El abogado Lorenzo Soto Oyarzún alegó que el nuevo texto «discrimina a favor de un sector y en perjuicio de los otros sectores económicos del país que no tienen semejantes medidas económicas de beneficio para salvarse en situaciones de crisis como la que afecta a la salmonicultura».
El Tribunal Constitucional acogió este miércoles la impugnación presentada por 34 diputados contra la modificación de la Ley de Pesca y Acuicultura, que permite que las salmoneras puedan usar las concesiones marítimas otorgadas por el Estado como aval bancario.
El abogado patrocinador del recurso, Lorenzo Soto Oyarzún, afirmó en un comunicado que esta legislación «establece una privatización de bienes, que son bienes nacionales de uso público, como es el mar territorial y las aguas interiores de Chile».
Además, según el letrado, la ley «tiene que ser dejada sin efecto porque fue objeto de vicios en su tramitación al no haberse consultado a la Corte Suprema» y por no contar con suficiente quórum en la votación para su aprobación.
La modificación en la Ley de Pesca y Acuicultura, impulsada por el Gobierno de Michelle Bachelet, pretende salvar de la crisis a la industria del salmón, que desde noviembre de 2007 ha despedido a un tercio de los 57.000 empleados que mantenía en Chile, el segundo productor mundial de ese pescado.
La iniciativa, presentada en enero del año pasado, fue aprobada por dos tercios de la Cámara con el apoyo de parlamentarios oficialistas y opositores, y pasó al Senado, donde fue despachada en junio.
Oyarzún alegó que el nuevo texto «discrimina a favor de un sector y en perjuicio de los otros sectores económicos del país que no tienen semejantes medidas económicas de beneficio para salvarse en situaciones de crisis como la que afecta a la salmonicultura».
El proyecto también refuerza la capacidad de fiscalización y penalización del Servicio Nacional de Pesca, organismo encargado de ello, y modifica la regulación sanitaria y ambiental.
El Tribunal Constitucional debería pronunciarse en los próximos diez días, pero, para Oyarzún, «es probable que por la lógica y tramitación propia de estas materias, esto pueda tomar más tiempo».
