MERCADOS
La Fiscalía Nacional Económica reiteró la necesidad de realizar una reforma estructural al mercado de los notarios, lo que podría traducirse, según precisa el informe publicado hoy, en ahorros cercanos a los US$ 149 millones anuales para al país. Entre las recomendaciones formuladas por la Fiscalía se cuentan reducir la cantidad de trámites que debe realizarse ante un notario.
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) publicó hoy el informe final del Estudio de Mercado sobre Notarios, el que tuvo como hipótesis de falta de competencia que “la intensidad de competencia en el mercado de notarios es insuficiente, existiendo espacios de mejora regulatoria para corregir este aspecto”.
Según el estudio, la FNE comprobó esta hipótesis y estimó que el marco regulatorio requiere de una modificación estructural para que este mercado pueda operar de manera adecuada. “Estamos convencidos de que el sistema notarial requiere una reforma profunda y estructural y no un simple maquillaje, debido al impacto que tiene la actividad de los notarios en la productividad y competitividad del país”, señaló el Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal.
Entre las recomendaciones formuladas por la Fiscalía se cuentan reducir la cantidad de trámites que debe realizarse ante un notario y permitir la libre entrada al mercado de quienes cumplan requisitos mínimos. Asimismo, se propone flexibilizar las reglas que regulan la forma en que se desarrolla la actividad para fomentar la calidad del servicio y reducir el precio de los trámites.
La FNE resalta que una modificación como la sugerida puede tener un impacto monetario relevante e impulsar un incremento de la productividad del país “reduciendo la carga administrativa para las empresas y los hogares”, como destaca la OECD en el Economic Survey de Chile del año 2018.
Cabe mencionar que la versión final del estudio de la Fiscalía recibió comentarios de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile y del Colegio de Abogados A.G., los que fueron procesados por la FNE y sirvieron de base para aclarar algunos puntos en el informe.
Las críticas apuntaron principalmente a la existencia de un sesgo metodológico por parte de la FNE, especialmente respecto a cómo se calculan las rentas de los notarios. Adicionalmente, se cuestionó que no se habría considerado los costos derivados de la pérdida del rol de “justicia preventiva” que cumplirían los notarios actualmente.
En respuesta, la FNE, aseguró que no existe tal sesgo metodológico, y en el informe exista claridad respecto de la forma que se recabó y utilizó la información. «Por ejemplo, para el cálculo de la renta monopólica, se consideraron datos agregados entregados por el Servicio de Impuestos Internos de todos los notarios del país -excluyendo aquellos que ejercen otras funciones como conservador o archivero- y no una muestra”, indicó el organismo.
Finalmente, para la Fiscalía, «un cambio de sistema no implicaría la pérdida del rol de ‘justicia preventiva’ que cumplen hoy los notarios, pues esa función la ejercerían quienes reemplacen a los notarios».
