José Luis Ruiz indicó que siempre habrá debate sobre si el tema pensiones es política social o económica y advirtió que ninguna solución sirve si “destruye” el mercado de capitales. Claudia Sanhueza lo rebatió duramente.
“Y cómo y cómo y cómo es la güeá, hay plata pa’ corruptos y no pa’ jubilar”, gritaba una treintena de manifestantes a las afueras del Círculo Español la mañana del viernes pasado, mientras al interior se iniciaba el primer debate entre ex integrantes de la Comisión Bravo que representaban a las tres propuestas que de allí surgieron.
Los gritos apuntaban a la superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic –quien no estaba en el evento–, por su rol en el sonado caso de la fusión de AFP Argentum con AFP Cuprum, lo que permitió a su dueño, el grupo estadounidense Principal, obtener beneficios tributarios por $ 80 mil millones.
Al interior del Círculo, el salón principal estaba desbordado de asistentes y luego de las palabras iniciales de la subsecretaria de Previsión Social, Julia Urquieta, David Bravo presentó algunas conclusiones del informe, confirmando la dramática realidad que vive el sistema de pensiones local y el escenario aun peor para los próximos años a nivel de jubilaciones.
La urgencia de las cifras conocidas tornan imprescindible tomar decisiones rápidamente y en ese línea apuntaron las presentaciones y las soluciones debatidas. Entre los números que destacó están las pensiones autofinanciadas –sin aportes solidarios del Estado–, cuya mediana llega a 37 mil pesos.
De acuerdo al informe, la tasa de reemplazo promedio –a cuánto equivale la pensión del sueldo de los últimos diez años antes de jubilarse– es de 34%, bajando a 24% en mujeres y llegando a 48% en hombres. Al incluir el Aporte Solidario, las tasas alcanzan a 46%, 36% y 55%, respectivamente.
Luego de su presentación, Bravo abandonó el lugar por lo que el debate se concentró en las tres propuestas de la Comisión.
Para ello hicieron comentarios José Luis Ruiz, Claudia Sanhueza y Manuel Riesco.
Ruiz es economista y uno de los 12 integrantes de la comisión Bravo que votó a favor de la propuesta A, que mantiene en lo estructural el sistema de capitalización individual y de AFP, fortaleciendo el pilar solidario.
Sanhueza es economista de la Universidad de Chile y profesora asociada del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad de Diego Portales. Ella apoyó la propuesta B, que recabó 11 votos a favor y que propone instalar un pilar de reparto paralelo al sistema vigente.
Manuel Riesco es economista de Cenda y asistió en representación de la economista polaca, Leokadia Oreziak, la única integrante de la comisión que votó por eliminar el sistema actual e instalar lisa y llanamente uno de reparto, como el que existía previo a 1981, cuando José Piñera instaló –al alero de la dictadura– el modelo de las AFP.
Ajeno al entorno del seminario de hace dos semanas en el edificio del Grupo Sura –controlador de AFP Capital–, donde la discusión se concentró en dar un apoyo tácito a la propuesta A, instalándola como la más viable, esta vez la fuerza del debate estaba concentrada en la crítica al sistema de pensiones. En ese mismo encuentro el presidente de la Asociación de AFP, Rodrigo Pérez Mackenna, rebatió la propuesta B, asegurando que el mejor camino es la A,
El mercado de capitales como bien superior
Ruiz abrió el panel advirtiendo algunos motivos por los que consideraron no tocar estructuralmente el sistema de capitalización individual. En este sentido, puso en la mesa un tema no explicitado hasta ahora en el debate y que refleja la preocupación del mercado financiero –y de los propios comisionados que apoyaron la propuesta A– ante las consecuencias del informe de la Comisión Bravo.
Según Ruiz, uno de los motivos por los que no se puede hacer cambios drásticos al sistema de capitalización individual gestionado por las AFP es su rol clave en el mercado de capitales. A septiembre pasado el sistema manejaba más de US$ 150 mil millones y de ellos unos US$ 24 mil millones están invertidos en empresas chilenas en acciones y bonos de empresas.
Ruiz no dejó duda de aquello. “Aquí el tema no es trivial. Siempre se va a debatir si es política económica o social. Y el debate, mientras no se circunscriba en forma concreta, va estar ahí. Aquí gran parte de la propuesta A, que es decir mantengamos este sistema, perfeccionémoslo, es no dañar al mercado de capitales como está construido. Y que obviamente eso afecta al crecimiento, remuneraciones y empleo”, afirmó.
Seguidamente, complementó la revelación, advirtiendo que en su opinión, “si hubiera que partir de cero, mi visión es que este no es el mejor sistema”.
No obstante, la realidad del nivel de presencia de los fondos de pensiones en el mercado de capitales, para Ruiz, parece insoslayable. “El sistema ya tiene fuerte presencia en el mercado de capitales como fuente de recursos y eso es algo que… si alguien me demuestra que se puede hacer mejor, bienvenido, pero esto honestamente no veo cómo podríamos avanzar destruyendo el mercado de capitales”, sostuvo el director académico del Magíster de Finanzas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
Las principales compañías que cotizan en el IPSA local tienen a las AFP como el principal inversionista institucional, con rangos desde 1% de la propiedad hasta niveles incluso superiores al 20% de la propiedad en algunos casos. Además, son uno de los mayores inversionistas que acuden al financiamiento de empresas a través de bonos y efectos de comercio.
