Mientras la Cámara Federal de Buenos Aires ordenó profundizar las pesquisas sobre la fortuna del ex-presidente, la Cancillería resolvió mandatar a un abogado para que defienda los intereses de Argentina en el procedimiento que sigue en Ginebra la jueza Christine Junod, quien ha emitido señales inquietantes en el caso, por lo que la Casa Rosada optó por tomar los mismos recaudos que tomaron, en su momento, Filipinas y Nigeria sobre los "patrimonios suizos" de los dictadores Ferdinand Marcos y San
Si la justicia Suiza terminara enjuiciando a Carlos Menem y a su secretario, Ramón Hernández, por utilizar cuentas en bancos de Ginebra y Zurich para blanquear 6 millones de dólares, solo se expondrían, en la eventualidad que fueran hallados culpables, a pagar una multa, como se estila en la Confederación Helvética a la que poco parece importarle los intereses que alega Argentina. En esa perspectiva, les devolvería los fondos -deducida la eventual sanción pecuniaria- y el tema sería archivado.
Pero más allá de este hipotético desenlace, lo que le interesa al Estado argentino es saber si la justicia suiza va a entregar a los tribunales trasandinos información sobre dichas cuentas que sirvan como elementos de prueba en los sumarios que se instruyen en Buenos Aires en contra del clan Menem por delitos de corrupción en la venta de armas a Croacia y Ecuador, y por su eventual responsabilidad en las "demoras" que ha sufrido la investigación del caso AMIA.
Mientras la Cámara Federal de Buenos Aires ordenó profundizar las pesquisas sobre la fortuna del ex-presidente, la Cancillería resolvió mandatar a un abogado para que defienda los intereses de Argentina en el procedimiento que sigue en Ginebra la jueza Christine Junod, quien ha emitido señales inquietantes en el caso, por lo que la Casa Rosada optó por tomar los mismos recaudos que tomaron, en su momento, Filipinas y Nigeria sobre los "patrimonios suizos" de los dictadores Ferdinand Marcos y Sani Abacha, respectivamente.
Pero el caso Menem se encuentra en un momento crucial. El presidente Néstor Kirchner intenta evitar que termine vegetando como la mayoría de los casos de corrupción que han estallado en últimos años en Argentina, y revertir la seguidilla de "controversias" y "desencuentros" entre los magistrados argentinos con sus pares europeos que no han menguado desde que, alegando que las comisiones rogatorias que pedían las cuentas de Menem desde 2001 estaban mal hechas, Suiza invitó a los jueces trasandinos a una reunión que se realizaría en Berna, el 7 y 8 de noviembre del año pasado. Ninguno aceptó. Tanto los jueces Julio Speroni, Juan José Galeano y Norberto Oyarbide, abocados a indagar hechos vinculados directamente a Menem; como Jorge Ballestero y María Servini de Cubría, que investigan a colaboradores del ex-presidente, declinaron viajar.
Impasse que dejó en un muy mal pie al embajador argentino en Suiza, Guillermo González, quien se había jugado a fondo para que la reunión se concretara. Las autoridades helvéticas, que no ocultaron su molestia por el desaire, desde entonces no han hecho ninguna nueva gestión para destrabar un procedimiento que parece condenado a morir.
Sin embargo, sin esperar ese malogrado cónclave, el 28 de octubre de 2002 la juez Junod aceptó examinar «si correspondía» comunicar a Argentina datos sobre las cuentas de Menem, «exclusivamente» si se encontraran informaciones bancarias que estuvieran relacionadas con el atentado de la AMIA, rechazando, de ese modo, dar curso a las demás solicitudes para que se buscara información sobre las cuentas de Menem y Hernández vinculadas a eventuales delitos como contrabando de armas, enriquecimiento ilícito, encubrimiento agravado, violación de los deberes de funcionario público, cohecho o tráfico de influencias.
Según juristas consultados, suponiendo que Suiza tuviera razón y que las rogatorias enviadas desde Argentina estaban plagadas de faltas, ese argumento no la habilita a desligarse de sus obligaciones para con cualquier país del mundo previstas en su propia ley interna, penalizando las solicitudes que le han sido sometidas descartando satisfacerlas por equivocaciones ciertas o supuestas. En ese contexto, recuerdan que a partir de las criticas formuladas, dadas a conocer el 27 agosto de 2002, por un comunicado de la Oficina Federal de Justicia y de la Embajada de Suiza en Buenos Aires, con la excepción de Ballestero y Servini de Cubría, los otros jueces argentinos remitieron complementos de sus comisiones rogatorias con el objeto de remediar lo que pudo adolecer de error u omisión en sus encargos originales. Sin embargo, que se sepa, Junod no ha modificado su decisión.
