La última ejecución tuvo lugar en agosto de 2004, cuando el convicto Dhananjoy Chatterjee fue ahorcado tras ser declarado culpable del asesinato y violación de una escolar.
Las organizaciones de derechos humanos Amnistía Internacional y la Unión Popular de Libertades Civiles pidieron este viernes a la India la abolición de la pena de muerte, un método «arbitrario» de afrontar el crimen.
En un informe titulado «La lotería letal. Pena de Muerte en la India» y publicado hoy, ambas organizaciones aseguraron que la pena de muerte es un mecanismo «abusivo e impreciso» y reclamaron además la paralización de las ejecuciones pendientes.
El informe compila los juicios del Tribunal Supremo indio entre 1950 y 2006 que acarrearon penas de muerte y concluye que es necesario un «estudio independiente urgente» para determinar si esos juicios se ajustaron a los estándares de la justicia internacional.
«No hay duda de que la pena de muerte en su formulación actual es discriminatoria, porque golpea más a los sectores depauperados de la comunidad», dijo en el informe el ex presidente del Tribunal Supremo, P.N. Bhagwati.
Según las citadas organizaciones, la condena a muerte de los acusados depende en muchos casos de variables como el acceso a representación legal, el interés regional en el caso o la visión personal de los jueces.
Durante su mandato, el ex presidente del país Abdul Kalam llegó a escribir al Ministerio del Interior una misiva en la que se preguntaba por qué los condenados a la pena capital eran «los más pobres de los pobres».
La India, según Amnistía Internacional, es uno de los 62 países que mantiene la pena de muerte en el mundo.
La última ejecución tuvo lugar en agosto de 2004, cuando el convicto Dhananjoy Chatterjee fue ahorcado tras ser declarado culpable del asesinato y violación de una escolar.
Según funcionarios del Ministerio de Interior citados por la agencia india IANS, unas 40 peticiones de clemencia están pendientes de aprobación por el presidente, algunas de ellas desde 1992.
Amnistía Internacional pidió además que la India ratifique la convención de la ONU contra la tortura y que las autoridades hagan público el número de presos condenados a la pena capital.
EFE
