La movilización de las y los funcionarios de DIBAM, que esperamos se resuelva positivamente, es mucho menos una reivindicación sectorial y mucho más una invitación a repensar críticamente el rol del patrimonio en las políticas culturales de nuestro país. Es de esperar que para la nueva ley se profundice una discusión que movilice las identidades, culturas y prácticas de diversos grupos sociales y que repercuta no solamente en una visión institucional del patrimonio de nuestro país, sino por sobretodo en la democratización radical de nuestro segregado y elitista campo cultural.
El desarrollo de las políticas públicas culturales en nuestro país tiene, al contrario de lo que las recientes discusiones sobre institucionalidad cultural podrían sugerir, una extensa trayectoria que se vincula de manera íntima con nuestra historia política y la siempre conflictiva construcción de un correlato simbólico que entregue sentido a la idea de Chile. En dicha historia, la creación de diversas instituciones culturales ha tenido como fin último modernizar la estructura básica para el funcionamiento y consecución de los fines simbólicos que nuestros gobiernos han buscado promover o desincentivar en nuestras diversas identidades nacionales, dando cuenta del carácter político de nuestras prácticas culturales.
Actualmente una parte importante de las discusiones sobre el desarrollo de nuestro campo cultural se articula alrededor de la creación de un nuevo Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Esta medida, puesta en marcha en 2011 bajo el gobierno de Sebastián Piñera, ha sido sometida a una oportuna revisión, introduciéndose una indicación sustitutiva firmada el 17 de diciembre pasado por la Presidenta Bachelet que incorpora importantes correcciones al proyecto original. En términos generales, el proyecto de ley busca subsanar una de las situaciones más criticadas por los agentes de las políticas culturales respecto del funcionamiento de nuestros organismos culturales, en especial del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. El propósito reside en coordinar las diversas instituciones culturales existentes en el país, creando un Ministerio con plenas atribuciones para un Ministro-Presidente de Consejo que hoy es únicamente un jefe de servicio, cuyo funcionamiento y presupuesto dependen del Ministerio de Educación, y cuyos sendos documentos de política cultural en la práctica parecen no tener un poder vinculante para el resto de la institucionalidad cultural. Mediante la creación de dos Subsecretarías (Subsecretaría de las Artes, Industrias Culturales y Culturas Populares y la Subsecretaría del Patrimonio Cultural), resultaría posible finalmente dar sistematicidad y unicidad a la acción de los organismos públicos en materia de cultura, problemática permanente de nuestras diversas políticas culturales.
La indicación sustitutiva fue enviada al parlamento el día 6 de enero, encontrándose por fin disponible para el escrutinio ciudadano. Como es esperable, existen distintos ámbitos en que la redacción debe ser objeto de una discusión exhaustiva en la que participen diversos agentes del campo cultural nacional para su tramitación parlamentaria. Sin embargo, hay una dimensión que ha suscitado una reciente discusión y movilización política por parte de las y los involucrados: las políticas culturales sobre el patrimonio, aspecto que desafortunadamente mantiene a las y los funcionarios de DIBAM en paro hace más de dos semanas. Para comprender dicho conflicto, creo necesario referirnos a algunos hitos en la conformación de nuestras instituciones culturales, lo que nos permitirá reflexionar sobre las nociones y las implicancias políticas que se encuentran en juego.
