Uno de los puntos señala la necesidad de tipificar como delito el acto de corrupción, insistiendo también en unificar el régimen jurídico para los funcionarios y eliminar fórmulas como los contratos temporales y las subcontrataciones.
Un estudio encargado por la Organización de Estados Americanos (OEA) señaló este sábado la necesidad de tipificar el delito de corrupción en Brasil y tomar toda una batería de medidas para reducir los delitos en la administración pública.
El estudio, presentado en Sao Paulo, fue elaborado por la asociación civil brasileña Movimiento Voto Consciente y la organización no gubernamental Transparencia Internacional.
El documento, que «no es de denuncia» según sus autores, analiza las principales vulnerabilidades de la administración brasileña que facilitan la proliferación de delitos de corrupción.
Uno de las recomendaciones más importantes que apuntó este estudio fue la necesidad de tipificar como delito el acto de corrupción, hecho considerado «imprescindible» por la coordinadora del estudio, Rita de Cassia Baison, para conseguir condenar en la justicia a los corruptos.
Según Baison, «la corrupción es un delito que no suele dejar pruebas», lo que conduce al bajo número de condenas.
El estudio recomendó el fin del foro privilegiado para funcionarios y políticos de los primeros escalones de la administración federal y la creación de mecanismos para la protección de testigos, para incentivar las denuncias.
El documento también evaluó otras dos cuestiones frágiles ante la corrupción, como la contratación de funcionarios públicos y la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado.
Se insistió en la necesidad de unificar el régimen jurídico para los funcionarios y eliminar fórmulas como los contratos temporales y las subcontrataciones.
En cuanto a la adquisición de bienes, se sugirió evitar las enmiendas presupuestarias a obras que están ya en ejecución, además de tomar medidas como la creación de incentivos para los buenos gestores públicos, del estilo de promociones y gratificaciones salariales.
El estudio, de 38 páginas, fue elaborado a partir de entrevistas con jueces, abogados y fiscales entre los meses de marzo y mayo de este año. Las conclusiones del documento serán presentadas en la reunión general de la OEA, el próximo diciembre, en Washington.
EFE
