De haber un pronunciamiento de la Contraloría que respalde la tesis de la estatal, en cuanto a que existen conflictos de interés tras su salida del Consejo, el próximo paso podría situarse en tribunales, aunque difícilmente el actual presidente de las sociedades cascada sufra sanciones legales.
Eduardo Bitran, vicepresidente de la Corfo, llevó a cabo lo que había anticipado hace unos días. Apenas se supo que el paradero de Rafael Guilisasti serían las sociedades cascada sobre SQM, la actual autoridad de la Corporación comunicó que estaban en plena revisión de las implicancias jurídicas que entraña la decisión del ex consejero de la estatal, marcada –a juicio de Bitrán– por la imprudencia, al ser sujeto de un evidente conflicto de interés.
Era la palabra de la autoridad de la Corfo contra la de Guilisasti, quien –descansando en su trayectoria empresarial– descartó cualquier conjetura generada por su salida. Según él, no existe conflicto, pues no coincidió en ambos cargos –consejero de la estatal y presidente de las cascadas–. En el marco de este enfrentamiento de verdades, Bitran dio detalles respecto de la información que conocía Guilisasti tras dejar la Corporación; sin embargo, no contento con ello, acudió a la Contraloría para que su tesis goce de un respaldo prácticamente incuestionable.
Bitran envió ayer una carta a la Corfo pidiendo que se pronuncie respecto de cuatro puntos en torno a la cuestionada salida del hoy presidente de las cascadas: “i) Que el Sr. Guilisasti, en tanto Consejero de Corfo, ejerció una función pública; ii) Que, en tanto autoridad de un órgano integrante de la Administración del Estado, le son aplicables las normas sobre probidad administrativa; o actuación exenta de conflictos de interés; y de reserva consagradas en la normativa ya comentada, en especial en sus artículos 52, 53 y 62; iii) Si las conductas del señor Guilisasti son constitutivas de un conflicto de interés y si ellas pugnan con los deberes de probidad que le son exigibles; y iv) Si la renuncia al Consejero de Corfo e inmediata asunción en las Sociedades Cascadas, a través de las cuales se ejerce el control de SQM Salar S.A. y SQM S.A., constituye una infracción a los deberes que contrajo como Consejero”.
Todo lo anterior, cuestiones sobre las cuales un pronunciamiento favorable de la Contraloría abriría un eventual escenario judicial contra Guilisasti. En este caso, podría configurarse el delito de revelación de secreto, sobre la base de que el ex consejero de Corfo –según lo ha denunciado Bitran– dejó la estatal con información confidencial respecto del litigio que enfrenta a la Corporación con SQM.
El artículo 246 del Código Penal establece que un empleado público que revele secretos o entregue material confidencial incurrirá a las penas de suspensión de su empleo en sus grados mínimos a medio o una multa de 6 a 20 UTM. “Si de la revelación o entrega resultare grave daño para la causa pública, las penas serán de reclusión mayor en cualquiera de sus grados y multa de 21 a 30 UTM”, reza el mismo texto legal.
Sin embargo, por más que la Contraloría ratifique que Guilisasti tuvo información confidencial, dicho delito difícilmente puede ser demostrable.
Así es como la jugada de la Corporación puede entenderse solo como una forma de poner al ex CPC en el centro del escrutinio público, eventualmente presionar por su salida en las cascadas y, así, mejorar su posición negociadora con SQM. Guilisasti se ampara en su trayectoria profesional, pero un pronunciamiento de la Contraloría que evidencie su escasa probidad como agente público podría dañar su reputación, un hecho sobre el cual ya se están viendo algunas muestras.
Hasta el momento, la decisión del ex CPC no ha encontrado apoyo en el mundo empresarial, solo críticas de intensidades distintas. Y entre estas destaca el editorial que dedicó al caso el diario El Mercurio el pasado 23 de septiembre.