En la larga historia de las políticas culturales de nuestro país, existe un importante conocimiento acumulado en instituciones que hasta hoy cumplen un rol fundamental en nuestro campo cultural. La creación de la Biblioteca Nacional en 1813, del Instituto Nacional en 1817, del Ministerio de Justicia, Instrucción y Culto (precursor del Ministerio de Educación) en 1837, y de la Universidad de Chile en 1842, luego de la reforma a la Universidad Real de San Felipe, son muestra de la importancia de la dimensión cultural en el nacimiento de nuestro país. Con las celebraciones del centenario de la República este interés se renueva, patente en las nuevas instalaciones del Museo Nacional de Bellas Artes y la Biblioteca Nacional, la creación del Consejo de Monumentos Nacionales en 1925 y la creación de la DIBAM en 1929. La DIBAM nace justamente para coordinar la acción de diversas bibliotecas y museos nacionales, siendo una institución ejemplar en la articulación de la mayor red de infraestructura cultural del país y en el desarrollo de las sucesivas políticas culturales
No obstante el importante desarrollo y autonomización de instituciones públicas dedicadas a la cultura, su explosivo crecimiento (en especial en los últimos años del siglo recién pasado) no siempre se vio acompañado de mecanismos de coordinación a nivel político y programático, dando lugar a una institucionalidad fragmentada y dispersa. Este diagnóstico es una conclusión común a las diferentes comisiones de especialistas convocadas durante la década de 1990 y que orientaron la creación en 2003 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, cuya aparición vendría justamente a subsanar dicho escenario, buscando agrupar a la DIBAM, la División de Cultura del Ministerio de Educación, el Departamento de Cultura del Ministerio Secretaría General de Gobierno, el Consejo de Monumentos Nacionales, el Consejo Nacional del Libro y la Lectura, entre otros organismos. Como es sabido, en aquella ocasión se optó por la figura de un Consejo colegiado, rechazándose la figura de un Ministerio debido a que su carácter centralizado y vertical no sería apropiado para la naturaleza de los fenómenos culturales. El CNCA se caracterizaría entonces por ser un organismo descentralizado con mecanismos participativos sin precedentes en su constitución y en el diseño de las políticas culturales. Si bien algunos organismos dependientes de Ministerios pasaron a formar parte de CNCA, aquellos creados con leyes especiales (en particular la DIBAM, el CMN y la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores) no fueron absorbidos, sin perjuicio de su supeditación a las disposiciones de CNCA, participando en la práctica sus autoridades en el Directorio Nacional del Consejo.
A pesar de que en nuestro país se instaló la figura de un Consejo de las Artes, la idea de un Ministerio nunca fue abandonada del todo. Durante 2011 el entonces presidente Sebastián Piñera anunció el desarrollo de una nueva institucionalidad cuyo objetivo sería, nuevamente, modernizar la gestión pública en materia de arte y cultura. No obstante, la propuesta final de Piñera (enviada al parlamento en 2013) recibió fuertes críticas por parte de artistas, organizaciones y académicos fundamentalmente por la poca participación de los agentes del campo cultural y la ciudadanía en su diseño y en el posterior funcionamiento del organismo, la profundización de la centralización en las políticas culturales, e incluso el sesgo elitista y eurocéntrico en sus definiciones de cultura y patrimonio; situación última que, salvo notables excepciones, afecta de manera general las políticas culturales de nuestro país desde fines de la dictadura.
Con el cambio de gobierno, la administración de la presidenta Michelle Bachelet sometió a revisión el proyecto. Afortunadamente, el nuevo proyecto no logró presentarse durante los primeros cien días de gobierno, por lo que pudo ser objeto de un trabajo mayor que involucró en diversa medida a diferentes agentes del campo cultural, entre quienes las asociaciones de funcionarios asumieron un importante papel. En efecto, durante septiembre del año 2014 CNCA y DIBAM, con la participación del CMN, firmaron un convenio de trabajo conjunto entre cuyas temáticas se encontraba la discusión de una nueva institucionalidad que diese organicidad a las políticas culturales del país. En dichas discusiones los funcionarios de DIBAM han aportado con la elaboración de diagnósticos que identifican oportunidades y desafíos relativos a la posible duplicidad de funciones al interior del nuevo Ministerio, el sesgo negativo hacia las culturas populares, el rol estratégico del Sistema Nacional de Archivos, la mantención de un correcto equilibrio de atribuciones entre las nuevas Subsecretarías, la dificultad de distinguir con claridad la especificidad de sus funciones, la valoración de la experiencia de las y los funcionarios de los diversos organismos incorporados al Ministerio y la equidad en sus condiciones laborales. Una de las principales propuestas dirigidas a enfrentar estos desafíos consistió en convertir a la DIBAM en la Subsecretaría de Patrimonio Cultural.
Además de crear las Subsecretarías mencionadas e introducir la figura de las Estrategias Quinquenales Nacionales y Regionales para el Desarrollo Cultural (presumiblemente sucesoras de los documentos de política cultural elaborados por CNCA), la versión final de la indicación sustitutiva presenta modificaciones al funcionamiento de las instituciones dedicadas al patrimonio. Fundamentalmente, la nueva redacción convierte a la DIBAM en el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, dependiente de la Subsecretaría de Patrimonio. Este Servicio administrará renovados Sistemas Nacionales de Archivos, Museos y Bibliotecas, adquiriendo junto con ellos presencia regional. Asimismo, del Servicio dependerá el nuevo Fondo de Patrimonio Cultural, reproduciendo la a estas alturas habitual, aunque cuestionada, lógica subsidiaria en el financiamiento de la cultura.
