Presidente adelantó que estudiarán recomendaciones para transparentar operaciones de socios de corredoras y superar el mero cumplimiento «formal» de las reglas.
Ni la extensa entrevista del gerente general de LarrainVial, Fernando Larraín, a El Mercurio, respaldando la idoneidad de su socio León Vial en el caso Cascadas, consiguió enfriar las conclusiones de la reunión del Comité de Buenas Prácticas de la Bolsa de Comercio de Santiago.
La entidad asesora que preside el abogado Enrique Barros –e integran Leonidas Montes, Lisandro Serrano y los suplentes Jorge Jaramillo y Jorge Tarziján– se reunió ayer por casi cinco horas en las oficinas del profesional para debatir sobre el caso. Y las conclusiones fueron inequívocas.
Aunque la SVS no ha formulado cargos al vicepresidente de la Bolsa y el Comité no está investigando la actuación de Vial y los máximos ejecutivos de la corredora, los antecedentes revelados por el documento de la SVS fueron suficiente aderezo para que Barros y compañía adelantarán propuestas de cambios relevantes para evitar casos como el desatado con la formulación de cargos contra el controlador de SQM y las cascadas, Julio Ponce Lerou, además de su círculo cercano.
Barros dijo que hubo acuerdo en la necesidad de estudiar modificaciones a la normativa de la Bolsa para asegurar la transparencia y competitividad de las transacciones y que den certeza también de la neutralidad de las corredoras, para que respondan a su deber fiduciario con sus clientes.
Esto, indicó, implica analizar cambios a los plazos de difusión de los remates, el fraccionamiento de los mismos y otras variables que forman parte de una operación en la cual se asegure que una oferta por acciones sea genuinamente desafiada por otro oferente.
Al mismo tiempo, Barros dijo que consideran necesario ampliar las exigencias de información al mercado relativa a los conflictos de interés, adelantando que las operaciones de sociedades relacionadas a las corredoras debieran ser informadas con mayor abundancia al mercado.
Estos puntos fueron reiteradamente analizados por la SVS en la formulación de cargos de septiembre pasado a Julio Ponce y otros tres ejecutivos cercanos a él, por eventuales infracciones a las leyes de Mercado de Valores y de Sociedades Anónimas.
Leonidas Vial y su corredora fueron implicados en el caso por la SVS como «instrumentales» en el esquema de Ponce Lerou. El ente regulador cuestiona que LarrainVial, además de intermediar los remates, ofrecía al mismo tiempo dichos negocios al también socio de Blanco y Negro, todo lo cual se enmarcaba en fórmulas de publicidad y difusión que cumplían con las formalidades de las normativas del mercado, pero no daban cuenta del espíritu de las mismas, que era maximizar el precio de cada operación, fomentando la competencia en el ruedo.
“Las formulaciones de cargo de la SVS señalan que las actuaciones de corredoras que han participado y las operaciones bursátiles realizadas, formalmente han cumplido las reglas que exigen las operaciones bursátiles. Sin embargo, el Comité estima que estas operaciones plantean cuestiones delicadas, que deben analizarse con cuidado a efectos de perfeccionar el ordenamiento regulatorio vigente. Nos preocupa que las operaciones de Bolsa efectivamente expresen o representen acuerdos adoptados en un mercado abierto, competitivo y transparente”, dijo Barros.
El abogado indicó que, en opinión del Comité, “todas las operaciones de Bolsa tienen que realizarse en mecanismos de subasta pública, como lo dice la ley, y no solamente en la letra sino que también en el espíritu”, explicando que “por eso es esencial que la regulación favorezca que todas las transacciones sean efectivamente desafiables. Todos los negocios sean desafiables por una oferta competitiva y abierta siempre a la competencia”.
De esta forma, dijo que estiman que debe estudiarse la legitimidad del negocio que se realiza con este tipo de operaciones, si existe protección de intereses del público y si se produce competitividad en el mercado. En este sentido, indicó que deberán “estudiar, por ejemplo, los plazos de anuncios y difusión de las operaciones”.
Este es uno de los aspectos más reiterados en la investigación de la SVS, que cuestiona lo ajustado de los plazos con que se publicitaban en los terminales de la Bolsa los remates que venían. Se cumplían con una o dos horas de holgura las exigencias legales, pese a que en varias ocasiones se trataba de montos superiores a los US$ 150 millones o US$ 200 millones, no sencillos de reunir en tan poco tiempo, según las AFP y Moneda Asset.
Esto, no obstante, fue refutado por Fernando Larraín en su entrevista con El Mercurio, donde dijo que casi todos los remates en que intermediaron tuvieron puja y concluyeron con precios más altos de los inscritos.
La SVS abordó en el oficio de formalización de cargos operaciones con segundos o minutos de distancia, debido a la subdivisión de las transacciones. Barros no dejó pasar el punto.
“Los efectos de su fraccionamiento en diversa órdenes, que permiten que los tiempos se acorten; cuando una orden se divide, los tiempos se acortan de media hora o más a 30 segundos. Entonces esa asimetría que existe creo que es una asimetría regulatoria que hay que hacerse cargo para efectos de que todas las órdenes sean efectivamente desafiadas”, detalló.
Esta medida no toca solamente la actuación de LarrainVial. Otras corredoras, como BanChile, intermediaron operaciones de este tipo y por ello en el mercado se especula que también podrían objeto de cargos en los próximos meses.