La posibilidad de que parte de las cotizaciones ya no vayan a las AFP y eventualmente dejen de llegar a las empresas a través del mercado de capitales, preocupa en el mercado local, pues los fondos de pensiones son un pilar de financiamiento a las empresas de bajo costo y de fácil y permanente disposición para las mayores compañías locales.
Sanhueza responde
La puntualización hecha por Ruiz abrió la puerta a una de las críticas fundamentales que hacen los comisionados que apoyaron la propuesta B, la cual plantea elevar las cotizaciones en cuatro puntos porcentuales y redirigir parte de dichos aportes que harán empleadores y el Estado, a un fondo solidario que financiaría el pago de pensiones mínimas no inferiores al sueldo mínimo, que en 2016 debiera llegar a $ 250 mil bruto.
Claudia Sanhueza, economista de la Universidad Diego Portales, respondió directamente los comentarios de Ruiz.
Sanhueza sostuvo que el dilema planteado por Ruiz es falso, pues solo un 15% de los fondos de pensiones están invertidos en empresas chilenas. Casi la mitad está en el extranjero, otro saldo relevante está en instrumentos del Banco Central y un pequeño porcentaje está realmente en compañías locales. “Es absolutamente falso”, afirmó la economista respecto del dilema planteado por Ruiz.
El profesor de la Universidad de Chile también planteó la necesidad de que las mujeres se jubilen a la misma edad que hombres para extender el tiempo de cotización y así acumular más dinero para financiar sus pensiones. Su comentario, nuevamente, tuvo respuesta de Sanhueza, quien defendió la libertad de las mujeres para decidir en el marco de las condiciones impuestas por el sistema de capitalización individual.
“Este sistema de AFP se basa en que cada uno se cuida a sí mismo, cada uno se financia su pensión. Si uno es consistente con el sistema, cada uno se jubila cuando quiera. Es contradictorio exigir, a un sistema de capitalización individual, edad de jubilación. Estamos exigiendo a las mujeres que produzcan lo mismo cuando en realidad tienen un rol de reproducción y no de producción. Cambiemos las reglas y después nos tratan igual”, reclamó.
Para Ruiz, quienes apoyan la fórmula A optaron por concentrarse en avanzar en políticas públicas focalizadas en grupos que tienen altas lagunas previsionales y mejorar el “alfabetismo” financiero de los afiliados más jóvenes del sistema. Según el economista, es necesario diseñar un sistema sostenible en el tiempo “incorporándolos a todos”.
Sin embargo, Sanhueza indicó que el problema del sistema de pensiones no es su cobertura, pues el 70% de los trabajadores cotiza regularmente. El problema –agregó– es el nivel de densidad de cotización que no supera el 50%, es decir, no más de la mitad del período de vida laboralmente activa.
A su juicio, la baja densidad tiene que ver, además de la inestabilidad del mercado laboral, con la falta de legitimidad del sistema de pensiones, lo que lleva a que las personas no se sientan motivadas a ahorrar, particularmente los trabajadores independientes que hacen boletas de honorarios y que prefieren engrosar sus ingresos actuales y ahorrar por otras vías.
Sanhueza cree que el sistema de pensiones no es un sistema de seguridad social, como debería serlo, sino uno de ahorro obligatorio. “Los trabajadores ahorran para sí mismos y esos ahorros están en los sistemas financieros. El problema es que hay crisis financieras, las que son cada vez más frecuentes. Ese es el principal riesgo. Si los trabajadores organizados tuvieran poder sobre los dineros, eso sí empoderaría a los trabajadores. Eso no es menor. Ahora, se está financiando empresas”, dijo Sanhueza, recordando que comisionados de Suecia comentaban que ellos sí sabían dónde invertían los dineros, como, por ejemplo, cuando destinaban recursos a invertir en infraestructura en África.
Riesco y la propuesta A
Riesco, en tanto, no entregó mucho detalle de la propuesta C, que propuso eliminar el sistema de AFP y volver a un sistema de reparto. Sí puso énfasis en lo que implica el diagnóstico hecho por la Comisión Bravo.
Según dijo, el diagnóstico de la referida Comisión “es lapidario” y confirma que “las cosas no pueden continuar como están”. En este sentido, valoró que “por primera vez en un documento oficial del Gobierno de Chile, la mitad de los comisionados hayan planteado derechamente que el camino para solucionar el sistema de pensiones es restablecer el sistema que usan todos los países, que es uno basado en un esquema de reparto”.
Según sus cálculos, un sistema de reparto en Chile no solo permitiría mejorar las pensione sino que dejaría un saldo adicional de recursos para seguir engrosando los ahorros de los trabajadores. Lo relevante –advirtió– es que se termine con la lógica actual, en que los salarios de los trabajadores van a invertirse al sistema financiero y no a asegurar una pensión digna.
