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Bonos de Argentina atados a la inflación benefician a inversores

por 20 enero 2016

Bonos de Argentina atados a la inflación benefician a inversores
Macri, que asumió la presidencia el 10 de diciembre, está modernizando la agencia nacional de estadísticas de Argentina después de años de una presunta mala información de los datos.

La ofensiva del presidente Mauricio Macri para restaurar la confianza en los datos económicos de Argentina está generando una ganancia inesperada para los inversores en bonos.

Las obligaciones negociables del país atadas a la inflación treparon 17 por ciento desde el 25 de octubre, cuando el resultado sorpresivo de Macri en la primera vuelta de las elecciones presidenciales sentó las bases para su victoria un mes más tarde. Es el aumento más grande entre bonos similares de América Latina monitoreados por Barclays Plc. Y la recuperación apenas ha comenzado, dice Balanz Capital.

Macri, que asumió la presidencia el 10 de diciembre, está modernizando la agencia nacional de estadísticas de Argentina después de años de una presunta mala información de los datos. La semana pasada, el gobierno dijo que utilizará el índice de inflación de la ciudad de Buenos Aires, que en 26,9 por ciento alcanza casi el doble de la tasa nacional informada por la administración anterior, para calcular los pagos de bonos. Los precios al consumidor en la ciudad también se aprestan a subir más cuando Macri elimine los subsidios a la electricidad a consumidores que pueden pagar tarifas más altas.

“La ciudad de Buenos Aires tiene la inflación más alta del país, y será la más afectada por un aumento en los precios de los servicios públicos”, dijo Martín Saud, operador en renta fija de Balanz.

Él recomienda comprar bonos de Argentina atados a la inflación con vencimiento en 2018.

Macri declaró la “emergencia estadística” en su primer mes en el cargo para reconstruir la agencia de datos y reemplazar un índice de precios al consumidor creado en 2014 por el gobierno de la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. En 2013, Argentina se convirtió en el primer país censurado por el Fondo Monetario Internacional a raíz de datos económicos poco confiables.

Inversores y analistas han cuestionado la inflación oficial y los datos sobre el crecimiento económico de Argentina desde 2007, cuando el difunto esposo de Fernández y predecesor, Néstor Kirchner, reemplazó a altos funcionarios del organismo de estadísticas.

El gobierno de Macri dejó de dar información en tanto reconstruye la agencia. Graciela Bevacqua, directora del instituto nacional de estadística que se contó entre los funcionarios reemplazados por Kirchner en 2007, dijo el 14 de enero que el nuevo índice de inflación nacional podría no estar listo hasta septiembre. El gobierno dejará de usar el indicador de la inflación de Buenos Aires para calcular los pagos de bonos en cuanto el nuevo índice nacional esté disponible.

“Durante mucho tiempo, no recomendamos los bonos atados a la inflación, pero ahora esperamos que alcancen su objetivo de brindar protección contra la inflación”, dijo en una entrevista Jacqueline Maubre, directora sénior de inversiones en Cohen Group de Buenos Aires.

El intento de Macri de reconstruir la confianza en los datos económicos del país forma parte de su esfuerzo por deshacer políticas implementadas por sus predecesores que trabaron la inversión extranjera y mantuvieron al país marginado de los mercados de crédito internacionales desde 2001.

Los decidores de la política de Argentina encabezados por el presidente del banco central, Federico Sturzenegger, han prometido que combatir los aumentos de precios al consumidor será su tarea prioritaria. El ministro de Finanzas, Alfonso Prat-Gay, espera que la inflación se acerque al 5 por ciento para el cuarto año de Macri en la presidencia, dijo.

El 30 de diciembre, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, dijo que las nuevas tarifas de la electricidad se establecerán a partir de febrero para eliminar subsidios en el gran Buenos Aires.

Algunos residentes de la capital argentina pagan apenas 45 pesos (US$3,35) bimensuales por facturas de electricidad gracias a los subsidios.

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