Pero el golpe que parece apuntar directo a la forma en que operó León Vial, fue el anuncio de estudiar mayores exigencias de información para las sociedades relacionadas a las corredoras, por ser propiedad de ejecutivos, directores y socios de las mismas. En otras palabras, prevenir el conflicto de interés.
Vial tiene casi un tercio de LarrainVial. Sus operaciones a través de Inversiones Saint Thomas y La Viña prácticamente no se conocían públicamente en el mercado, por lo que existía poca transparencia respecto de su interés en las distintas transacciones que intermediaba la corredora, con la cual está obligado por norma a operar para negocios personales. Por cierto, Barros dijo que la obligación de los socios de operar a través de su corredora no se modificará y es positiva.
“Creemos que en la actuación de las corredoras tienen que existir reglas más extensas que las actuales en cuanto a conflictos de interés; los conflictos de interés –y es algo que tenemos muy claro especialmente los abogados del Comité– no significa imputar, sino que se actúe en contra de ellos, pues son siempre potenciales, hay que anticiparse a ellos. Por el hecho de ser conflictos de interés se debe establecer inhibición y deber de publicidad, y a nosotros nos preocupa especialmente la distinción, que existe en operadores vinculados a corredoras, entre entidades reguladas y entidades no reguladas”, dijo Barros.
Según explicó, en las primeras propuestas hechas por el Comité desde que fue creado propusieron reglas que garantizaran la neutralidad de las corredoras frente a las órdenes, pero reconoció que no tienen capacidad ni existe una forma de “entrar” a entidades o sociedades vinculadas a las corredoras, pero que no son reguladas.
“Creemos que nuestra capacidad de regulación y de fiscalización –y de organismos públicos desde luego– debe extenderse a todas las sociedades relacionadas con corredoras. Paralelamente, es necesario aumentar los niveles de información y garantizar cumplimiento de los deberes fiduciarios de las corredoras que, ante todo, se deben a sus clientes. Creemos que las regulaciones y todos los mecanismos de reglas que rigen el buen comportamiento del mercado bursátil no sólo deben alcanzar a las corredoras, sino a las sociedades vinculadas, ejecutivos, dueños, etc. ”, apuntó.
A su juicio, si se aumentan los niveles de información sobre estas operaciones, se garantizan los deberes fiduciarios con los clientes, se cumplirá una función preventiva ante “conductas impropias” y “naturalmente (se podrán) evitar sospechas injustificadas, porque si no hay información es natural que se produzca incertidumbre”.
Barros detalló el punto, indicando que hacia donde podrían avanzar en sus recomendaciones es en la línea de las reglas sobre operaciones con sociedades relacionadas para las sociedades anónimas, establecidas en el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas, el cual determina la manera cómo se hacen estas transacciones cuando un director o accionista tiene interés en la operación. “De la misma manera debiera haber reglas para hacerse cargo de operaciones bursátiles de personas relacionadas… Que fuera público y abierto”, dijo el abogado. En su opinión, lo que hoy regula estas operaciones “no es suficientemente específico”.
Barros no titubeó al explicar el origen de estas posibles recomendaciones. “Lo que nosotros queremos es prevenir situaciones y precisamente no solamente que se presten para actuaciones impropias, sino que para sospechas. Nosotros estamos convencidos que el sistema bursátil se apoya en la confianza, hay que establecer reglas que favorezcan la confianza”, indicó, parafraseando los dichos del Presidente Piñera, que hace algunos días dijo que casos como el de SMU y Cascadas afectaban la confianza del mercado y la sociedad.
Barros tuvo cuidado de apuntar con el dedo a León Vial o su corredora. En particular, porque no se le han formulado cargos. “El rol de LarrainVial en este proceso no es objeto de investigación por parte del Comité, si hubiese antecedentes que nos lleven a pensar que hay algún corredor, cualquiera sea, que pudiera ser sancionado o investigado por el Comité, pierda cuidado que lo vamos a hacer”, advirtió.
Consultado si cambiaría el escenario en caso de que la SVS le formule cargos, reconoció que podría variar. ”Es probable que cambiara, (pero) en este momento estamos viendo básicamente la parte regulatoria, los remates por orden directa, conflicto de interés, publicidad, todo lo que pueda estar regulado”, explicó.
Aseguró que no recibió ningún llamado de Vial y que evitó tener contactos antes de la reunión. Defendió la autonomía e independencia del Comité y también descartó que exista conflicto de interés de su parte al haber realizado un informe pagado a Norte Grande y Oro Blanco, que sirvió a los directorios que lidera Ponce Lerou para rechazar la entrega de información sobre las operaciones que luego aparecerían en la formulación de cargos hecha por la SVS. Por cierto, ningún integrante del Comité pidió la inhabilidad de Barros.
Barros adelantó que contratarán asesores externos, que en los próximos 30 días dedicarán tiempo a recabar información y opiniones de las corredoras, incluyendo antecedentes de las operaciones del caso Cascadas, pero reconoció que propuestas al directorio de la Bolsa tardarían en florecer entre 3 y 5 meses.
En su opinión, el día que el directorio de la Bolsa analice temas derivados del Comité sobre materias que pudieran estar vinculados a León Vial, este debiera abstenerse de participar.