“El cambio en la presidencia de las ‘sociedades cascada’ evidencia que todavía existe un sector relevante de la alta dirección empresarial que no parece asumir la elevación de estándares que demanda la ciudadanía”, fue el juicio del periódico.
Las denuncias de Corfo
Para Corfo, Guilisasti “estaba dotado de diversas atribuciones y funciones, incluyendo facultades de orden resolutivo, razón por la cual no cabe sino concluir que en dicha calidad ejerció una función pública y tuvo el carácter de autoridad de un órgano integrante de la Administración del Estado”.
Dicho eso, la Corporación prosigue denunciando que Guilisasti “durante el ejercicio del cargo de Consejero de esta Corporación tuvo acceso a información reservada y confidencial, constando este hecho, entre otros, en la discusión relativa al proceso de arbitraje seguido contra SQM Salar y SQM S.A. sobre el término anticipado del contrato con indemnización de perjuicios”.
Y ahonda en lo siguiente: “El ex consejero posee información privilegiada y de carácter confidencial, respecto de la cual tiene un deber de reserva. Esta situación y su renuncia para asumir las denominadas ‘Cascadas’, a nuestro entender, lo ha puesto en un evidente conflicto de interés. Se trata de intereses absolutamente irreconciliables. ¿Cómo responder a los deberes de lealtad que asumió para con las Cascadas sino renunciando a los deberes previamente comprometidos con Corfo?”.
Según relata la estatal, “en diferentes sesiones del Consejo de Corfo se debatieron aspectos relacionados con dicho litigio, y se expuso la situación legal y la estrategia judicial de Corfo en el proceso destinado a respaldar su posición en dicho juicio, y se analizaron diferentes escenarios en la materia y demás antecedentes y datos económicos y comerciales que, atendido el resultado incierto del Juicio Arbitral, permitirían a la Corporación ponderar y resolver, al término del proceso mencionado, la adopción de decisiones relacionadas con sus pertenencias mineras en el Salar de Atacama”.
“En este contexto, es dable concluir que al tenor de los fundamentos expuestos en la renuncia de don Rafael Guilisasti, inició las negociaciones para asumir los cargos que hoy detenta en las sociedades Norte Grande S.A.; Sociedad Pampa Calichera S.A.; y Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A., paralelamente con su desempeño en el Consejo de Corfo, teniendo conocimiento de información confidencial y privilegiada infringiendo principios básicos de probidad y reserva, haciendo prevalecer su interés particular sobre el general apartándose del recto y correcto ejercicio que la función pública exige”, se explaya la Corporación.
El otro frente de la cascada: el informe de la UCV
SQM y las sociedades cascada de Julio Ponce enfrentan una larga lista de contingencias. En lo que se refiere a la investigación penal del caso Cascada –asunto que le valió una millonaria multa por US$70 millones al empresario–, esta viene avanzando de a poco.
La Universidad Católica de Valparaíso ya entregó a la Fiscalía Centro Norte el peritaje que busca rearmar el esquema sancionado por la SVS. Una de sus conclusiones más importantes –de acuerdo a lo revelado ayer por La Segunda– es que “el estilo de gobierno estructurado y ejercido en esas empresas cascadas objeto de pericia, permite malas prácticas tales como manifiestos y explícitos conflictos de intereses o el uso de información privilegiada, todo lo que en conjunto impide el debido cumplimiento del rol fiduciario que inviste a todo administrador, y en consecuencia impide la plenitud de logro de su objeto social”.
El mismo informe establece que hubo racionalidad económica, factor que –según la defensa de Ponce– debería beneficiarlo. Sin embargo, entre los querellantes es un criterio de poco peso, pues la mayoría de los delitos económicos tienen una razonabilidad de este tipo. El tema de fondo es, entonces, cómo el esquema terminó afectando a los minoritarios, y el informe podría demostrarlo.
La Fiscalía decretó la reserva de ese documento por 40 días.
