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Fiscalía Nacional Económica apunta sus cañones a los notarios y pone al poderoso gremio bajo la  lupa Más de diez proyectos de reforma al sistema notarial y registral en Chile se encuentran en primer trámite en la Cámara desde 2008

Fiscalía Nacional Económica apunta sus cañones a los notarios y pone al poderoso gremio bajo la lupa

Luisa Navea
Por : Luisa Navea Periodista El Mostrador Mercados
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Investigación analizará si existe competencia real en cuanto a la calidad del servicio y el precio que cobran. Esto, después que ningún Gobierno haya podido transparentar el sistema, en medio de acusaciones de monopolio, nepotismo y tráfico de influencias. Pesos pesados como los abogados Enrique Barros y Felipe Bulnes, además de los economistas Claudio Agostini y Eduardo Engel, asesoran al organismo fiscalizador en su análisis de la industria.


El mercado de los notarios y su competitividad estará bajo la lupa de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), la que iniciará este mes un estudio sobre la actividad de 327 notarias titulares distribuidas en todo el país.

A juicio de la FNE, se trata de un mercado que en apariencia se encuentra muy regulado, pero que exhibe variados espacios que debieran ser competitivos, respecto de los cuales existe limitada información pública para evaluar el nivel de competencia existente.

Cuatro elementos son los que justifican la realización de este estudio: los espacios de competencia que debieran existir en el proceso de designación de los notarios, el precio que cobran y la calidad del servicio que entregan. Ademá, se agrega la falta de información pública sobre la metodología utilizada para determinar la oferta de notarios en el país, es decir, la cantidad y ubicación de las notarías.

“Reconocemos el aporte que los notarios hacen a la fe pública y a la seguridad en los negocios. Sin embargo, existe muy poca información pública disponible sobre cómo funciona el mercado de los notarios desde el punto de vista de competencia y el objetivo de este estudio es conocer cómo ha evolucionado esta actividad y cómo se desarrolla actualmente. De este modo, se amplían las posibilidades de detectar eventuales fallas competitivas y proponer medidas para mejorar”, señaló el Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal.

La Fiscalía contará con la asesoría de los abogados Enrique Barros y Felipe Bulnes y de los economistas Claudio Agostini y Eduardo Engel, durante la realización de este estudio.

La hipótesis de falta de competencia para tal estudio es que “la intensidad de competencia en el mercado de notarios es insuficiente, existiendo espacios de mejora regulatoria para corregir este aspecto”, precisó la Fiscalía.

El primer paso en dirección a aclarar esta hipótesis será dado entre este mes y abril de 2018, periodo en que se llevará a cabo la recopilación y análisis de antecedentes y, durante los dos meses siguientes, se trabajará en las conclusiones preliminares, de tal modo de publicar el informe final en julio del próximo año.

No es la primera vez que el mercado de los notarios está cuestionado. Intentos fallidos se han asomado para cambiarlo tanto en la primera administración de Michelle Bachelet como en los compromisos pendientes de Sebastián Piñera para elevar la competencia y transparencia del sistema.

Incluso, hace dos años, el actual Gobierno envió al Congreso un borrador del proyecto que manejaba el Ministerio de Justicia, que apuntaba a introducir cambios en las condiciones para ser nombrado notario, otorgar mayor transparencia a dichos nombramientos y facilitar la apertura de nuevas oficinas. Pero, de aquel texto, ya se deslizaba que no saldría un cambio radical.

En un reportaje del año pasado de El Mostrador, se daba cuenta del rentable negocio de la fe pública, considerando que –en ese entonces– más de 10 proyectos de reforma al sistema notarial y resgistral en Chile se encontraban en primer trámite en la Cámara desde 2008. Entre las faltas figuraban casos de nepotismo, tarifas altísimas e ineficacia en la fiscalización, además de lobby, tráfico de influencias y falta de voluntad de parte del Ejecutivo y legisladores para renovar y transparentar el sistema.

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