La firma de estas modificaciones mediante un protocolo entre las autoridades involucradas y una parte de las agrupaciones de funcionarios el día 16 de diciembre llevó a que ANFUDIBAM objetase el proyecto, el que no recogería el trabajo realizado con anterioridad, gatillando el actual paro. A juicio de la directiva de la Asociación, la posición de Servicio mantiene un campo de acción reducido para la transformada DIBAM, especialmente en términos de atribuciones político-administrativas y laborales. A pesar de las indicaciones respecto a las extendidas atribuciones del organismo y la introducción de medidas de estabilidad laboral y salarial en el traspaso de funcionarios a la nueva institucionalidad, el Servicio Nacional del Patrimonio queda únicamente como ejecutor de políticas y planes, puesto que la propuesta y diseño de los mismos corresponde al Ministro(a), las Subsecretarías y el Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (órgano consultivo en cuya nueva conformación las y los funcionarios podrán proponer un o una representante), cumpliendo el Servicio sólo algunas de las atribuciones del nuevo Ministerio. Si bien el protocolo dispuso una mesa bipartita de trabajo, lo cierto es que desde el ejecutivo parece por ahora cerrada la posibilidad de restituir a la DIBAM un rol de mayor protagonismo dentro del nuevo Ministerio, quedando ello en manos del Parlamento. Al mismo tiempo, el apoyo cerrado del Director de la DIBAM a la indicación sustitutiva le ha traído como consecuencia una importante pérdida de legitimidad como interlocutor entre las y los trabajadores y las autoridades de Educación y el CNCA.
Esta situación parece reiterar la compleja relación entre CNCA y DIBAM. A partir de las discusiones parlamentarias que dieron lugar a la creación del CNCA, se construyó un consenso tácito (y en cierta medida, táctico) consistente en que la DIBAM y el CMN abordarían el patrimonio material, mientras que el CNCA se encargaría del patrimonio inmaterial. Se trata de una distinción operativa que permitió a CNCA incorporar el tema del patrimonio en sus instrumentos de política cultural, pero en gran medida arbitraria, puesto que la DIBAM desarrolla importantes iniciativas de protección del patrimonio inmaterial, al mismo tiempo que el apoyo de CNCA también abarca el patrimonio material, a pesar de carecer de mecanismos sistemáticos que permitan evaluar su acción pública (problema que resulta de carácter estructural dentro del organismo, como he argumentado con anterioridad). Por otra parte, a pesar de la participación fáctica de la DIBAM en el directorio de CNCA (como representante del Ministerio de Educación), su rol ha tenido importantes límites. Dicho de otro modo, si bien la DIBAM formalmente participaba en la definición de las políticas públicas mediante su presencia en el Directorio Nacional de CNCA, generalmente se ha visto marginada de la decisión y coordinación programática.
Mi impresión es que en este conflicto no sólo se juega el rol de una institución y sus funcionarios, dimensión ciertamente importante. Antes bien, existen fundamentalmente tres niveles en los cuales la discusión sobre el patrimonio en el marco de la nueva institucionalidad es relevante. En un primer nivel conceptual, es posible identificar un enfrentamiento entre dos modelos de abordaje del patrimonio, los cuales forman parte de un paradigma de políticas patrimoniales modernas sancionadas por organismos internacionales tales como UNESCO. Sin perjuicio de que por definición se identifican como ámbitos necesarios y complementarios, en ambos es posible identificar tanto importantes logros como innegables límites.
El primero de ellos consistiría en un modelo tradicional de patrimonialización mediante la musealización. Su discurso promueve la identificación de grandes obras (en un sentido amplio) de la humanidad. Si bien permite proteger las manifestaciones culturales de su desaparición en los procesos de modernización, habitualmente tiende a cosificarlas en determinados registros y soportes que presentan afinidad con la idea de patrimonio material. Tales soportes son incorporados en la construcción de un repertorio estático correspondiente a un relato nacional unívoco. Su mayor logro es contribuir a la construcción de una idea de lo nacional; sin embargo, su principal riesgo reside en la esencialización de lo que consideramos cultura, dificultando el reconocimiento de nuevas prácticas. Asimismo, es posible identificar un modelo de patrimonialización centrado en las prácticas culturales. Este modelo reconoce determinadas performatividades de diversa historicidad como soporte de identidades que son afines a la idea de patrimonio inmaterial. Al igual que el modelo anterior incorpora tales prácticas en un relato único de la nación moderna, pero esta vez mediante la exotización de las mismas. Este ejercicio, en su afán de visibilización de la diferencia, introduce racionalidades ajenas al campo de ejercicio de las manifestaciones (por ejemplo, mediante la competencia por la obtención de fondos del Estado) y subordina las prácticas a puestas en escena multiculturales funcionales, por ejemplo, al principio racista de una nación espectadora de la diversidad. Su mayor aporte es la idea de un patrimonio vivo y diverso, mientras que su límite es la construcción de una otredad subordinada. Naturalmente, sólo mediante la complementariedad de ambos modelos es posible controlar estos riesgos y pensar en un patrimonio representativo de un Chile diverso y democrático. A modo de ejemplo, los procesos de memoria social, tan relevantes para la historia reciente de Chile, sólo pueden ser comprendidos a cabalidad mediante la articulación de marcos de memoria que se manifiestan en soportes inmateriales y materiales.
