En Santa Cruz, la más rica del país y feudo de la oposición a Evo Morales, unas cincuenta personas comenzaron un piquete en la plaza principal.
Más de 70 personas iniciaron hoy una huelga de hambre en tres regiones bolivianas gobernadas por opositores, para protestar contra las «ilegalidades» cometidas por el presidente Evo Morales en la Asamblea Constituyente y el Congreso, informaron diversas fuentes citadas por la agencia Efe.
En la ciudad oriental de Santa Cruz, la más rica del país y feudo de la oposición a Morales, unas cincuenta personas comenzaron un piquete en la plaza principal, según mostraron las televisiones locales.
El presidente del comité cívico de Santa Cruz, el empresario Branko Marinkovic, explicó que la huelga marca el inicio de la «resistencia civil» en defensa de la democracia y contra las «ilegalidades» que ha cometido el Gobierno de Morales.
Los dirigentes cívicos cruceños aspiran a que la huelga se transforme paulatinamente en «nacional e indefinida».
En la ciudad sureña de Tarija quince huelguistas se instalaron en la sede del comité cívico, informó a Efe un portavoz de esa entidad, que agregó que mañana se sumarán más personas a la medida.
Mientras, en la localidad amazónica de Trinidad, capital del departamento de Beni, los cívicos encabezaron una marcha de protesta horas antes de que seis indígenas se plegaran a la huelga.
El dirigente de la Central de Pueblos Indígenas de Beni, Marcial Fabricano, dijo a Efe que eso demuestra que no todo este sector apoya a Morales, ya que, a su juicio, ha sido «lamentable» la forma en que se aprobó la nueva Constitución sin debate y «rompiendo» las normas.
El izquierdista Morales ha sido muy cuestionado en los últimos días porque su partido aprobó, en primera instancia, su proyecto de Carta Magna en un liceo militar de Sucre, sin la oposición y en medio de disturbios que causaron tres muertos y 300 heridos.
La situación se agravó el miércoles pasado, cuando parlamentarios pro gubernamentales reformaron la ley de convocatoria de la Asamblea Constituyente para que pueda trasladar sus sesiones de Sucre a cualquier otra ciudad y aprobaron otra norma para pagar un bono de vejez con parte de los presupuestos regionales.
Esa sesión se llevó a cabo mientras grupos de campesinos e indígenas afines a Morales impedían que los opositores entraran al Congreso.
En la región norteña de Pando también se ha anunciado una huelga, aunque no está confirmado cuándo comenzará ni cuántas personas se unirán.
Los dirigentes cívicos de Cochabamba (centro) decidieron que, por el momento, no van a secundar la huelga a la espera de que prosperen las iniciativas de diálogo, mientras que en Chuquisaca (sur) todavía no han definido qué medidas de presión van a adoptar.
El portavoz presidencial, Alex Contreras, sostuvo el domingo que todas las protestas organizadas en las regiones «irán camino al fracaso» porque, a su juicio, la oposición no tiene respaldo social.
Por su parte, el ministro de Defensa, Walker San Miguel, recalcó hoy que no existe ninguna disposición del Gobierno «para dictar el estado de excepción en el país» y recordó que el presidente convocó a dialogar mañana a los nueve prefectos (gobernadores) departamentales.
Sin embargo, a esa cita no asistirán los gobernadores de Santa Cruz, Beni, Tarija y Cochabamba, todos ellos opositores a Morales, que viajaron hoy a Estados Unidos para acusar ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la ONU a Morales por las presuntas violaciones cometidas contra la democracia.
El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, dijo anoche, en una entrevista con el canal de televisión estatal, que el Gobierno ha hecho esfuerzos «hasta el agotamiento extremo» e incluso ha «rogado» a la oposición para dialogar sobre el conflicto en la Constituyente.
A la Asamblea apenas le quedan diez días, hasta el 14 de diciembre, para aprobar en detalle (artículo por artículo) el nuevo texto constitucional y someterlo después a referendo.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, lamentó hoy que los gobernadores que han viajado a Washington «no se pongan de lado del país» ni expresen una «voluntad de diálogo».
Asimismo, adelantó que los prefectos de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y Pando, Leopoldo Fernández, serán demandados ante la justicia por sus llamados «sediciosos» en contra el Gobierno de Morales.
EFE
