Presentan Recurso de Protección contra el Ministro Ottone por censura de carácter político

En estos momentos, el refrán que dice que es peor el remedio que la enfermedad podría representar, con toda claridad, la realidad que, a partir de hoy, comenzaría a experimentar el Consejo de la Cultura y las Artes.

La decisión de última hora de bajar unilateralmente una obra de arte de una exposición en el Centex de Valparaíso, para sacarse un problema de encima con la Nueva Mayoría al permitir la exposición de un video que podría afectar la sensibilidad de la familia Allende, hace que ahora el tema vuelva a flotar y con mayor intensidad, al anunciarse que este jueves se presenta un Recurso de Protección contra el ministro de Cultura Ernesto Ottone por vulnerar la Constitución y pactos internacionales, al aplicar la censura previa de una obra de arte por razones políticas.

La acción, patrocinada por los abogados Cristián Riego y Juan Pablo Delgado, de la Clínica de Interés Público y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, en representación del artista visual Felipe Rivas San Martín, se justifica ante el acto arbitrario de la autoridad cultural de “no haber permitido la exhibición pública de la obra Ideología” del mencionado autor, programada para ser parte de la muestra Invisible en el Centex del Consejo, sede Valparaíso, y que se inauguraría el pasado 9 de julio.

El recurso busca que la Corte ordene al CNCA la exhibición de la obra en el propio el Centex, en las condiciones contractuales establecidas, por el tiempo que resta de la exposición Invisible. Ahora, claro, con toda la publicidad que ofrece un pleito en sede de tribunales.

La obra en cuestión, Ideología, producida en un contexto que pretendía abrir un espacio de discusión sobre la disidencia sexual y la inclusión, incorporaba contenido sexual explícito (en concreto, se trataba de un acto de masturbación frente a una fotografía de Salvador Allende).

Por lo mismo, se estableció que la instalación tendría reservada una sala semicerrada, que pudiera contener la obra. “Otorgaba mayor resguardo al montaje y permitiría –de ser necesario– advertir a los asistentes sobre el contenido de la obra, con la suficiente anticipación”, dice Rivas.

Un par de días antes de que la obra fuera montada, de acuerdo a lo previsto en el convenio que el artista firmó con el CNCA, y que se ve reflejado en la Orden de Compra por un millón de pesos que despachó la entidad cultural, a Rivas se le informó que la instalación no podía ser expuesta, sin que le dieran respuestas convincentes.

Según Rivas, primero se le dijo que había una disposición patrimonial que se lo impedía, y que jamás se le presentó; luego, que era un tema de espacio; para, finalmente, invocar que la obra al contener material sexual explícito no podía instalarse, ya que podía ser vista por menores.

El ministro Ottone, incluso, negó públicamente que se tratara de una acción de censura, sino que era una decisión editorial, tomada, por cierto, luego de todo el proceso de producción de la obra por cuenta del artista y programada para exponerse el 9 de julio. El día del montaje al artista se le prohibió el acceso al Centex y durante la misma jornada se le envió la cancelación de la orden de compra.

Según los abogados que presentan la acción, el acto arbitrario de la autoridad cultural habría vulnerado al menos tres garantías constitucionales: el derecho a la libertad de expresión sin censura previa, el derecho a la libertad de difundir las artes y el derecho a la igualdad ante la ley, reconocidos en la Carta Fundamental en su artículo 19, N° 12, N°25 y N°2, respectivamente.

Como expresaron los abogados Riego y Delgado, la obra Ideología fue contratada y solicitada específicamente por el CNCA para ser exhibida en la muestra Invisible, como queda demostrado en el contrato y la orden de compra entre el artista y el organismo estatal.

Ese contrato habría producido el derecho del artista de exhibir esa obra en particular, en las condiciones acordadas. Al impedir la exhibición del video, el montaje de la pieza y anular unilateralmente el contrato, el CNCA habría vulnerado el derecho de difusión de esa obra artística, derecho consagrado en la Constitución Política de Chile desde 2001. Al mismo tiempo, se vulneraría el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que consagra la libertad de expresión artística sin censura previa.

A juicio de los abogados, la decisión del Consejo de la Cultura constituiría un claro caso de censura por razones políticas, pues la razón de fondo de no exhibir el video no se debería al contenido sexual de la obra, sino a la utilización de una fotografía del ex Presidente socialista Salvador Allende.

Según información que recibió el artista, el video había sido visto días antes de la inauguración por Fernanda Castillo, la jefa de gabinete del ministro Ottone, lo que explicaría la tardía reacción del CNCA.

Fernanda Castillo habría recomendado al secretario de Estado el retiro del video de la muestra, debido a que podría generar un conflicto con parlamentarios del Partido Socialista, específicamente con la senadora Isabel Allende, actual precandidata presidencial del PS e hija del ex Mandatario aludido en el video. Todo esto, en el marco del debate parlamentario por la transformación del Consejo de la Cultura en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Para los patrocinadores del recurso, el argumento del contenido sexual de la obra, señalado por Ottone en una entrevista a The Clinic, ha quedado desestimado, debido a que existen actualmente otras obras en exhibición con contenido similar, como el video de la acción Los zapatos, de Carlos Leppe, y la exhibición en el mismo Centex de material pospornográfico en años anteriores.

“La censura que afecta al recurrente Felipe Rivas implica una vulneración al principio de igualdad ante la ley, dado que ha sido tratado de forma desigual y discriminatoria. Esto se configura porque el Centex ha permitido con anterioridad la exposición de obras con similares características –contenido sexual explícito– en sus instalaciones, las cuales nunca fueron censuradas. Así por ejemplo tenemos el caso del video postporno Mi sexualidad es una creación artística, de la artista chilena Lucía Egaña, el cual fue presentado en las dependencias del Centex el 07 de diciembre de 2011″, indican los abogados en el escrito.

Este punto sería clave, pues demostraría que Centex sí ha sido un espacio donde históricamente se han exhibido materiales de este tipo.

Según ha indicado el artista, esta censura por parte del Consejo de la Cultura se agrava, puesto que “ha sido ejercida por un organismo del Estado, contra un artista, involucrando recursos públicos que son patrimonio de todos los chilenos y chilenas”.

Además de lo anterior, la bajada unilateral de la obra y la denuncia de censura previa por razones políticas que motiva, se da justo en el momento en que desde el propio Consejo se ha invitado a artistas a llevar a cabo coloquios públicos para definir la ansiada Política de Artes de la Visualidad.

En este sentido, esta polémica no podría jugar más en contra.