Congreso en torno a políticas hicieron que muchos de sus parlamentarios y dirigentes, por igual en cada una de las tiendas concertacionistas, actuaran al borde de la ruptura, con evidentes signos de irritación y cansancio ante los yerros gubernamentales.

Parte del desorden de la Concertación tiene entonces su origen también en el gobierno y su conducta, en muchos de sus protocolos de poder diametralmente opuestos a los gobiernos anteriores.  

La protección social

En materia de políticas sociales, el gran logro fue la reforma previsional que instaló el pilar solidario y la pensión mínima universal para hombres y mujeres en un rango más que digno para los estándares internacionales.

Pero los tiempos vinieron sumamente apretados en el gobierno de Michelle Bachelet que debió enfrentar en más de una oportunidad la eclosión de problemas que se suponía estaban controlados. Entre ellos el movimiento de los estudiantes secundarios por la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, LOCE y la irrupción del salario ético con las huelgas de los subcontratistas de CODELCO.

Lo que estos movimientos hicieron fue cambiar el escenario social del país y obligar a un esfuerzo gubernamental no previsto donde se notó la improvisación, y al que poco tiempo después se agregó el Transantiago.

El origen de estos problemas era de larga data, pero estuvo siempre fuera de las previsiones gubernamentales. Lo de la subcontratación tuvo su origen en un uso empresarial abusivo del mecanismo durante años, que terminó precarizando todo el mercado de trabajo en el país. La paradoja es que estalló finalmente en relación a una empresa pública, CODELCO.

Ante el conflicto inicialmente el gobierno se omitió catalogándolo como un problema entre privados, hasta que se produjo un impasse entre el Ministerio de Hacienda y CODELCO con el Ministerio del Trabajo, y hubo una declaración de la Iglesia Católica en torno al salario ético. 

En ese momento, y en medio de una enorme presión social, se puso en el tapete la enorme brecha de desigualdad luego de diecisiete años de crecimiento económico basado en exitosas políticas de mercado pero con enorme desprotección social de la gente.

Algo similar ocurrió con la LOCE, cuya vigencia nunca estuvo en la mira de las autoridades del MINEDUC, pues se creía que la enorme cantidad de reformas experimentadas por ella en años anteriores eran suficientes para sostener cambios de equidad y calidad en la educación.  Menos aún se pensó que los actores más difusos orgánicamente y con menos bagaje conceptual como los estudiantes secundarios serían capaces de desencadenar y sostener un movimiento de la envergadura del que ocurrió.

Sin embargo el malestar era tan profundo que rápidamente dio al traste con los supuestos inamovibles.

En ambos casos, queda establecido que obedecen a problemas casi estructurales y que en uno de ellos, la educación, no tuvo voluntad ni imaginación para emprender un cambio de envergadura, entre otras cosas terminar con la municipalización. Más aún, se sometió a una dura crisis política en el caso de la Ministra Yasna Provoste por no actuar más drásticamente con el SEREMI Metropolitano y el enorme desorden financiero detectado por la Contraloría General de la República.

En el otro tema, si bien se avanzó en aspectos importantes, parece no existir ni condiciones ni mucha voluntad para concretar el tema fundamental: someter a discusión de ley  la negociación colectiva y terminar con la enorme asimetría en las relaciones laborales.

 En el resto de reformas al Estado, la Ley de Transparencia, que fue iniciativa parlamentaria, es lo más importante. La inscripción automática y el voto voluntario pudo ser  un avance, que sin cambio en el sistema electoral binominal y sin una Nueva Constitución, criterio que el gobierno ciudadano nunca compartió, deja siempre latente el problema de la representación política y las garantías constitucionales en una democracia.