Para hoy está anunciada una marcha en La Paz, donde los sindicatos y grupos vecinales pedirán la renuncia del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. La OEA -que hoy tiene una reunión extraordinaria para analizar lo que ocurre en Bolivia-, el Mercosur, el Grupo de Río, la Unión Europea, Estados Unidos y hasta el Papa han expresado preocupación.
Mientras el número de muertos en los dos días sucesivos de protestas en Bolivia asciende a 22 -17 de ellos ayer y cinco civiles hoy- y los policías comienzan a desamotinarse para controlar los saqueos que afectan a edificios públicos y empresas extranjeras que tienen filiales en el país, las poderosa Central Obrera Boliviana (COB) convocó a un paro de 48 horas de todo el transporte público urbano e interurbano que tiene prácticamente paralizado al país.
Aunque las protestas comenzaron cuando la ciudadanía salió a las calles a reclamar masivamente por el anuncio de un tributo a los trabajadores activos -impuesto por el gobierno a sugerencia del FMI y retirado luego del caos total- a los cuales se sumó la policía, amotinada desde el martes exigiendo un incremento del 40 por ciento en sus salarios, poco a poco han ido derivando en la exigencia de grupos políticos de que el Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que hasta el momento cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas, deje el poder.
Dirigentes opositores al gobierno como el líder del NFR, Manfred Reyes -ex candidato presidencial en las pasadas elecciones- dijo que se necesitaba que el gobierno cambiara sus programas o, de lo contrario, amenazó con hacer uso de sus facultades constitucionales y pedir su renuncia. Lo mismo está haciendo el líder de los cocaleros, Evo Morales.
En tanto los dirigentes sindicales culparon al gobierno de las muertes y señalaron que el retiro del "impuestazo" no es la solución a la crisis que vive el país, causada -según ellos- porque el gobierno ha entregado los recursos bolivianos y ha sido dócil frente a las exigencias de los organismos económicos internacionales. Así, anunciaron el inicio de huelgas para lograr la renuncia del Presidente.
Los manifestantes parecen estar con los detractores de Sánchez de Lozada, al punto que ayer en La Paz y Cochabamba turbas quemaron casas rosadas -las sedes del MNR, el partido de gobierno-, obligando a las principales cadenas televisivas –ATB, UNO y PAT– a unirse para transmitir un noticiario conjunto y hacer urgentes llamados a la población para que volviera la tranquilidad y se terminaran
De hecho, para hoy está anunciada una marcha en La Paz, donde los sindicatos y grupos vecinales pedirán la renuncia del Presidente y del Vicepresidente, Carlos Mesa Gisbert. La iglesia Católica y diferentes instituciones vinculadas a los derechos humanos y el propio Gobierno han pedido tranquilidad a la ciudadanía y organismos internacionales como la OEA -que hoy tiene una reunión extraordinaria para analizar lo que ocurre en Bolivia-, el Mercosur, el Grupo de Río, la Unión Europea, Estados Unidos y hasta el Papa han hecho declaraciones evidenciando que siguen de cerca el tema.
En Bolivia, el 60 por ciento de la población es pobre. El sueldo mínimo es de cerca de 56,8 dólares, unos 42 mil 200 pesos.
Incidentes de 48 horas
Los incidentes que dejaron el mayor número de muertos ocurrieron el miércoles en la Plaza Murillo de La Paz, donde una protesta de policías vestidos de civil a la que se unieron estudiantes secundarios derivó en ataques al palacio presidencial. A raíz de ello los efectivos del Ejército que custodiaban la sede de gobierno lanzaron bombas lacrimógenas a los manifestantes y luego derechamente dispararon sus fusiles, cuando desde un cuartel policial ubicado a un costado de la plaza se abrió fuego contra los uniformados.
Aunque una conferencia de prensa encabezada por el Presidente Sánchez de Lozada, el comandante general de las Fuerzas Armadas, general Roberto Claros, y el comandante nacional de la Policía, general Edgar Pardo, llamando a la tranquilidad y anunciando el fin del impuesto calmó la situación, los disturbios continuaron, ocasionando decenas de heridos que colapsaron los hospitales.
