Opinión
Gonzalo Díaz Cuevas, Premio Nacional de Artes y Profesor Titular de la Universidad de Chile
El Consejo Universitario, órgano ejecutivo de la Universidad de Chile, en sesión del 16 de diciembre, acordó autorizar la realización de una operación de leaseback sobre el edificio del Hospital Clínico José Joaquín Aguirre. La decisión se adopta en un momento en que la viabilidad misma del Hospital está en cuestión y tiene, por lo mismo, el carácter de una medida de extrema emergencia.
La operación, de acuerdo a las condiciones de este leaseback, enajena el edificio del Hospital en favor de un banco para ser arrendado por la Universidad a ese mismo banco durante un lapso de 15 a 20 años, por un monto de 440 o 370 millones mensuales, según sea el caso, con opción de compra –es decir, de recuperación– al cabo del periodo. Afecta, pues, al patrimonio de la Universidad, que se ha visto progresivamente mermado desde la época de la dictadura y también en los años de la vuelta a la democracia.
Los recursos que se obtendrían con esta operación suman 53 mil millones, de los cuales solo 9 mil millones estarían destinados a inversión, para darle algún grado de competitividad al Hospital y posibilitar su acreditación. El resto, al pago de las deudas que tiene contraídas.
Por cierto, no queda claro cómo se podrá solventar la pesada carga del leaseback sin que ello afecte al funcionamiento de un Hospital de la complejidad de este, a la estabilidad de su personal y, en definitiva, a la posibilidad misma de que la Universidad ejerza en su ocasión la opción de compra.
El argumento en que se basa esta decisión es la inviabilidad del Hospital en las condiciones y magnitud de endeudamiento (44 mil millones de pesos) que gravan su ejercicio y el de toda la institución. Ni más ni menos.
No cabe duda que esta es una consecuencia más del esquema de financiamiento vigente de la educación superior y de sus nefastas consecuencias. La ideología fundamentalista que tiene su máxima expresión en el financiamiento a la demanda, no da para más.
Más o menos como la Universidad, que tiene que generar el 90% de sus recursos y a la vez competir en un contexto mercantilizado con las restricciones y controles de la administración pública, el Hospital, que ya no es parte de la red pública de hospitales, se ve llevado a competir en un mercado donde los privados llevan evidente ventaja. El mercado de la educación y el de la salud se suman y potencian en este agudo caso.
Esa es la condición genérica, pero también es importante entrar en los aspectos específicos que son, en su mayor parte, secuelas de esa condición. Y es que si bien la Universidad ha logrado mantener su calidad a pesar de un esquema de financiamiento tan adverso, en muchos casos ha sido a costa de perder terreno en su espíritu público.
La comunidad universitaria, que ya comienza a alertarse, tiene derecho a saber dos cosas fundamentales: una, ¿cómo es que se llegó a esta situación extrema? ¿Qué evaluación institucional existe de la gestión del Hospital Clínico en todos estos años? Dos, ¿por qué se adopta esta solución precisamente en este momento?
A propósito de lo primero, se plantea en el mismo acuerdo del Consejo la formulación de un plan de desarrollo del Hospital Clínico. ¿Qué ha sido de los planes anteriores? ¿Han sido conocidos suficientemente? ¿Ha sido evaluada su implementación en su proyección de mediano y largo plazo? ¿No se ha podido prever y proponer medidas preventivas respecto de la situación crítica de hoy? ¿Qué se puede esperar de un plan de desarrollo que, según toda apariencia, buscaría ganar competitividad para el Hospital en un contexto de privatización generalizada? ¿Qué otra cosa que no sea una agudización de la pérdida de su naturaleza y función pública?
Por eso, porque pareciera darse por sentado la invariabilidad del contexto, hay razones para plantear la segunda pregunta. ¿Es realmente este el momento oportuno para sancionar la enajenación del edificio patrimonial del primer y principal hospital universitario de Chile –sin siquiera detenerse en su significación histórica y emblemática–, institución en que se han formado tantas y tantos médicos que han prestado invaluables servicios al país?
Este tiempo en que la comunidad nacional se prepara para el advenimiento de un nuevo gobierno que ha declarado ser sensible a las demandas ciudadanas que reclaman precisamente un recuperación de lo público bajo la figura de los derechos sociales y de una mayor presencia del Estado, es un tiempo en que la Universidad puede y debe pensarse como una institución que ejerza liderazgo en esa recuperación exigiendo del Estado una nueva relación, en la que este concurra sustantivamente al financiamiento institucional y se replantee el vínculo del Hospital con el sistema público.
Por mucha verosimilitud que se pueda prestar a la solución acordada como la única posible, resulta claro que es indispensable ampliar la discusión al respecto y formular de manera fundamental un nuevo proyecto para el Hospital Clínico José Joaquín Aguirre acorde con los cambios profundos que la ciudadanía exige y que el futuro gobierno dice estar preparado para llevar adelante.
Todo aconseja prudencia, deliberación y debate en este momento. Le cabe al Senado Universitario, órgano representativo de la comunidad, triestamental, participativo y responsable de las grandes políticas y estrategias de mediano y largo plazo de la institución, hacer presente la necesidad de atender a ese consejo para que no adoptemos decisiones de última hora que con toda probabilidad tendrán consecuencias irreparables.
