En la querella el SII reveló un documento de 2013 en el que el grupo Saieh intenta demostrar que el uso del FIP RCC era parte del contrato firmado con los Calderón, dueños de Ripley. Una hija de Álvaro Saieh podría ser citada a declarar.
Una verdadera bomba explotó al interior de las oficinas de CorpBanca en Rosario Norte el 30 de diciembre pasado. El Servicio de Impuestos Internos (SII) se querellaba ese día no solo contra el socio de Ripley, Aberto Calderón, sino contra dos de los principales ejecutivos del grupo Saieh: Pilar Dañobeitía, vicepresidenta de SMU, y Jorge Andrés Saieh, presidente de CorpBanca e hijo de patriarca del grupo, Álvaro Saieh Bendeck.
La acción penal del Servicio, presentada algunas semanas después que el Ministerio Público archivara provisionalmente la causa que investigaba desde abril de 2014, también involucra al fallecido ex socio de Ripley y Johnson’s, Marcelo Calderón.
En la referida querella, el SII ataca duramente a ambos grupos económicos, acusándolos de actuar dolosamente para elaborar una fraudulenta trama destinada a evadir $ 10.693 millones en el caso del grupo Saieh, y más de $ 16.000 millones en el caso del dueño de la multitienda.
En un documento de 30 páginas, el SII detalla las operaciones realizadas por los hermanos Calderón entre noviembre y diciembre de 2008 para separar las acciones de Ripley que tenían en una misma sociedad, para luego traspasarlas a una segunda entidad y, finalmente, venderlas desde una tercera (R III) al grupo Saieh.
En el texto, el organismo hace patentes las contradicciones de ambos grupos que han cuestionado públicamente las acciones del SII, asegurando no comprender el origen de tales escritos.
La acción penal del Servicio que dirige Fernando Barraza no es trivial para los querellados. A cargo de la causa, está el fiscal Carlos Gajardo –el mismo que logró poner por algunos días en prisión preventiva a los controladores del grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín– y, en caso de ser encontrados culpables, los querellados podrían enfrentar penas de cárcel de hasta cinco años de prisión.
Ello, pues los delitos tributarios de los que se les acusa –“empleo de otros procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto”– están tipificados en el inciso primero N° 4 del artículo 97 del Código Tributario, que sanciona con las mencionadas penas de cárcel.
No solo eso, el mismo artículo –dice el SII en su querella– sanciona con multas que van del cincuenta hasta el trescientos por ciento. En ese caso, los tributos que –de acuerdo al Servicio– evadieron Calderón, Dañobeitía y Saieh, podrían derivar en millonarias multas para los involucrados.
El SII acusa a Saieh y Dañobeitía, como representantes de CorpGroup Inversiones Limitada, de ser los que delinquieron evadiendo impuestos, al simular la compra de acciones de Ripley a Maxo Calderón, a través del fondo de Inversión Privado (FIP) RCC.
Según afirma el Servicio, el contrato firmado por Inversiones Bujorico –Calderón– con CorpGroup Inversiones Limitada –Saieh– dejó claramente establecido que “el prominente comprador podrá adquirir todo o parte de las acciones directamente o a través de cualquier persona jurídica designada por éste”.
La frase es clave, pues –según indica el SII– los FIP no son personas jurídicas, por lo que mal podrían haber sido los compradores y, de esa forma, la liberación de impuestos que permitía el uso de dicho vehículo quedaría eliminada.
Sin embargo, el Servicio de Impuestos Internos reveló un antecedente desconocido hasta ahora. Afirma que los representantes de Saieh presentaron, en sede administrativa, un documento denominado Addendum a la Promesa de Compraventa, firmado el 18 de octubre de 2013, “esto es cuatro años después de celebrado el contrato de promesa de compraventa a que se ha hecho referencia y después de haberse cumplido los efectos de los contratos prometidos se pretende aclarar el sentido y alcance de la cláusula segunda del contrato de promesa, señalando que el prominente comprador se encontraba facultado para materializar la referida adquisición de acciones ya sea directamente o bien que lo hiciera cualquier entidad para sí que éste designara o indicara, ya fuere una persona jurídica, una persona natural, un patrimonio por afectación, un fondo de inversión privado, una fundación, corporación, cualquier otra entidad susceptible de efectuar dicha adquisición de acciones”.
Según la defensa de Saieh, no tiene sentido la acusación del SII, pues la participación del FIP nunca buscó evadir impuestos, sino como máximo postergar el pago de ellos, pues este corresponde realizarlo cuando se retiran utilidades.
El SII pidió formalizar a los querellados y citar a declarar a una serie de familiares de los Calderón y Saieh. Entre ellos, los hijos del fallecido Marcelo Calderón: Esther, Debora y Susana Calderón Kohon, además del querellado Alberto Calderón Crispín. Por el lado de grupo Saieh, el SII pide citar a Jorge Andrés Saieh Guzmán y su hermana Catalina Saieh Guzmán, además de Pilar Dañobeitía.
El escenario es particularmente complejo para el hijo de Álvaro Saieh, pues hoy preside CorpBanca y en el futuro debiera ocupar el mismo cargo del banco que se fusionará con Itaú.
Aunque fuera confirmado en su cargo en marzo o abril de este año, cuando se concrete la operación, una eventual formalización o sanción penal lo dejaría en la misma situación en que quedaron Carlos Délano y Carlos Lavín en Penta, quienes debieron dejar sus cargos en el Banco Penta, emplazados a ello por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif).
