Codelco: ¿Quién controla al controlador?

En las últimas semanas hemos presenciado una llamativa disputa pública entre Contraloría y Codelco, donde la fiscalizadora ha querido desplegar sus máximas capacidades para revisar la gestión de la mayor empresa estatal. Cada una defiende a ultranza sus propias fronteras, con discursos legalistas donde las partes olvidan que el rendir cuentas comienza, primero y ante todo, de cara a los ciudadanos.

Según un informe reservado, que fue hecho público en el portal del Poder Judicial –lo que el contralor Jorge Bermúdez calificó como grave–, Contraloría detectó 23 pagos de proveedores a funcionarios de Codelco, los que representan un riesgo de conflictos de interés y uso de información privilegiada. Similares observaciones encontró la Corporación Chilena del Cobre, Cochilco, pero no hubo seguimiento por parte de la institución encargada precisamente de fiscalizar en forma directa a Codelco. Estos datos son el fruto de poco más de ocho meses de trabajo de un equipo de 5 profesionales de Contraloría, quienes reportaban directamente al propio Bermúdez.

Los argumentos para esta operación son de toda lógica: “La importancia que reviste esta empresa del Estado para la economía del país, la complejidad y relevancia de sus operaciones y el volumen de los recursos involucrados en los distintos proyectos y contratos”. Las conclusiones fueron lapidarias para la cuprera, entre otras razones por el más de 92% de contratos de asignación directa, lo que “siempre huele mal”, según comentó esos días Bermúdez.

Otros aditivos de esta polémica, que me abstendré de comentar, no hacen más que atraer a los más suspicaces, pero también a quienes nos apasionamos por la governance.

Junto con las sucesivas fallas en la gestión de la principal empresa chilena, con pagos que se duplican, contratos directos y millonarias indemnizaciones salidas de las arcas nacionales, nos encontramos con un panorama preocupante, por decir lo menos, en materia de fiscalización. No solo ha faltado una gestión de Cochilco, cuya razón de ser es precisamente revisar y pedir cuentas a Codelco, sino que además existe una relación poco clara entre el actuar de Contraloría (y del propio contralor, según los más suspicaces) y la gestión de la estatal.

Pero, además, es legítimo que la ciudadanía conozca con mayor claridad los alcances que tiene un organismo como Contraloría. ¿Hasta qué punto sus brazos son capaces de profundizar en la gestión de las empresas públicas, en general, sin que ello desate la histeria de quienes defienden a ultranza el aporte concreto, pero también simbólico, de un gigante como Codelco? En otras palabras, por qué este debate, como todos los que rodean a la gestión de Codelco, se impregna de un halo de supuesta superioridad por sobre cualquier otra organización pública, casi tanto como para parecer intocable dentro de nuestra institucionalidad.

Por contraparte, respecto de Contraloría, surge la inquietud natural y necesaria para despejar suspicacias: ¿quién controla al controlador? ¿Con qué mecanismos cuenta nuestro Estado para asegurarse que este organismo está cumpliendo su marco normativo y no está por debajo ni por encima de sus atribuciones legales?

Parece no bastar con instaurar una discusión sobre la forma en que estamos gobernando a nuestras instituciones. Más allá de la percepción que nos deja este tipo de debates públicos –por cierto siempre enriquecedor y necesario–, lo aconsejable es que comencemos a hablar de metagobernanza, la forma de gobernar nuestras instituciones que permita aunar distintas visiones y complementar culturas organizacionales marcadas por la naturaleza propia de cada una.

¿De qué se trata? Se trata de gobernar esos distintos estilos de gobernanza, “el diseño y la gestión de mezclas óptimas de estilos de gobernanza” (Meuleman, 2008) o de “combinar y administrar diferentes formas institucionales de autogobierno que producen valor público” (Zurbriggen, 2012). En definitiva, una práctica de gobierno público que permita difundir formas de gobernar y ser gobernado, elegir determinadas formas de gobierno según el tipo de empresa pública o combinar distintos tipos y una estructuración estratégica que facilite avanzar concretamente en mejores prácticas de governance del Estado.

Todo esto suena muy bien, pero ¿quién ejerce ese rol de metagobernanza en Chile?

Gonzalo Jiménez
Director Centro de Familias Empresarias & Empresas Familiares UDD