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Senado norteamericano condiciona financiamiento de la guerra en Irak a Bush

Los legisladores aprobaron el proyecto que entrega cerca de 165.000 millones de dólares para financiar las operaciones bélicas. Pero la Casa Blanca cuestionó el hecho que la iniciativa considere al mismo tiempo la entrega de recursos para resolver una serie de problemas domésticos que nada tienen que ver con el conflicto. Los senadores, eso sí, rechazaron la propuesta demócrata para un paulatino retiro de tropas.


Contrariando los deseos de la Casa Blanca, el Senado de EE.UU. aprobó este jueves un proyecto de ley de 165.000 millones de dólares en fondos para Irak y Afganistán este año, pero que afronta el veto presidencial por la inclusión de medidas de carácter interno.



Desde el Fuerte Bragg, en Carolina del Norte, el presidente George W. Bush pidió que el Congreso envíe a su despacho «un proyecto de ley de fondos para la guerra responsable, que no ate las manos de nuestros comandantes».



Con 70 votos a favor y 26 en contra, el Senado aprobó los fondos adicionales para las operaciones militares en Irak y Afganistán, que al Pentágono le urgen para evitar despidos de empleados civiles y otros recortes.



En una maniobra política, los senadores añadieron a la iniciativa varios proyectos para consumo interno muy populares y que, en un año electoral, suelen sumar puntos políticos.



Así, el proyecto incluye una ampliación de los beneficios de educación y desempleo para los veteranos de guerra, algo que incluso contó con el apoyo de legisladores republicanos.



La parte doméstica de la iniciativa contó con 75 votos a favor y 22 en contra, e incluye fondos para una constelación de proyectos como los de infraestructura para Misisipi y Luisiana, fondos para distintas comisarías y reparación de carreteras, entre otros.



El portavoz de la Casa Blanca Tony Fratto se quejó de la estrategia de todo o nada que suelen utilizar los legisladores cuando quieren la aprobación de medidas que de otra manera no saldrían a flote.



«Nuestras tropas merecen algo mejor que supeditar los recursos clave para la guerra a (la aprobación de) miles de millones de dólares en gastos no relacionados», dijo Fratto, e instó al Congreso a que apruebe una medida libre de esos gastos.



La medida que aprobó el Senado pasa ahora a la Cámara de Representantes que, tras el receso legislativo de la próxima semana, deberá sopesar si somete a votación este proyecto de ley o lo armoniza con la versión que aprobó el jueves de la semana pasada, solo que esta no incluye fondos para la guerra en Irak y, además, pide la retirada paulatina de los soldados para fines de 2009.



En todo caso, la Casa Blanca ha dejado claro que el presidente Bush vetará cualquier proyecto de ley que condicione la conducción de la guerra o que, a través de gastos domésticos no relacionados, infle el monto original que él solicitó a principios de año.



Rechazan retiro de tropas



Dentro de la serie de votaciones de este jueves, los senadores rechazaron, 63-34, una propuesta demócrata para exigir la retirada paulatina de las tropas estadounidenses en Irak, entre otras ataduras.



En la parte relacionada con los programas de carácter interno se incluyeron los 450 millones de dólares para la Iniciativa Mérida, con la que EE.UU. quiere ayudar a combatir el narcotráfico y el crimen organizado en México y Centroamérica.



El monto destinado a la Iniciativa Mérida, 350 millones para México y 100 restantes para Centroamérica, ya había sido aprobado la semana pasada por el Comité de Asignaciones del Senado.



La Iniciativa ahora incluye fondos para Haití y República Dominicana, ante la preocupación de que los narcotraficantes, acorralados, busquen rutas alternativas para el trasiego de drogas.



Preocupados por la «extensa» corrupción e impunidad de las fuerzas militares y policiales en México, los senadores también incluyeron en el proyecto de ley varias condiciones para el desembolso de los fondos a la Iniciativa Mérida.



Así, la entrega de fondos está supeditada a que se inicien reformas judiciales y se depuren unidades policiales y militares, y se investigue y procese a oficiales involucrados en violaciones de los derechos humanos.



El Gobierno de EE.UU. retendría un 25 por ciento de los fondos para la lucha antinarcóticos hasta que el Departamento de Estado informe al Congreso sobre las medidas que toma México para fortalecer los derechos humanos.



Los legisladores también quieren asegurar que existen «los mecanismos para asegurar la adecuada investigación de antecedentes» de quienes reciban asistencia estadounidense.



Además, la embajada de EE.UU. en México deberá crear y supervisar una base de datos sobre el escrutinio de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía que participen en los programas de la Iniciativa Mérida.



EFE

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