Propuesta del legislador busca que todo ciudadano tendrá el derecho a gozar del patrimonio cultural e histórico, abriendo la posibilidad incluso de emprender acciones legales ante casos como la suspensión del documental »Epopeya». Sobre el polémico episodio, el parlamentario ex PPD asegura que »decir que TVN goza de plena autonomía sería negar hechos plenamente objetivos».
La abrupta salida de "Epopeya" de la parrilla programática de Televisión Nacional podría transformarse no sólo en un incidente de alta repercusión diplomática, sino también en un claro ejemplo para quienes quieren promover el acceso efectivo de la ciudadanía a temas culturales.
Uno de esos promotores es el diputado independiente y actor Álvaro Escobar, quien este miércoles presentará un proyecto de reforma constitucional para consagrar el derecho de acceso a la cultura, según adelantó el parlamentario a El Mostrador.cl.
La propuesta implica que todo ciudadano tenga el derecho de gozar del patrimonio cultural e histórico de la nación, permitiendo así que cualquier persona pueda emprender acciones judiciales para protestar, por ejemplo, por la no emisión del documental "Epopeya" de TVN o por los perjuicios causados por el incendio en calle Serrano en Valparaíso, Patrimonio de la Humanidad.
-¿Actualmente no existe ninguna instancia legal que proporcione ese derecho de una u otra manera a los chilenos?
-El derecho a la cultura no está consagrado en nuestra Constitución, salvo como un anexo del derecho a la educación, donde se reconoce el derecho de las personas a la libre creación y donde se especifica que el Estado debe propender al enriquecimiento cultural del país, pero está asociado al derecho a la educación. Con este proyecto que será presentado este miércoles es presentar el derecho a la cultura como una garantía constitucional.
-Al concretarse esta propuesta, ¿cuáles serían los principales cambios que produciría?
-La Constitución, como norma madre, rige todo el ordenamiento jurídico del país. Al consagrar el derecho a la cultura, se inicia un procedimiento donde todas las normas que son subordinadas a la Constitución Política como leyes, reglamentos y decretos, se adaptarán al derecho constitucional. Dependiendo de los términos, nosotros vamos a consagrar el derecho de la siguiente manera: "los chilenos tienen el derecho a acceder al patrimonio histórico y cultural de la nación. El Estado tendrá el deber de rescatar, proteger y promover los bienes, servicios y actividades culturales que estén relacionados a los valores esenciales de la tradición chilena y de la memoria e identidad del país».
-Con la promulgación de esta reforma constitucional, ¿los ciudadanos podrían, de manera individual, oponerse a decisiones como la de TVN de no transmitir el documental "Epopeya"?
-Si estuviese consagrado nuestro derecho par acceder a nuestro patrimonio histórico y cultural, un ciudadano común y corriente, perfectamente bien, podría validar su derecho de recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva para interponer un recurso de protección, puesto que no se está protegiendo su derecho a ver un documental sobre la Guerra del Pacífico, con la mirada que sea, pero que había sido anunciado y que sería transmitido por las pantallas de nuestra Televisión Nacional de Chile.
-¿Cuál es la falta que atenta contra los ciudadanos en este caso específico?
-Cualquier ciudadano, en este caso, podría haber aducido que se estaba violando su derecho a gozar y disfrutar del patrimonio histórico y cultural respecto de la disposición que queremos consagrar con este proyecto de ley.
«Historia del país es más que hitos militares»
-¿Cuáles son los principales conceptos que esta ley pretende destacar?
-Hay cuestiones que son de primer orden como los conceptos de memoria e identidad, que no existen en nuestro ordenamiento jurídico y además estamos asociando, como técnica jurídica, los valores esenciales de la tradición chilena y no solamente los de la tradición militar, que es como se entiende en la Constitución Política. Generalmente, los valores esenciales de la tradición chilena están ligados a nuestro escudo patrio, las fiestas que conmemoran hitos militares. Esta ley permitirá trascender a estas instancias y demostrar que somos mucho más que un país cuya historia se construye con muchos más elementos que solo hitos militares.
-¿Eso implica cambios, por ejemplo, en la forma de actuar del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes?
