Después de pesquisas preliminares en 2006, la Fiscalía de París abrió este mes una investigación por presuntos delitos de corrupción activa y pasiva, abuso de bienes societarios, violación del secreto de la instrucción y de la defensa nacional.
La justicia francesa abrió una investigación contra la antigua Dirección de Construcciones Navales militares (DCN, rebautizada DCNS en abril de 2007) por presunta corrupción, informaron este martes fuentes judiciales.
La policía judicial sospecha que el grupo, primer constructor francés de submarinos, portaaviones y fragatas, recurrió a sociedades de «información económica administradas por ex miembros de los servicios secretos franceses» para obtener documentos judiciales relacionados con los casos de Clearstream y las fragatas de Taiwán, precisa el vespertino «Le Monde».
La DCNS es un 75% propiedad del Estado francés y en un 25% por el grupo Thales.
Después de pesquisas preliminares en 2006, la Fiscalía de París abrió a comienzos de mes una investigación contra desconocidos por presuntos delitos de corrupción activa y pasiva, abuso de bienes societarios, violación del secreto de la instrucción y de la defensa nacional, indica la fuente.
Según el rotativo, sociedades de información económica, una de ellas con sede en Luxemburgo, supuestamente investigaron sobre el entorno de personalidades políticas así como sobre el de los jueces francés Renaud van Ruymbeke y suizo Paul Perraudin.
El llamado caso Clearstream, que estalló en 2004, es la trama de la falsificación de listados de la sociedad luxemburguesa de ese nombre para introducir falsamente entre los supuestos tenedores de cuentas los nombres de industriales y políticos franceses, incluido el del entonces ministro y actual jefe de Estado, Nicolas Sarkozy.
Con respecto al supuesto pago de comisiones en la venta de fragatas a Taiwán en 1991 por Thomson-CSF (actualmente Thales), la instrucción del sumario ha concluido y la fiscalía está elaborando su requisitoria.
El juez Van Ruymbeke, que instruyó el sumario, estimaba que se pagaron comisiones por 458 millones de euros, pero no pudo establecer que parte del dinero fue revertida a intermediarios franceses.
La DCNS indicó al diario que ninguna autoridad judicial le ha informado sobre un eventual procedimiento en su contra y por tanto declinó hacer comentarios.
EFE