El meollo de su negativa radica en que uno de los delitos más importantes invocados por Argentina es el de enriquecimiento ilícito, infracción que no figura en el Código Penal suizo, lo que permite que no se respete el principio de la doble incriminación, imprescindible para acoger una petición de ayuda judicial. Dicho principio establece que el delito esgrimido por el juez requirente debe encontrarse en el cuerpo legal del Estado del juez requerido, para que sobre esa base se pueda atender la demanda.
Si bien es cierto que el enriquecimiento ilícito ha ido desapareciendo de muchos códigos penales con la evolución legislativa -imponiéndose la concepción que hace hincapié en delitos anteriores que debieron cometerse para enriquecerse ilícitamente, considerándolo más bien una consecuencia que un delito en sí, por lo que es probable que Argentina se encuentre retrasada al respecto-, también lo es que la jurisprudencia del Tribunal Federal de Suiza, equivalente a la Corte Suprema argentina, dictamina que el juez que tenga que pronunciarse no está determinado por la tipificación que le hace llegar su colega extranjero y que sobre la base de los hechos que le comunican, puede acomodarse a su propia legislación y recalificar para compaginar la doble incriminación y responder enviando las pruebas. En lo que concierne a Menem y Hernández, el enriquecimiento ilícito planteado por Buenos Aires podría encontrar equivalente en la corrupción, definida por el artículo 322 y sus especificidades, que contempla el título 19 del Código Penal suizo.
Pero Junod no parece razonar de esta manera. De la media docena de exhortos trasmitidos de Buenos Aires, el único que acogió es el del 18 de julio de 1994, sobre el caso AMIA que le pide buscar en las cuentas de Menem y Hernández si hay algún indicio que pudiera esclarecer una relación con el atentado. Resulta difícil comprender cómo la magistrada europea no logra interesarse en dilucidar, paralelamente, por qué el ex presidente y su secretario privado no quieren ni pueden justificar los 6 millones de dólares depositados en las cuentas abiertas y mantenidas al margen de la ley argentina y, presumiblemente, alimentadas por el desvío de fondos públicos o por sobornos que investiga la justicia argentina desde hace dos años.
No obstante que la ley la autoriza a informar a la opinión pública sobre la marcha de un sumario de impacto social, la jueza no ha querido entrar en detalles. Junod solía hacer declaraciones pormenorizadas en la época en que criticaba a sus colegas argentinos por los exhortos fallidos, pero guarda silencio, ahora, que tiene que decidir.
Desde el 6 de diciembre de 2001, el juez Galeano le está solicitando a Junod que lleve hasta Ginebra a Abolghasem Mesbahi, alias el «testigo C», un ex-agente iraní refugiado en Alemania, que se ha ofrecido a declarar en el caso.
Abolghasem Mesbahi asegura que puede identificar un banco ubicado en el centro de la ciudad «a 200 metros del Hotel du Rhí´ne», donde estaría una cuenta abierta por orden de altos dignatarios del régimen islamista imperante en Irán, la cual se habrían usado para financiar cerca de 450 operaciones terroristas en las décadas de los 80 y 90. Desde esta cuanta también se habría pagado una coima de 10 millones de dólares a Carlos Menem, para que no se responsabilizara a Irán del sangriento ataque de la AMIA.
En febrero de 2003, Junod envió una delegación policial a Alemania para interrogar al "Testigo C" pero no pidió su traslado a Ginebra. De los resultados de ese interrogatorio no se sabe nada. Por lo pronto, el juez Galeano parece decidido a terminar con este episodio pues acaba de exigir por vía diplomática que Suiza le dé una respuesta. No solo sobre el testimonio de Mesbahi, sino que también sobre su requerimiento para que se investigue el Banco Degroof-Luxemburgo, domiciliado en el radio trazado por el ex-agente iraní.
Una vez conocido el interés del juez argentino, Claude Roessli, el portavoz del banco, declaró que «aquí no hay cuentas de funcionarios iraníes ni de Menem», subrayando que la juez Junod nunca tomó contacto con ellos. «Nosotros seguimos este asunto por la prensa», sostuvo por teléfono a El Mostrador.cl hace algunos días, antes de colgar.
En momentos en que lucha mundial antiterrorista «quita el sueño» a muchos dirigentes occidentales, la juez tiene la responsabilidad de dilucidar una incógnita que atañe al comportamiento del sistema financiero helvético, vapuleado por sus complicidades con los dineros sucios de los nazis y dictaduras tercer mundistas.
La jueza debe determinar si existió -o existe aún- en un banco de Ginebra una cuenta que llegó a tener 200 millones de dólares de fondos para financiar alrededor de 450 operaciones terroristas patrocinadas por los radicales musulmanes que gobiernan Irán, desde la cual se habría sacado 10 millones de dólares para Carlos Menem.
VEA ADEMÁS:
El escalofriante currículo del testigo contra Menem