-Me imagino que sí, no las puedo aventurar en este minuto, pero me imagino que sí. Imaginemos cómo será nuestra institucionalidad cultural de aquí a 3 o 5 años más si esta incipiente comisión cultural del parlamento, que tiene menos de un año, partió por lo esencial: una modificación constitucional en la materia.
-¿Es válido este proyecto de ley en casos como el incendio que afecto a parte del casco antiguo de Valparaíso en febrero pasado?
-Cualquiera de los habitantes de la calle Serrano, donde se produjo la explosión dejando a nuestro patrimonio cultural en un estado paupérrimo, podría haber reclamado en virtud de este derecho y decir, sabe qué, nuestro patrimonio histórico está corriendo un serio peligro de ser destruido por una explosión que puede producirse en cualquier minuto o denuncias de que la humedad presente en las paredes está acabando con dicho patrimonio. Con esta ley, el ciudadano tiene una herramienta de la cual puede hacer uso, tal cual como existe el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación cuando existe una amenaza a ese derecho por parte, por ejemplo, de una empresa.
Autonomía de papel
Tras la polémica suscitado por la decisión de TVN de bajar de su programación al documental "Epopeya", una vez más quedó en cuestionamiento el carácter autónomo del canal, toda vez que bastó una llamada telefónica de la Cancillería. Según Escobar, ello sólo viene a ratificar que la estación sigue siendo el "brazo comunicacional" de la administración de turno.
-A su juicio, ¿TVN puede aún pregonar de su supuesta autonomía?
-La pregunta que yo me hago es cuántas veces ha ocurrido lo mismo sin que los chilenos nos hayamos enterado. Cuántas veces ha ocurrido que al director de programación o a la instancia que corresponda, se les ha llamado por teléfono para hacerle ver, entre comillas, la inconveniencia de sacar al aire cierto y determinado programa. Esa es una pregunta legítima a raíz de este caso puntual que ha sido más bullado. Con estos antecedentes, parece que TVN no es tan autónomo. Decir que goza de plena autonomía sería negar hechos plenamente objetivos. Lo que toda la gente conoce a raíz de "Epopeya" es algo objetivo.
-¿Debería entonces TVN dejar de hablar públicamente de autonomía si ocurren hechos como este?
-Yo creo que la pregunta es si TVN no es tan autónomo, por qué no se reconoce derechamente que esa autonomía no existe y analizamos la posibilidad que el directorio de TVN no sea pluralista, que quienes tomen las decisiones en el canal sean personas afines al gobierno de turno. Si hubiera sido así, no habría mucho que observar pues la Concertación ha estado en el poder por muchos años. Pero si hubiese habido alternancia en el poder, habríamos podido darnos cuenta de la mirada que un gobierno expresa a través de su programación televisiva.
-Al que si ocurre con las estaciones de televisión privadas…
-Por ejemplo, en el caso de Ricardo Claro, podríamos juzgarlo por el tipo de canal de televisión que tiene. O decir, en el caso de Chilevisión, éste es el canal de Sebastián Piñera y podríamos juzgarlo a él o a su eventual candidatura presidencial, por la programación que por cierto y determinado tiempo les ofreció a los chilenos. Eso en TVN no se puede hacer.
-A su juicio, ¿actuó correctamente el canciller Alejandro Foxley al recomendar que el programa no fuera emitido?
-Yo creo que actuó ajustado al derecho, pero decir eso no lo rescata al juicio que pueda tener. Por lo que vela el canciller es por la pacífica relación con sus vecinos. Él estaba velando por un valor que aquí ganó.
-Sin embargo se violó otro, que es el libre acceso de los chilenos a la cultura
-El derecho perjudicado aquí fue el derecho de todos a ver este documental en particular. Todo indica que las relaciones internacionales con otros países hay que protegerlas, sobre eso no cabe duda. Pero parece que en materia de cultura sí existen dudas. Entonces, en un país con una conciencia sobre sus derechos culturales y, con un marco jurídico que respalde dicha conciencia, se habría podido producir una discusión muy fructífera ente la ministra de Cultura, Paulina Urrutia, y el canciller Alejandro Foxley, donde ambos expusieran sus puntos de vista.