Las negociaciones entre la policía y el gobierno culminaron ayer a las 8 de la mañana y entre los puntos del acuerdo se establecía que cambio de levantar sus medidas de presión y volver a realizar actividades en resguardo de la seguridad nacional, los familiares de los efectivos de la Policía Nacional fallecidos ayer recibirían por única vez una compensación de 10 mil dólares. Además, los policías recibirán el llamado "bono a la seguridad ciudadana" por cinco meses, que será pagado en 12 cuotas a partir de enero de 2004.
No obstante que luego de la firma del acuerdo entre el gobierno y la policía el general Pardo aseguró que la policía retornaría a las calles para retomar el control de las ciudades, fuera de La Paz, como en Santa Cruz y Cochabamba, los policías no volvieron a sus labores sino hasta el anochecer, pues desconocían la autoridad de quienes habían suscrito el acuerdo. Aún así, salieron a patrullar ante la ola de saqueos que estaba afectando a esa hora a todas las grandes ciudades de Bolivia, pese al feriado nacional decretado por el gobierno.
El miércoles por la tarde grupos de manifestantes saquearon los negocios de avenida del comercio en La Paz, mientras los comerciantes intentaban defender sus mercaderías de la turba con palos. Para que ello no se repitiera hoy el Presidente, aunque el miércoles había ordenado al personal del Ejército que regresara a los cuarteles, les pidió ayuda para patrullar las calles de La Paz y cercar las plazas y accesos a las avenidas más importantes en Santa Cruz, Cochabamba y Oruro.
Ayer en la mañana el centro de La Paz amaneció con resguardo militar. En la plaza Murillo aún hay huellas del enfrentamiento entre militares y policías: piedras, perdigones de goma y casquillos de gases lacrimógenos están a la vista. El Palacio Quemado, sede del gobierno, amaneció fuertemente custodiado por militares y lucía restos de cenizas por las fogatas prendidas en la víspera, vidrios
rotos y paredes desportilladas por impactos de balas.
Cinco civiles fallecidos
En las protestas de ayer cinco civiles fallecieron. Una de ellas fue una enfermera del Hospital de Clínicas de La Paz que murió por los disparos de un francotirador dos horas después de que la ambulancia del hospital fuera atacada cuando auxiliaba a manifestantes heridos. Junto a la enfermera cayó herida por los disparos una doctora que también iba en la ambulancia y que aún está grave.
El hecho se registró en pleno centro de la ciudad, en medio de las manifestaciones de obreros contra el Gobierno y su política económica.
En La Paz hubo muchos heridos por disparos de francotiradores sin identificar que apuntaron sobre los participantes en las marchas contra el gobierno, pero el Ministerio de Defensa, a través de un comunicado, negó cualquier responsabilidad en esa clase de ataques. "Las Fuerzas Aéreas en ningún momento recurrieron al cobarde recurso de los francotiradores", señaló la declaración oficial.
Las restantes cuatro víctimas murieron también por disparos en la ciudad del Alto, colindante con La Paz. Los cuerpos de tres personas fueron hallados en las inmediaciones de la fábrica Embotelladoras Bolivianas, asociada a la Coca Cola, donde en la madrugada del jueves un grupo de personas intentó perpetrar un asalto aprovechándose de la ausencia de la policía.
Los empleados rechazaron a los asaltantes con la instalación de barricadas y luego fueron auxiliados por un grupo de soldados de la Fuerza Aérea Boliviana.
En particular en la zona de El Alto se han producido estos últimos dos días diversos actos de vandalismo, especialmente en la zona comercial, donde las agencias de bancos y de oficinas estatales fueron el blanco preferido por una turba de adolescentes.
El pillaje en esa población incluyó la destrucción parcial del edificio de la Alcaldía local y de la estación de control del peaje en la autopista hacia La Paz.
Por la falta de garantías para sus pasajeros, que no pueden llegar fácilmente al aeropuerto internacional, situado en esa localidad, algunas aerolíneas han suspendido sus vuelos y otras los han restringido.
Sólo al atardecer de ayer comenzó a declinar la tensión y terminaron los últimos actos vandálicos, básicamente porque las diferentes unidades de la Policía Nacional comenzaron a restablecer los servicios de patrulla públicos junto a los efectivos del ejército.
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