Una ordenanza de la alcaldía de Los Ángeles hará obligatorio el uso de protección en las escenas de sexo durante los rojades. En la ciudad donde se produce 90% de las películas estadounidenses para adultos, la industria se siente amenazada.
Un logro esperado en materia de salud pública para unos, un golpe duro para una industria millonaria en la mirada de otros: la alcaldía de Los Ángeles aprobó el uso obligatorio de condones para los actores de películas porno en todos los rodajes que se realicen dentro de los límites de la ciudad estadounidense.
Con un apoyo abrumador de 9 contra 1, el Concejo municipal dio el visto bueno a una propuesta impulsada por la organización no gubernamental AIDS Healthcare Foundation (AHF, en inglés), dedicada a la lucha contra el VIH/SIDA.
«Es un gran día para los actores (del cine pornográfico) y para un sexo más seguro en nuestra sociedad. Es el primer cuerpo legislativo en considerar el tema con la seriedad que se merece y el apoyo unánime que se logró es muy gratificante», señaló el presidente de la fundación, Michael Wienstein.
La AHF llevó adelante una campaña solitaria de años contra un gigante económico: un negocio que oscila entre los US$7.000 y US$13.000 millones anuales, según distintas fuentes de la industria del cine para adultos, que en California tiene su base en el valle de San Fernando, aledaño a Hollywood.
Allí se rueda 90% de las cintas triple-X que Estados Unidos saca anualmente al mercado, tanto doméstico como internacional.
Desde las productoras se alzaron voces de protesta: consideraron a la ordenanza como una «amenaza» y una «invasión sobre los derechos de los actores» de decidir por sí mismos sobre el uso de protección en las escenas de sexo ante cámara.
Según la norma que entrará en vigor en 90 días, el uso de preservativos deberá ser impuesto en las filmaciones, una exigencia a la que los productores deberán dar consentimiento al momento de solicitar el permiso de rodaje ante las autoridades locales.
Además, las empresas de cine porno deberán pagar un arancel para subvencionar a los inspectores gubernamentales, que podrían llegar a los sets sin previo aviso.
Aunque ya existe una disposición local sobre el uso obligado de condones en películas condicionadas, hasta ahora las autoridades sólo podían actuar en respuesta a denuncias puntuales y no tenían capacidad de llevar adelante inspecciones para velar por su cumplimiento.
La nueva ordenanza ha ganado el apoyo del alcalde, Antonio Villaraigosa, ante lo que se ha considerado un «asunto de salud pública».
En los últimos meses, la AHF se dedicó a recoger firmas para someter la cuestión a votación popular, en un referéndum que iba a tener lugar en junio de este año. Y consiguió más del doble de las requeridas.
Así, el Concejo decidió que el apoyo ciudadano era lo suficientemente contundente como para considerar la propuesta en sus sesiones, sin necesidad de incurrir en el gasto millonario que implica una votación (unos US$4 millones, según la prensa local).
Y en la sesión concejal, sólo uno de los miembros votó en contra de los preservativos obligatorios: el representante de San Fernando, donde la industria porno tiene su epicentro.
Para los productores de pornografía, la decisión reviste consecuencias económicas: alegan que la imposición de los condones podría agravar el estado de un sector ya golpeado por la recesión y la crisis.
«La decisión del Concejo es otra muestra de abuso e intrusión por parte del gobierno. Las regulaciones se han impuesto sin consultar a las partes que sufrirán el impacto de la medida: los actores y productores», señaló Diane Duke, directora ejecutiva de la Coalición por la Libertad de Expresión (FSC, en inglés), una entidad que defiende los intereses de las empresas de entretenimiento adulto.
Según señaló Duke a BBC Mundo, el sector rechaza la injerencia gubernamental por considerar que la participación en actos sexuales ante cámara resulta de un «acuerdo consentido entre adultos».
«No se trata de la seguridad y la salud de los actores, es un intento por desacreditar a la industria. Para estos actores ya es difícil sobrevivir, tienen una vida profesional corta y no necesariamente bien remunerada. No se puede imponer una regla que atente contra una industria tan grande», expresó la vocera.
En el sector alegan que, para controles, bastan los que están en pie: la industria triple-X funciona de modo autorregulado, exigiendo revisiones médicas mensuales a sus figuras para, una vez confirmado que no son portadores de enfermedades de transmisión sexual, mantenerlos en una base de datos abierta para contrataciones.
Según señalan, registran al momento el índice de transmisión de enfermedades más bajo de la historia, lo que funcionaría como indicativo de éxito de sus estándares sanitarios.
Sin embargo, la mayor parte de la comunidad médica coincide en que, en la prevención del VIH y otras enfermedades sexuales, los chequeos –por muy frecuentes que sean- no remplazan al uso de protección.
Las estadísticas oficiales hablan de 17 casos de VIH reportados dentro de la industria entre 1998 y 2008, incluido un episodio de contagio múltiple en 2004 por parte de un actor a quien no se le había detectado el virus en su test mensual de rigor y, como consecuencia, expuso a 14 actrices con las que compartó escenas antes de que se lo confirmara como VIH positivo.
La noticia jaqueó a la industria por entonces y trajo aparejado el cese inmediato en las actividades de los estudios, con sus consecuentes pérdidas económicas. Y el escenario volvió a repetirse en 2010.
Los productores insisten en que el uso de preservativos es voluntario y queda a criterio de cada actor. Pero a la vez señalan que el público consumidor prefiere que las escenas transcurran «al natural».
Los críticos, en cambio, denuncian que existen presiones veladas para que los protagonistas de películas triple-X no echen mano a un condón en el set: lo que está en juego, en muchos casos, es la pérdida de futuras contrataciones.
Entre los actores, las opiniones varían: algunos se dicen libres de optar; otros consideran suficientes los chequeos médicos vigentes y hay quienes -como Derrick Burts, infectado por el VIH por su trabajo en cintas porno- abogan por fomentar la conciencia sobre la necesidad de protegerse.
En algo coinciden los trabajadores del sector y quienes abogan por más controles: la nueva disposición podría hacer que los estudios pusieran un alto a las filmaciones en Los Ángeles.
Los primeros usan el argumento como amenaza: señalan que la partida de un negocio multimillonario tendría repercusiones directas en el empleo, sobre todo en valle de San Fernando.
Para los críticos, la mudanza podría traer aparejado otro riesgo: que se genere un circuito clandestino de rodajes, donde sería aún más difícil ejercer controles.