En un segundo nivel, relativo al diseño y ejecución de políticas culturales, las virtudes y límites de los modelos de patrimonio existentes en las políticas culturales de Chile no necesariamente se complementan en términos de un reconocimiento efectivo y aplicación de los aprendizajes institucionales en la materia. No es necesario reiterar la importancia de la DIBAM en términos de su rol histórico en la consolidación de las políticas culturales de nuestro país, mucho menos recordar que este organismo administra la mayor red de infraestructura cultural de Chile, la que cumple funciones de desarrollo social que exceden la dimensión exclusivamente cultural. Considerando lo anterior, ya la posición de DIBAM en relación a las políticas culturales se vio afectada en 2003 con la creación del CNCA; no obstante, con el nuevo proyecto de ley la DIBAM mantiene un rol secundario en lo que a definiciones de política cultural refiere, supeditada a la Subsecretaría de Patrimonio. En este sentido, siguen siendo válidas las aprehensiones de las y los funcionarios respecto de la especificidad de funciones de cada unidad, y la posibilidad de replicación de esfuerzos; situación que amerita una mayor discusión parlamentaria. Relegar a DIBAM a una posición de servicio, en lugar de considerarla como una subsecretaría dentro del nuevo ministerio como buscaban las y los funcionarios, lejos de entregar autonomía en su acción, le pone en una situación de dependencia administrativa que no hace justicia al relevante papel que ha jugado por más de ochenta y seis años. En efecto, con lo complejo que resulta un equilibrio en términos de conceptualización e implementación de políticas para el patrimonio, el trato dado a la DIBAM obstaculiza la puesta al servicio de la cultura del país su acción pública y el aprendizaje acumulado a lo largo de su historia institucional. Una situación que solamente es comparable con el tratamiento que ha recibido la Universidad de Chile respecto de las políticas culturales, institución que hasta el golpe de estado de 1973 funcionó como un Ministerio de Cultura de facto en nuestro país.
Finalmente, en un tercer nivel de carácter político, resulta de interés reflexionar sobre cómo el desequilibrio en la definición del rol de las instituciones culturales públicas afecta la dimensión política de nuestra sociedad. Aquí es necesario ir más allá de las necesarias, pero a mi juicio limitadas, discusiones sobre el posiblemente desequilibrado rol que determinadas y determinados funcionarios y autoridades jugarían en el nuevo diseño de institucionalidad cultural, ámbito más cercano a las relaciones públicas y, en última instancia, al sistema político que a la política misma. Poco importa en el estado actual de las discusiones si tal o cual persona, producto de su capital social, cultural o político tendrá determinado cargo en el nuevo ministerio. Importa más para todos y todas las ciudadanas cuestionarse y cuestionar a nuestras autoridades sobre el efecto que determinados modelos de política cultural tendrán en el desarrollo del patrimonio en nuestro país y en cómo diversos grupos sociales finalmente se verán partícipes de una redefinición de lo nacional desde una diversidad igualitaria que reconozca sus prácticas y soportes. La creación de un Ministerio presenta la posibilidad de abandonar los simulacros de participación, visibilizando lo que en tanto sociedad podemos definir como nuestros patrimonios, permitiendo una canalización efectiva de nuestros aprendizajes institucionales, nuestras construcciones identitarias y nuestras experiencias colectivas. Sin embargo, el escenario actual dista de ser claro al respecto.
En este contexto, la movilización de las y los funcionarios de DIBAM, que esperamos se resuelva positivamente, es mucho menos una reivindicación sectorial y mucho más una invitación a repensar críticamente el rol del patrimonio en las políticas culturales de nuestro país. Es de esperar que para la nueva ley se profundice una discusión que movilice las identidades, culturas y prácticas de diversos grupos sociales y que repercuta no solamente en una visión institucional del patrimonio de nuestro país, sino por sobretodo en la democratización radical de nuestro segregado y elitista campo cultural.
Simón Palominos Mandiola
Sociólogo, docente Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile
