MERCADOS
La consultora económica y financiera hizo especial hincapié, en el boletín que entrega mes a mes a sus clientes, primero, en la crisis sanitaria en Quintero, en cuyo marco se refirió a los conflictos de interés que pesan sobre algunos cupos gerenciales de las compañías involucradas, así como jefes de gobierno encargados de su fiscalización; y segundo, en el caso LAN, respecto del cual afirmó que «no es republicanamente sólido que el Jefe de Estado no se pronuncie sobre el tema».
No solo de economía y finanzas se preocupa Gemines. La consultora ligada a los economistas Alejandro Fernández y Tomás Izquierdo hace tiempo que viene sacando sus propias cuentas de la contingencia empresarial y política del país, siendo su último boletín de septiembre un claro ejemplo.
En el documento que emite todos los meses a sus clientes, la consultora hizo especial mención a la crisis sanitaria de Quintero y al caso LAN, en el marco del momento político que atraviesa el Gobierno de Sebastián Piñera.
Sobre el primero de estos hechos, Pavel Gómez, colaborador externo de la consultora, escribió el análisis «Algunas lecciones de la crisis sanitaria de Quintero», reconociendo tres claros detonantes que anticipan este tipo de conflictos entre empresa y sociedad, en los cuales se enfatiza la presunta existencia de conflictos de interés en cupos gerenciales de algunas compañías salpicadas por la crisis, así como jefaturas de gobierno a cargo de la fiscalización del cumplimiento de normas ambientales.
Según la consultora, el primer detonante es el no hacerse cargo de las externalidades negativas de las propias actividades de las compañías que operan en esa zona de la Región de Valparaíso. «El mecanismo de transmisión, entre este detonante y la activación de acciones micropolíticas en las canchas de la opinión pública y las instituciones del Estado, consiste en la idea de que cuando una empresa genera una externalidad negativa, sus utilidades (u otros indicadores) sobrestiman el desempeño al no hacerse cargo de los costos generados sobre terceros (…). Sería ilegítimo engrosar los beneficios de los accionistas (o los bonos de desempeño de los gerentes clave) sobre la base de costos sociales no internalizados. Por ello, hacerse cargo de las externalidades (sobre todo desde el punto de vista preventivo) es una manera de ‘comprar’ legitimidad».
El otro detonante reconocido por la consultora es la asimetría de información entre la empresa y sus stakeholders o grupos de interés, y entre accionistas, directores y gerentes. «La existencia de incentivos al desempeño, en forma de bonos por resultados, que no estén correctamente diseñados, puede crear a su vez incentivos para que los gerentes oculten información que ellos poseen de manera privilegiada. Recuérdese el caso de Volkswagen y la alteración de las pruebas de emisiones de sus vehículos basados en diésel como combustible».
Finalmente, la consultora se refiere a un tercer detonante que se inscribe en el ámbito de la «justicia procedimental». «Un ejemplo de esto, son las dudas y sospechas vinculadas con el presunto conflicto de interés de la Ministra de Medio Ambiente, dado que el presidente del directorio de una de las empresas de la zona (Oxiquim), habría sido socio de su esposo. Comprender los gatilladores ayuda tanto a formular la respuesta táctica a la crisis, como a elaborar una respuesta más estratégica, o de largo plazo, basada en cambios de gobierno corporativo y movimientos que permitan alcanzar la ‘licencia social para operar'», concluye el documento.
Otro hecho que no dejó pasar la consultora fue el caso LAN, en el contexto de un Gobierno que ha querido paliar críticas en relación con su escasa agenda legislativa.
El análisis de Guido Romo, socio de Gemines, apunta al proyecto de Ley de Identidad de Género (LIG), el cual se dio en medio de un panorama en el cual se había instalado la idea de falta de actividad legislativa en ambas Cámaras. En palabras de Romo, dicho proyecto sirvió para impactar comunicacionalmente y darle un «triunfo» momentáneo a La Moneda, tanto para contrarrestar dicha tesis como para dejar en segundo plano el caso LAN.
«A pesar de que algunos parlamentarios de Chile Vamos votaron en contra, se impuso el liderazgo de Sebastián Piñera, logrando alinear a su sector en la cantidad necesaria para que junto con los votos opositores fuese aprobado. Y es que esta es la clave para avanzar cuando se es minoría siendo una estrategia bien utilizada, inclusive con la molestia del sector oficialista más conservador: dejando a la oposición atada de manos –no podía votar en contra– por tratarse de una bandera que ha defendido largamente».
Sin embargo, si bien dicho proyecto entregó insumos para bajar el volumen del tema LAN y las acciones del Presidente Piñera, igualmente reconoce «la gravedad de lo denunciado por Francisco Armanet», el ex gerente de Banchile que posee las grabaciones en las que Piñera instruyó en 2006 la compra de acciones de la aerolínea.
Ante esto, según Romo, «no es republicanamente sólido que el Jefe de Estado no se pronuncie sobre el tema, más allá que por el tiempo pasado el tema prescriba legalmente en nuestro país».
