La multa fue la que aplicó el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a Agrosuper, Ariztía y Don Pollo. El fallo se anuncia en medio del sacudón que causó la acusación de colusión de la FNE contra la papelera del Grupo Matte y SCA, empresa que hasta hace unos años era de Gabriel Ruiz-Tagle, empresario cercano a Piñera y socio del diario El Líbero. Decisión abre las puertas para que el Sernac inicie acciones en defensa de consumidores.
Un fallo de la Corte Suprema en el caso de colusión de los pollos y las acusaciones de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) contra el cartel del confort, dejan una vez más al descubierto los debilidad regulatoria del sistema económico chileno y ponen al empresariado una vez más contra las cuerdas.
El tribunal ratificó la multa histórica que aplicó el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a Agrosuper, Ariztía y Don Pollo por colusión. El monto es de US$ 60 millones, pero demandas civiles podrían doblarlo.
El Sernac, por su parte, advirtió que iniciaría acciones en defensa de consumidores.
Cabe recordar que el año pasado el TDLC desarticuló el gremio de los pollos y aplicó la multa más grande de la historia. En tal contexto, en forma unánime acogió el requerimiento presentado por FNE en 2011 en el caso de la colusión en el mercado de los pollos y aplicó la histórica multa.
Agrosuper y Ariztía deben pagar la multa máxima establecida por ley, correspondiente a US$ 25 millones cada uno, en tanto que Don Pollo deberá pagar una multa de US$10 millones. Don Pollo posee la menor cuota de mercado por un largo margen (8%) y siempre ha sido seguidor de precios.
«Don Pollo no tiene poder de mercado y es tomador de precios”, dice al respecto la empresa.
La FNE manifestó que el cartel de los pollos era el más grande que el sistema de libre competencia haya tratado de desbaratar en Chile, desde su creación en 1959. Pero agregó que hay que hacer cambios con el fin de que las sanciones sean más disuasivas para evitar los carteles.
El TDLC aseguró en su momento que «existe abundante evidencia de que las avícolas requeridas, mediante las proyecciones de demanda elaboradas en conjunto con la APA, perseguían al rango en el que pretendían que fluctuaran los precios de la carne de pollo, a través de la definición coordinada de un determinado nivel de producción. Este último ejercicio constituyó a todas luces una colusión, entendida como un acuerdo respecto de la cantidad a producir, con miras a alcanzar determinados precios o rangos de precios, restringiendo o suprimiendo la competencia entre sus partícipes. Durante cada año, el acuerdo fue controlado o ajustado mediante sugerencias de carga, matanza de crías u otras políticas o mecanismos coordinados».
El tribunal ordenó la disolución de la Asociación de Productores Avícolas (APA), ya que esta era la que coordinaba y fiscalizaba el acuerdo.
Las tres empresas abarcan más del 80% del mercado nacional.
La decisión de la Suprema representa el peor escenario para la empresa controlada por el Grupo Matte, ya que resalta el escándalo y, de acuerdo a expertos legales, da pie para querellas contra la empresa.
Por su parte, la Presidenta Michelle Bachelet fue enfática en señalar que la colusión atenta contra la familia.
Asimismo, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) salió a repudiar la conducta con fuerza, puntualizando que “quiere expresar su firme rechazo a este tipo de conductas, que representan un grave atentado contra la libre competencia, generando un importante perjuicio a los consumidores y dañando la confianza en las empresas”.
Agregó que estas situaciones “afectan a consumidores, empresarios, la confianza pública y el desarrollo del país”.
A través de una declaración pública, Agrosuper «lamentó» que la Corte Suprema «no haya acogido los argumentos técnicos, económicos y jurídicos, avalados por connotados economistas, abogados y entidades expertas, con los que dejamos en evidencia los errores incurridos por la FNE en su requerimiento».
